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La juez federal Susan Bolton tiene en sus manos una verdadera bomba de relojería con la ley SB1070 que criminaliza a los indocumentados en Arizona, pues su dictamen puede aumentar la polarización en torno a cómo resolver la inmigración ilegal en Estados Unidos, afirman analistas de la agencia española de noticias EFE.
El jueves pasado, Bolton realizó dos audiencias para examinar la SB1070 -ha habido siete demandas en su contra- pero no emitió dictamen sobre su constitucionalidad o si permitirá la puesta en vigor de la ley en su totalidad o de partes de ella.
La ley, promulgada el pasado 23 de abril, convierte en delito estatal la presencia de indocumentados en Arizona.
Además permite que, al detener a alguien por alguna infracción, las autoridades policiales puedan arrestar a quienes sospeche que son inmigrantes indocumentados.
La ley fue modificada posteriormente pero, según activistas pro-inmigrantes, no lo suficiente para impedir lo que en efecto sería una "licencia para discriminar" a quienes parezcan o tengan acento extranjero.
Ahora, es el poder judicial el que se ve enredado en el debate sobre la inmigración ilegal, ante la falta de acción del Congreso de EEUU y del Ejecutivo y lo que algunos consideran como una usurpación de las tareas de inmigración por parte del gobierno estatal de Arizona.
Dennis Burke, el fiscal de Arizona que se sumó a la demanda del Departamento de Justicia contra la SB1070, considera, como muchos otros, que el reforzamiento de la vigilancia fronteriza es la mejor respuesta al incesante flujo de inmigrantes indocumentados.
En el supuesto de que Bolton permita la entrada en vigor de toda la ley, la oficina de Burke ha dicho que está lista para defender a quienes sientan que sus derechos han sido atropellados.
Ello supone que las batallas legales continuarán de una u otra forma, porque con seguridad habrá demandas por discriminación o del acoso policial.
Una vez que, con la ayuda de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), se establezca que ha habido discriminación, la fiscalía de Arizona tendría la obligación de presentar cargos.
El temor de lo que pueda pasar es palpable, dado que se trata de un estado donde desde hace tiempo las minorías, en particular los hispanos, se sienten blanco de la xenofobia.
El consenso entre grupos progresistas y defensores de los derechos de los inmigrantes es que la SB1070 es inconstitucional e inviable, y sólo se prestará a confusiones en torno a su aplicación.
La SB1070, para estos grupos, no resolverá el problema de fondo de la inmigración ilegal y permitirá que los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, sean sinónimo de criminalidad en el estado.
En la práctica, hará que todo inmigrante sea visto como sospechoso, aún si su familia es legal y lleva, como sucede con la historia del suroeste estadounidense, muchas generaciones en Arizona.
Si uno de sus objetivos es fortalecer la seguridad en la frontera con México, la SB1070 tampoco hará mella en el incesante flujo de drogas rumbo al Norte ni del flujo de armas de alto calibre y dinero al contado que cruzan hacia el Sur, que nutren la narcoviolencia en la zona.
Los activistas pro-reforma intentan por todos los medios que la juez Bolton escuche su mensaje: la SB1070 es un engaño, impondrá una mayor carga financiera a las autoridades estatales y, sobre todo, sembrará el terror entre la comunidad inmigrante.
"Esta ley impedirá que los inmigrantes cooperen con las autoridades policiales y en última instancia hará que las comunidades sean menos seguras", señaló Maurice Goldman, un abogado de inmigración de Arizona.
La SB1070 es un nuevo toque de atención para que el Congreso apruebe sin más demoras una reforma migratoria integral que corrija el maltrecho sistema de inmigración de una buena vez.
Bolton puede emitir un dictamen en lo que respecta a Arizona, pero no tiene la varita mágica para resolver el problema en su totalidad.
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