El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha asegurado este jueves que desconoce los hechos que han motivado su comparecencia hoy ante el titular del juzgado número 3 de Orihuela (Alicante) en el marco de la llamada 'operación Brugal' y que, en cuanto se levante el secreto sumarial, "evidentemente" ejercerá las acciones legales "que correspondan" a su defensa. "No conozco ni los hechos ni el porqué he tenido que comparecer", aseveró.
Ripoll realizó estas declaraciones esta noche a los medios de comunicación después de haber declarado horas antes ante el titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, que ha acordado mantener la situación de libertad provisional para el también presidente provincial del PP y otras cuatro personas.
De esta manera, según ha podido saber, el magistrado ha desestimado la petición del fiscal de fijar una fianza de 500.000 euros para Ripoll, por lo que ha quedado en libertad sin fianza.
Caso Brugal
Ya hay caso Brugal como tal. Este jueves se conocieron las primeras imputaciones -contra José Joaquín Ripoll, Enrique Ortiz y Rafael Gregori- tras el espectacular despliegue policial relacionado con la investigación de la gestión de las basuras en la Vega Baja. El presidente de la Diputación de Alicante y del PP en la provincia está imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
El ´barón provincial´ prestó declaración durante más de dos horas ante el magistrado Carlos Sanmartín. Su comparecencia, que arrancó con retraso, concluyó casi a las 20 horas. En la cita judicial, la Fiscalía Anticorrupción pidió la prisión como medida cautelar contra Ripoll, eludible con una fianza de medio millón de euros. El juez rechazo la propuesta del Ministerio Fiscal.
Ahora habrá que esperar a ver qué pasa con el futuro del que ha sido el azote interno de Francisco Camps como máximo exponente del conocido como zaplanismo alicantino.
En los últimos meses, con el huracán del caso Gürtel, Ripoll se significó como el único barón provincial que puso en cuestión las medidas del presidente del PPCV. Incluso ´plantó´ a Camps en el último comité ejecutivo que sirvió para brindar el apoyo de la dirección regional al jefe del Consell. Él mismo se encargó de exhibir que su ausencia se produjo de forma meditada.
Comunicado de apoyo
El Comité de Dirección del Partido Popular de la provincia de Alicante manifestó, nada más conocerse la noticia, su "plena confianza en la inocencia" del presidente provincial. En un comunicado, defendió que la "actitud" de Ripoll "ha sido siempre de plena colaboración con la Justicia en aras a la verdad, la transparencia y la legalidad en el convencimiento de su más absoluta inocencia".
Además, el PP de Alicante ha exigido "respeto a la presunción de inocencia" y "el más escrupuloso respeto a las normas que rigen el Estado de Derecho y a la independencia del Poder Judicial".
Al respecto, recalcó que "estará especialmente atento a cualquier intento de vulneración de estos principios sustentadores del Estado democrático que a juicio del Comité se produzcan".
Por último, agradeció en el comunicado "el respeto expresado desde todos los órdenes de la sociedad", al tiempo que "hace constar, como ya expresó el presidente, el máximo respeto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la repulsa a la instrumentación política de los mismos".
Ortiz y Gregori, también imputados
Por su parte, el empresario alicantino y máximo accionista del Hércules CF, Enrique Ortiz, quedó en libertad, imputado por un delito de fraude y otro de cohecho, tras prestar declaración durante cerca de dos horas ante el titular del juzgado de Primera Instancia número 3 oriolano, que instruye el llamado caso ´Brugal´, según señaló el letrado de Ortiz, Alejandro Bas.
El fiscal pedía una medida cautelar de prisión eludible bajo fianza de 800.000 euros pero fue desestimada. El empresario afirmó que "respeta a los jueces".
De otro lado, el juez Sanmartín decretó prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para el empresario y expresidente de la fundación del Hércules CF, Rafael Gregori, detenido también en el marco de la supuesta trama de corrupción.
La medida judicial sobre el empresario de la automoción fue impuesta por presuntos delitos de fraude, tráfico de influencias y cohecho. El juez tiene previsto que este viernes comparezcan para diligencia de imputación judicial y posterior declaración en calidad de imputadas, otras cinco personas, tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela y dos empresarios de la localidad.
Contra los autos dictados por el magistrado-juez cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días. En esta operación, que continúa abierta, los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera detuvieron a 11 personas y realizaron 19 registros.
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