La Cámara de Representantes aprobó, con respaldo de ambos partidos, una asignación de 600 millones de dólares que pagará unos 1.500 agentes adicionales y aviones sin piloto para la vigilancia de la frontera de Estados Unidos y México.
El Senado aprobó una ley idéntica la semana pasada por consenso unánime, y hoy la cámara baja dio su visto bueno a la legislación sin oposición.
Los demócratas esperan que esta ley sea el principio de una revisión más amplia de las leyes de inmigración de EE.UU.
La ley prevé que estos desembolsos sean sufragados mediante nuevas tarifas que se impondrán a las empresas de reclutamiento de personas cualificadas en el exterior para que trabajen en Estados Unidos, incluyendo el popular visado H-1B, para profesionales.
La legislación incluye 176 millones de dólares para la contratación de 1.000 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza que serán apostados en regiones donde es mayor el flujo de inmigrantes indocumentados y 89 millones de dólares para otros 500 agentes de aduanas e inmigración.
Además, se asignarán 32 millones de dólares para la adquisición y operación de aviones no tripulados para la vigilancia de la frontera.
Otros 196 millones de dólares irán al Departamento de Justicia para el incremento de su personal de alguaciles federales, la Oficina Federal de Investigaciones, la Dirección de Control de Drogas y la Administración de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego.
Por una cuestión de procedimientos internos del Congreso de EE.UU., el Senado deberá votar nuevamente esta ley antes de que la legislación sea enviada al presidente Barack Obama para su promulgación.
Por tanto, esta ley no entrará en vigor hasta después del receso de septiembre.
Grupos proinmigrantes criticaron esta medida acusando al Gobierno de dedicar una gran cantidad de dinero a la seguridad en la frontera en vez de promover una reforma migratoria global para solucionar el problema "real" de la inmigración.
"Estamos decepcionados y consternados" dijo el director ejecutivo del National Immigration Forum, Ali Noorani, en una rueda de prensa en la que señaló que "en vez de entrar en una solución, que la mayoría de los estadounidenses quieren, que es una reforma de inmigración global, han tomado esta decisión".
El grupo Border Network for Human Rights publicó hoy los resultados de una encuesta telefónica hecha a 1.222 habitantes de ciudades fronterizas como El Paso, San Diego Nogales, y Laredo, entre otras, en la que el 69,7 por ciento de los consultados asegura que se siente tan seguro como en cualquier otro vecindario del país.
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