Nuestro experto en la UE analiza la visita de "la Ministra A-ído a Europa"

Desgraciadamente no parece que lo hagamos muy bien, y voy a explicarlo. La Ministra Aído se viene empeñando en que durante el semestre de la Presidencia española se consiguieran dos objetivos con respecto a la desgraciada y preocupante cuestión de la violencia de género: 1. Conseguir un Observatorio Europeo contra la Violencia de Género y 2. Conseguir una Euroorden de protección para los desplazamientos de la mujer maltratada, y estas dos cuestiones tan importantes debían conseguirse en este semestre para demostrar de una parte la enorme sensibilidad del Gobierno español en la lucha contra la violencia de género y, de otra parte, la consecución de algún logro real de la propia Presidencia semestral española del Consejo de la Unión, que falta haría tener logros, visto desde enero y que falta hace tener algún logro, visto desde junio, porque realmente la Presidencia no ha podido ser en ningún caso brillante y va a acabar resultando apenas efectiva y no sólo por los errores propios o por los cambios institucionales, nada favorecedores, o por la maldita crisis económica que todo lo invade, sino también por no pocos errores estratégicos.

 Empecemos diciendo que la preocupación de la Unión Europea por la violencia contra la mujer es mucho más antigua que nuestro actual gobierno. Basta recordar la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de septiembre de 1997 sobre una campaña europea sobre la tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres y, desde luego, la consagración de la igualdad entre hombres y mujeres nuevamente incluida en el Tratado de Ámsterdam, la eliminación de las desigualdades y por no ir más allá, los programas Daphne para prevenir y combatir la violencia contra mujeres jóvenes y niños y consecuentemente la inclusión de la violencia contra las mujeres dentro de los ámbitos preferentes del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia consagrado en el Tratado de Amsterdam y desarrollado con los programas de Tampere, luego de La Haya y ahora, de Estocolmo.

 Por tanto, que nuestro Presidente de Gobierno convierta desde su elección la lucha a favor de la igualdad y contra la violencia de género en una de sus promesas electorales y que lo desarrolle en la Ley Orgánica de 28 de diciembre de 2004 y cree en 2006 el Observatorio Nacional de Violencia contra la Mujer, es estar en una buena línea dentro del marco jurídico de la Unión Europea y en plena sintonía con la preocupación de la Unión Europea en esta materia tan sensible y tan preocupante, en concreto en nuestro país, en donde rechazamos y sufrimos esta cuestión con horror tan pronto aparece otro nuevo caso de violencia de género. Por ello, la Ley Orgánica de 22 de marzo de 2007 fue nuevamente bien acogida e incluso el nombramiento de un Ministerio de Igualdad el 14 de abril de 2008, si bien quizá el nombre de su titular, una licenciada en Administración y Dirección de Empresas que por entonces era Directora de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, suscitó algunos comentarios poco piadosos.

Pero la Ministra tenía claro que hay que justificar el cargo y la Presidencia española del Consejo era el momento ideal, así que el 9 de septiembre del pasado año 2009 ya anunció en Roma con motivo de una conferencia organizada por el Gobierno italiano sobre igualdad de sexos y violencia de género, coincidiendo con la Presidencia del G-8, que llevaría a la Unión Europea sus iniciativas. Poco después, el 23 de noviembre de 2009 que la violencia de género tendría un hueco primordial en la agenda de la Presidencia española de la Unión Europea. “España –dijo- es el espejo europeo en la lucha contra la violencia machista” y se quedó tan fresca. De esta declaración y de esta voluntad nacería la movilización de dos importantes eurodiputadas para apoyar esta estrategia, que para la Ministra era decisiva. Que lo hiciera nos pareció a todos importante y razonable, como lo ha hecho es otro tema.

 El 9 de febrero de 2010, entró en funcionamiento el nuevo gobierno europeo, apareciendo como Comisaria –entiéndase como ministra europea- de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, la luxemburguesa Viviane Reding, una mujer experta y con gran prestigio. Entonces se debió empezar a negociar y a conocer la posición de la nueva ministra europea pero erre que erre, la Ministra española se fumó un puro –se dice así en el argot español, prohibiciones del tabaco aparte- y por ello se llevó al Consejo de Empleo y de Asuntos Sociales de 8 de marzo de 2010, la propuesta de creación de un Observatorio Europeo contra la Violencia de Género y de Atención a las víctimas de los malos tratos, inclinándose la propuesta española de la creación de un Instituto “con recursos propios”. Mujer contra mujer, la Comisaria europea explicó que “se está realizando una evaluación del impacto para ver quien realiza el trabajo [de este Observatorio] y a que coste” y anunció que sería en 2011 cuando su ministerio presentaría la estrategia para combatir la violencia contra la mujer, es decir, un jarro de agua fría para los planes previstos como un logro de la Presidencia española, que acaba en junio de 2010 y por lo tanto, que el tema de 2011 es otra historia. En fuentes diplomáticas se comentó que la iniciativa española había sido poco clara, había llegado de forma prematura y que habría sido necesario más trabajo de campo. Alemania fue la que más o menos dijo que se respaldaba la creación de este Observatorio siempre que se integrase “dentro de las Instituciones existentes”.

Parece que entonces España prefería que se instalase en Viena, en la Agencia de Derechos Fundamentales, pero lo natural es que se hubiera integrado en el Instituto de Igualdad de Género con sede en Vilnius. Lo cierto es que la agencia de Viena no sabía nada de la propuesta porque nadie había hablado con ellos. Así llegó a aceptarse, con estas limitaciones económicas y organizativas pero es importante señalar que además el texto se refiere a “todas las formas de violencia contra la mujer”, incluyendo la violencia doméstica, la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual y la mutilación genital. Viviane Reding había marcado el escenario, la Ministra Aído debe reconocerlo, todo se hace mejor cuando se trabaja más solidamente aún cuando como en éste caso, todo esfuerzo sea pequeño. Con orden, con concierto, con buena cabeza, con negociaciones, con capacidad presupuestaria, con organismos dotados que asuman sus responsabilidades y con expertos asesorando los pasos a dar y desde luego en su tiempo y con el acuerdo de la ministra europea, porque si no pasa lo que pasó.

 Pero esta lección no fue suficiente y así lo estamos viendo en la segunda gran iniciativa, la otra gran conquista de la Presidencia española, la Euroorden de detención europea para las víctimas de malos tratos en sus desplazamientos. Esta propuesta llegó al Consejo de Justicia e Interior reunido el 26 de febrero de 2010 y aun cuando los 22 países que participaron expresaron su pleno apoyo político, la mayoría de los Ministros europeos expresaron reservas de carácter técnico y jurídico a varios aspectos de la propuesta legislativa y tan sólo Polonia y Portugal mostraron un apoyo incondicional al texto español. Fue la Comisaria Europea de Justicia, Viviane Reding, quien criticó el diseño de la Presidencia española porque a su juicio solo cubría las dictadas por la autoridad judicial y dejaba fuera las medidas administrativas y civiles que se usan en otros Estados miembros para defender a las víctimas, añadiendo que “reconciliar los diferentes sistemas administrativos y judiciales de la UE no es tarea fácil”. No podemos extendernos en los reparos que se hicieron por una mayoría de los países, así que había que esperar a la reunión de Ministros de Justicia de 23 de abril de 2010, ante la cual la Comisaria europea se mostró claramente opuesta a la iniciativa española llegando a amenzar a llevar la nueva norma ante el Tribunal de Justicia de la UE al considerar que vulnera la legislación comunitaria y los Tratados. Textualmente dijo que la propuesta de España, “no está madura, está llena de contradicciones y va a perjudicar a las víctimas” y anunció que en 2011 ella haría una buena propuesta. Veinte días después, el 11 de mayo, nuestra Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, decía con toda su sans façon que estaba encantada de que la Comisaria europea de Justicia había decidido “remar a favor y no en contra”, a propósito de una carta que Viviane Reding había mandado al Ministro de Justicia español, Camaño, para proponerle la creación de un grupo de expertos para resolver las dudas legales sobre la aplicación de medidas de derecho civil relacionadas con la Orden de Protección para presentar propuestas en 2011 y que apoyaría ahora una Orden de Protección que cubra las medidas de derecho penal. Lo de remar a favor no era una metáfora acertada, porque la carrera va a durar más de un año y porque a favor del fondo, la Comisaria europea ha remado siempre.

 Así hemos llegado al 4 de junio en donde en el Consejo de Justicia e Interior, la Comisaria de Justicia europea ha confrontado con el Ministro de Justicia español. Ella ha acusado al Ministro de manipular los números y tratar de dejar en evidencia a Reino Unido que ha dicho que se incorpora a los demás países que se oponen al plan español, concretamente, Alemania, Austria, Hungría, República Checa, Eslovenia y Letonia. El Ministro, a su vez, dice que con los apoyos que tiene, consigue la mayoría cualificada y acusa a la Comisión de poner todo tipo de trabas a los planes españoles. ¿Es lo mejor que ni Alemania ni Reino Unido ni otros países importantes sigan estando en desacuerdo, sobretodo en una materia tan delicada?

 El Secretario de Estado de Justicia de España ha dicho que al margen del resultado la iniciativa es un triunfo ya que “sólo poner en el centro de atención a las víctimas es un éxito” mientras que el Presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, mucho más precavido, inteligente y experto, Catedrático de Derecho, ex Ministro de Justicia, sabiendo muy bien el terreno que pisa en Europa, ha manifestado que confía en cerrar la tramitación de la Euroorden en la eurocámara a lo largo de éste año. Las prisas son malas consejeras, la Presidencia española podrá manifestar su interés pero el logro se conseguirá, en todo caso, bajo la Presidencia belga. Que la Ministra Aído lo vea, porque la que sí lo verá y decidirá con cautela y con la misma o mayor sensibilidad sobre esta triste cuestión de procedimientos y formas, que no de fondo, será la Comisaria de Justicia europea, que comparte como nadie la necesidad de luchar contra esta lacra y para la que evidentemente el espejo de la lucha contra la violencia sobre la mujer ha sido, es y será, la Unión Europea.