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Indignación entre los manifestantes

El Gobierno denunció a asambleístas y se presentó como querellante en la causa por el corte en Gualeguaychú

El Gobierno denunció a asambleístas y se presentó como querellante en la causa por el corte en Gualeguaychú

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró que no hay "una declaración judicial contundente" respecto al corte de ruta en Gualeguaychú, y anunció que el Gobierno se presentó como querellante en la causa e insistió que el gobierno de ninguna manera va a reprimir

"No hemos tenido una declaración judicial contundente", señaló el funcionario en conferencia de prensa.

Al respecto, aseguró que "cuando se dicen cosas globales, las conclusiones a las que hay que arribar siguen siendo globales y se hace de imposible cumplimiento".

"En lugar de poner a las fuerzas de seguridad a presionar para poder habilitar el puente, y hasta tener que reprimir, hemos decidido presentarnos como querellantes en la causa", anunció.

Fernández agregó que "hay que dar un corte definitivo y ese corte empezaba el dia que La Haya dictó un fallo". "Puede gustar más o menos pero es un fallo que hay que acatar", dijo, y advirtió que "no podemos permitir que nadie se arrogue el derecho de desconocer lo que significa un fallo a nivel internacional".

"Hemos presentado una denuncia civil sobre los mismos responsables", informó el funcionario, y enumeró las causas: "Por cierres de centenares de negocios, pérdida de trabajo y transporte, de trabajo y turismo, de exportaciones e importaciones y de imposibilidades de movimiento".

Apuntó que la actitud de no permitir el libre tránsito hacia Uruguay "se hace imposible por las razones que son exhibidas".

En el área de bloqueo las reacciones de rabia e indignación no se hicieron esperar.
"Vende patria", gritaron los activistas tras escuchar la decisión del Gobierno, cuyas posibles consecuencias serán analizadas en una reunión de la asamblea.

El litigio por la instalación de la papelera fue dirimido por la Corte Internacional de La Haya, que el pasado 20 de abril determinó que Montevideo violó el estatuto del río Uruguay, pero consideró que la planta puede seguir operando porque no hay pruebas aún de que contamine el medio ambiente.

La denuncia penal presentada por la Procuración del Tesoro (cuerpo de abogados del Estado) contra los ambientalistas abarca un abanico amplio de delitos, como entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte, homicidio culposo, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito, entre otros.

La querella pide a la Justicia que determine quiénes son los responsables de la supuesta comisión de estos delitos "con nombre y apellido".

"Es una vergüenza, una infamia. El Gobierno dice ahora que la papelera no contamina cuando la embajadora Susana Ruiz Cerruti, que representó a Argentina ante la Corte de La Haya, dijo que el país tenía demostrado que la planta contamina", sostuvo a Efe el asambleísta Martín Alazard.

Recordó además que el ex presidente Néstor Kirchner, esposo de la presidenta Cristina Fernández, acudió hace cuatro años a Gualeguaychú acompañado de gobernadores y mantuvo que la protesta "era una causa nacional".

"Ahora resulta que somos sediciosos y asesinos", cuestionó Alazard.

La orden judicial y la reacción del Gobierno argentino se han producido apenas una semana después de una reunión mantenida entre los presidentes de Argentina, Cristina Fernández, y Uruguay, José Mujica, para tratar de encontrar una salida al conflicto.

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