El sumario del caso 'Cátedra' sostiene que la supuesta cadena de favores, que llevó a los calabozos al alcalde de Villanueva de la Concepción (Málaga), Ernesto Silva, a un profesor de derecho de la Universidad de Málaga (UMA) y a un abogado, "pudo fraguarse a espaldas del regidor", según la declaración del docente, quien exculpó a Silva.
El documento confirma que la imputación del alcalde por cohecho está motivada por una asignatura universitaria. La Guardia Civil investiga si Silva habría tenido ayuda para aprobar Derecho Procesal a cambio de un favor urbanístico a un cliente del docente y del abogado arrestados en la operación.
Así, al declarar ante el juez, el profesor J.F.H.G. aseguró que, si él o el letrado imputado (M.G) "han hecho algo, pagarán su culpa, pero no tiene por qué pagar el alcalde, que no ha sido consciente en ningún momento". Así, aclaró que "tampoco tuvo conocimiento de que debiera hacerle un favor a nadie", según publica hoy el diario 'SUR'.
En este sentido, sobre el expediente en cuestión, el regidor sólo le dijo que no estaba en su ánimo "fastidiar" a ningún vecino y que no tenía problema en legalizarlo si obtenía el informe favorable de la Junta.
El docente negó ante el instructor haber intercedido con un catedrático de la facultad para que Silva aprobara una asignatura, que era de asistencia obligatoria, "sin merecerlo" y aclaró que el regidor sólo le pidió que hablara con el mencionado profesor para ver de qué forma podía examinarse, ya que él faltaba a clase por su trabajo.
En su declaración, J.F.H.G. reconoció que el catedrático nunca dijo nada de aprobar al alcalde, y que Silva "jamás" se comprometió a hacer algo a cambio. De hecho, aseguró que pensaba que el regidor podría aprobar la asignatura con un trabajo y, después de hablar con el catedrático, comprobó que no era así.
Por su parte, el alcalde matizó en su declaración la versión aportada por el profesor imputado, ya que, según Silva, el docente acudió un día al Ayuntamiento para tratar unos expedientes y al encontrarse con él --se conocían de la facultad--, fue el profesor el que se ofreció para echarle una mano para aprobar la asignatura haciendo un trabajo, como en otras ocasiones habían hecho otros alumnos con circunstancias especiales.
Aunque, según precisó, cuando J.F.H.G. habló con el catedrático, éste le dijo que existía la posibilidad de examinarse de forma oral en septiembre.
Respecto al expediente, Silva señaló ante el juez que no legalizó la obra sino que, con los informes favorables del arquitecto y el secretario municipal, se limitó a admitir a trámite el proyecto de actuación. Además, explicó que "si la Junta le da el visto bueno, es el Pleno quien debe aprobarlo, y su agrupación no tiene mayoría".
ORIGEN DEL CASO
El caso comenzó con una denuncia de un particular, quien contactó con el abogado y el profesor imputados para que le ayudaran en un "asunto" que tenía en Villanueva de la Concepción, según su testimonio. El caso en cuestión era un expediente urbanístico levantado por el alcalde de esa localidad al detectar posibles irregularidades en la reforma de un cortijo situado en suelo no urbanizable en el municipio.
La obra consistió en la ampliación y rehabilitación de la nave agrícola y de la vivienda. El propio denunciante reconoció ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que, en julio de 2009, decidió emprender estos trabajos pese a que carecía de licencia.
El 17 de septiembre, un policía local de Villanueva de la Concepción se presentó en la obra para notificarle un decreto municipal por el que se paralizaba la misma. El expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento llegó hasta el Juzgado de Instrucción número 2 de Antequera (Málaga), el mismo que instruye las diligencias del caso 'Cátedra', y que citó como imputados al promotor y a su mujer el pasado 26 de abril de 2010.
Para entonces, la Guardia Civil ya había puesto en marcha las pesquisas de la operación a raíz de la denuncia de este mismo promotor, presentada el 15 de abril, quien afirmó estar siendo "extorsionado" por un profesor de Derecho vinculado a un abogado, con "la supuesta connivencia del alcalde", según un oficio de la Policía Judicial dirigido al juez, y que consta en el sumario del caso.
PARTICULAR
Por otro lado, el denunciante de la supuesta trama de favores investigada en el caso 'Cátedra' declaró ante la Guardia Civil que el profesor y el abogado detenidos le habían pedido 50.000 euros por las gestiones para resolver el expediente de paralización de una obra en Villanueva de la Concepción.
Según su versión, uno de los imputados le advirtió de que, si no hacía efectivo ese pago, "la cosa se le iba a seguir complicando". La investigación destapó que esa suma se fue concretando a medida que avanzaron las negociaciones entre ellos y, finalmente, se quedó en 30.000 euros.
En una de las conversaciones telefónicas intervenidas por la Guardia Civil, el profesor J.F.H.G. desgranó esta cantidad del siguiente modo al explicarle el trato al denunciante "lo que es la parte de legalización y penal se llama 15.000 euros. La parte sancionadora, si no te ponen ni un céntimo de multa, cosa que veo muy complicada, otros 15.000".
Para intentar solucionar el expediente, el profesor supuestamente le dijo al denunciante que el alcalde tenía asignaturas pendientes, y que él le podría echar una mano en ellas. Según uno de los autos judiciales que contiene el sumario, el denunciante se reunió con el profesor y el abogado en la cafetería de la Facultad de Derecho, donde supuestamente les entregó 1.000 euros en concepto de provisión de fondos para la gestión del asunto.
Tras la denuncia del particular, la Guardia Civil solicitó al juzgado autorización para grabar otros dos encuentros entre estas tres personas. Ambos fueron filmados mediante microcámaras y micrófonos. Uno tuvo lugar en una venta y el otro, en un local del denunciante.
Si (
No(
