La fuga de petróleo desde el fondo marino en las costas de Louisiana es un desastre global. La irresponsabilidad de la compañía British Petroleum y de las autoridades que aceptaron la perforación en aguas profundas es inmensa.
El debate internacional acerca del futuro de la explotación petrolera ha ocultado aspectos de la mayor importancia. Uno es de carácter técnico: el dominio tecnológico existente (más bien inexistente) sobre las consecuencias de los procesos de perforación y extracción. El otro es político: ¿se justifica que los medios fundamentales para la reproducción de la vida social sean dados exclusivamente en propiedad privada?
La semana pasada el presidente Barack Obama identificó a los responsables directos del desastre y dijo “saber cuáles traseros patear”. Para el dirigente estadounidense, la situación es crítica. Mientras la mancha de crudo se extiende y llega a las costas de los estados del golfo de México más cercanos al pozo, su popularidad baja y la lucha preelectoral arrecia en el contexto de lo que podrían ser unos comicios intermedios fuera de serie. La derecha republicana se conduce recalcitrantemente contra lo que llaman un gobierno “socialista” y dirigen sus baterías hacia los candidatos demócratas al Congreso para demoler la posibilidad de que el Partido Demócrata alcance en noviembre mayoría en las cámaras. De paso hay que decir que, de seguir las cosas como están, dichos comicios se realizarán bajo una normativa diferente, por primera vez en un siglo, que hará posible, gracias a una sentencia de la mayoría conservadora de la Corte Suprema que las corporaciones actúen como si fueran individuos en el financiamiento de publicidad en las campañas electorales, lo que abrirá la puerta a los grandes intereses especiales para apoyar candidatos a su gusto, pues las políticas de Obama y hasta su mera presencia les resultan inaceptables.
En los últimos días, el gobierno de Estados Unidos ha revelado que las estimaciones del crudo derramado son muy conservadoras y que lo más probable es que alcancen el doble de lo que se pensaba. Lo cierto parece ser que cada semana se vierte al mar el equivalente a un Exxon Valdez.
Aparte de los intríngulis de corrupción y negociados entre British Petroleum y Deepwater Horizon (constructora de la plataforma que estalló), se revela un hecho palmario: el desmontaje de los mecanismos de regulación sobre la industria energética en Estados Unidos es un peligro para el mundo. El hecho “desregulado” es de sentido común: no se dispone de la tecnología para impedir un desastre de esta naturaleza en la perforación de pozos petroleros en aguas profundas; sin embargo, se autorizan las perforaciones. La conclusión también es de sentido común: si no se dispone de tal tecnología, ¿por qué se vale poner en riesgo el patrimonio de la humanidad? Todos debemos aprender de la catástrofe: no se vale emprender una actividad económica de alto riesgo sin contar con los medios para remediar o impedir sus consecuencias catastróficas irreversibles.
Especular sobre los daños a México es banal. El perjuicio ha sido infligido, los ecosistemas del Golfo están siendo alterados, y lo que sigue puede ser peor. Las manchas comenzarán a llegar a las costas de la península de Yucatán en breve: un patrimonio común de Cuba, Estados Unidos y México y, más allá, de la humanidad, ha sido afectado gravemente por la avaricia y la irresponsabilidad, ambas concentradas en un “detalle” técnico y político: la inexistencia de la tecnología necesaria es resultado de la irresponsabilidad público-privada.
La tragedia remite a otro tema crucial, ensombrecido por la vulgata mercantilista. El extremismo privatizador ha conducido a la desintegración de las reglas y procedimientos de regulación indispensables para proteger de la depredación los bienes públicos y colectivos. Las cortinas de humo esparcidas por las ideologías de mercado opacan un principio básico de la democracia moderna: el orden social colectivo es un bien en sí mismo que debe ser tutelado. Las formas pueden ser variadas, pero el principio constitucional democrático (y liberal, por cierto) es el mismo: no es legítimo y, por consiguiente, no puede ser legal la apropiación puramente privada de los medios fundamentales para la sustentabilidad de la vida social cuando ella está en juego. Las grandes corporaciones económicas, los intereses especiales del más diverso tipo, los “poderes fácticos” son factores de presión sobre el Estado (bien común a tutelar), cuyas estrategias dominantes son contrarias, en muchas ocasiones, al bienestar colectivo. Su acción está destinada a minar los principios de justicia propios de una democracia constitucional liberal. Para defenderse, el individuo mediano, es decir, la ciudadanía como cuerpo conjunto tiene derecho a la regulación, que no implica per se conculcación de los derechos individuales.
Si este factor no se incorpora al Estado se pone en riesgo su viabilidad. El derrame es un hecho político y un desafío a la democracia.
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Director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México
Opinión extraída del Periódico El Universal 13/06/10
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