Asimismo, denunció que lo ocurrido en Puerto Cabello fue provocado por el "descuido del gobierno que dejó pudrir estos alimentos que se habían importado".
El dirigente agregó que los responsables deben ser sancionados y que el gobierno debe actuar así como lo hace contra los empresarios privados. "Creemos que el país no se puede quedar sólo en la denuncia y la crítica. Este es el momento de poner a prueba a las instituciones del Estado, en este caso Indepabis, ente que debe establecer responsabilidades. La legislación venezolana es muy clara: cualquier empresa que por acción u omisión acapare alimentos de los venezolanos debe recibir sanciones que van de 6 a 10 años de cárcel", señaló.
Borges afirmó que la cabeza "visible" de este escándalo es el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, quien también como presidente de la petrolera venezolana Pdvsa dirige los planes de importación del gobierno.
"Pero también deben pagar los gerentes de comercialización y de estrategia. No es justo que el dinero de los venezolanos se esté gastando para comprar alimentos que luego se pierden. En Venezuela estamos comprando comida, se está perdiendo y además se está atacando la producción nacional. Ese es el camino de la carestía, el desabastecimiento, la inflación", recalcó.
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