El redactor de la última ponencia del Estatut, Guillermo Jiménez, retiró su texto sin someterlo a votación al ver que no podía conseguir los votos necesarias para hacerlo prosperar. Entonces la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, decidió asumir la redacción de un nuevo borrador de sentencia y se comprometió a presentar un nuevo texto "con la mayor brevedad".
Casas ostenta el voto de calidad que puede decantar la balanza en caso de empate y además es la encargada del calendario, de manera que puede convocar o no un pleno cuando ella lo considere.
Seis fracasos
Casas decidió tomar las riendas después de que el TC fracasara seis veces al intentar dictar una sentencia sobre el Estatut. La última vez, cuatro horas de reunión acabaron con una falta de acuerdo respecto de la ponencia del conservador Guillermo Jiménez que no consiguió acercar a sus tesis a una mayoría suficiente de magistrados. La propuesta de Jiménez declaraba inconstitucionales una veintena de artículos del texto.
Maria Emilia Casas le hizo el encargo de redactar un nuevo texto el 16 de abril, pero Jiménez no fue capaz de encontrar acuerdos estables y el magistrado, a la vista de la falta de apoyo, renunció a continuar al frente de la ponencia sin ni siquiera someterlo a votación.
Jiménez no contó con el visto bueno del sector progresista, formado por la presidenta Maria Emilia Casas, la anterior ponente Elisa Pérez Vera, y los magistrados Eugeni Gay y Pascual Sala, ni tampoco fue capaz de sumar a sus posiciones a la totalidad de los magistrados conservadores. La última solución para dar salida a la sentencia fue que la presidenta asumiera la redacción de un nuevo texto.
Parecidos a los de Elisa Pérez Vera
Previsiblemente los postulados que adoptará Casas serán similares a los de la magistrada progresista Elisa Pérez Vera. La ponencia de Pérez, que fue rechazada en abril por seis votos en cuatro, declaraba inconstitucionales una quincena de artículos. La presidenta podría intentar de nuevo sumar al acuerdo al magistrado díscolo del sector progresista, Manuel Aragón, que se mantiene contrario a aceptar preceptos como los símbolos nacionales, así como los dos magistrados que conforman con él el sector bisagra, el hasta ahora ponente Guillermo Jiménez y Ramón Rodríguez Arribas.