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El jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, recordó que la admisión de la demanda contra el cardenal Juan Sandoval Íñiguez y el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, significa que ambos sacerdotes deberán demostrar su dicho contra él y ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Tras la admisión de la denuncia por daño moral que interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Ebrard Casaubon indicó que el objetivo de esa medida es que dichos clérigos se sometan como todos los demás a lo que la ley dispone.
El jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF) consideró que Sandoval Íñiguez y Valdemar Romero deben saber que hay un límite y que no se puede imputar delitos al tratar de desprestigiar instituciones, aun cuando no estén de acuerdo con ellas.
Anticipó que ante la falta de pruebas para sostener lo dicho por el arzobispo de Guadalajara, ese juicio concluirá en que tendrá que disculparse públicamente, toda vez que los prelados de la Iglesia no gozan de fuero de la ley.
Marcelo Ebrard planteó que las declaraciones del cardenal no tienen nada que ver con la libertad de expresión, "a nadie se le está coartando su libertad de expresión, ellos tienen su derecho como cualquier ciudadano a expresar lo que ellos quieran".
El problema a su parecer es que tratan de coaccionar, presionar y en última instancia subordinar a las instituciones que toman las decisiones según la ley, en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y contra él.
El mandatario local mencionó que si se imputa un delito grave a servidores públicos o instituciones por haber tomado una decisión que no coincide con el punto de vista del cardenal Sandoval, "se tendrá que probar" o en contraparte deberá disculparse y ser sancionado como cualquier otro ciudadano.
Sobre Hugo Valdemar aclaró que no promueve alguna acción que se refiera a su persona por el hecho de que desde hace tres años se refiere al Ejecutivo local con adjetivos y calificativos, la demanda es que entienda que debe respetar el Artículo 130 constitucional, externó.
El jefe de gobierno insistió en que no se puede llamar a votar contra un partido porque éste no coincide con lo que miembros de la Iglesia Católica piensan, como sucedía en el siglo XIX; "estamos en el siglo XXI" y es indispensable que se sometan como todos a lo que la ley dispone y sepan que hay un límite.
Recordó que por un largo periodo no ha habido demandas de este tipo, pero dado la gravedad de la imputación, en este caso debió hacer esto porque de otro modo sería consentir una violación a la Constitución y al Estado laico.
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