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La ofensiva K sobre la Capital

La ofensiva K sobre la Capital

martes 27 de julio de 2010, 05:33h

El deterioro institucional que viene sufriendo el país desde la crisis del 2002 ha reducido paulatinamente la fuerza del tejido político nacional. No sólo lo han sufrido los partidos, sino el funcionamiento del propio Estado.

“Representativo, republicano y federal”, dice la Constitución para definir la forma de organización del gobierno que adopta la República Argentina, distribuido tres grandes equilibrios básicos. Las personas, las provincias y el gobierno federal son estos pilares, cuyos derechos y obligaciones se expresan en los diferentes artículos de la Carta Magna.

De estos tres pilares, el más importante es el de los ciudadanos, los únicos que constituyen una existencia tangible y corpórea. Los ciudadanos, las personas, son las que integran el país y las destinatarias de todos los esfuerzos y cuidados reglamentados en todo el articulado, a tal extremo que son las que ocupan toda la Primera Parte de la Constitución, en su capítulo I, llamado justamente, “Declaraciones, derechos y garantías”.

La libertad es el principio básico. Las personas tienen libertad para hacer lo que les plazca, salvo las limitaciones establecidas por la Constitución y las leyes. No necesitan “permisos” o “autorizaciones”. Sus conductas dependen de su voluntad, siempre que no afecten a terceros.

El segundo pilar son las provincias. Dice la Constitución que el principio general es que las facultades políticas son de las provincias, y que el Gobierno Federal sólo tiene las atribuciones que la Constitución les delega. Todas las demás, pertenecen a las jurisdicciones locales, que deben organizarse según los mismos principios republicanos de la Constitución Nacional.

El tercero, es el funcionamiento del gobierno federal en un juego armónico de tres poderes, con facultades expresamente delimitadas.

Esos equilibrios se han ido rompiendo históricamente a favor del gobierno federal, que avasalla derechos de las personas y las autonomías provinciales. Y dentro del gobierno federal, el predominio del poder ejecutivo durante el régimen K ha llegado a ser tal que los otros dos poderes deben estar pendientes y atentos para evitar que sus facultades no sean también desbordadas por el poder ejecutivo.
La concentración de gobierno federal en sólo uno de sus órganos –la presidencia- ha debilitado el funcionamiento político del país. Deja a las personas, las provincias y los otros dos poderes, sin protección. Los jubilados son diariamente expoliados, la gente común masacrada en las calles por una violencia sin control, los niños y jóvenes desatendidos en su educación y contención social, las provincias vaciadas de sus recursos y sus gobernantes chantajeados, los jueces sometidos a una permanente amenaza a través de una institución amañada como el Consejo de la Magistratura y el funcionamiento del Congreso trabado en todo aquello que el poder ejecutivo desea. El sistema político argentino se asemeja cada vez más a una monarquía absolutista retrógrada en su concepción y primitiva en sus procedimientos. Los cotidianos insultos y actitudes prepotentes del Secretario de Comercio y del propio Kirchner a funcionarios, periodistas y empresarios son paradigmáticas.

Ante la desaparición de las diferentes instancias mediadoras, la única vinculación entre el sistema político argentino y la democracia es la institución del sufragio. Pero hasta esa institución está hoy amenazada ante la ofensiva del ex presidente, a través de una justicia dominada, para intentar remover nada menos que al Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires electo por el 60 % de los porteños.

Si esta ofensiva es exitosa, se habrá roto el último vínculo que quedaba entre la Constitución y el poder. No más “republicano”, no más “representativo”, no más “federal”. Sólo la pura decisión del poder absoluto.

Es preocupante, por supuesto, haber caído a este nivel. Pero tan preocupante como ello es que los diferentes voceros del arco político capitalino, en lugar de separar lo principal de lo accesorio, diferenciando su legítima aspiración de poder y aún su descarnada –y tal vez justa- crítica de la gestión de gobierno local de la necesaria vigencia institucional, parecen decididos a aprovechar la situación sumándose alegre e irresponsablemente a una ofensiva que implicaría, de ser exitosa, reconocer el retroceso a una forma de funcionamiento político anterior al consenso democrático logrado en 1983, y abriendo las puertas a una situación de puro poder cuyo final dependerá no ya del sufragio ciudadano, la Constitución y las leyes, sino de la audacia, la ambición y la fuerza de cada uno. O de su imaginación para desatar procedimientos “neo-golpistas”.

Si cae la ciudad de Buenos Aires, claramente, habrá caído el estado de derecho. No ya Macri –que en última instancia es sólo una anécdota contingente-. No ya la autonomía federal de la Capital –conseguida luego de más de cien años de virtual intervención-. Será la propia Constitución Nacional, pacto fundamental de la convivencia argentina, la que habrá sido burlada por la simple conveniencia política de unos o de otros.

Ricardo Lafferriere

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