Plan del Gobierno federal compuesto por cuatro ejes rectores

A fin de  lograr la prevención y el combate del lavado de dinero, y financiamiento al terrorismo, el Gobierno federal integró una estrategia compuesta por cuatro ejes rectores: 1) Información y Organización; 2) Marco Normativo; 3) Supervisión Basada en Riesgo y Procedimientos Eficaces; y 4) Transparencia y Rendición de Cuentas.

Con estos cuatro ejes permitirán alcanzar las dos metas de la estrategia: 1) Impedir que las organizaciones criminales dispongan de sus ganancias, y 2) Judicializar oportuna y efectivamente casos de alta relevancia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Conforme a la iniciativa, firmada este jueves por la mañana por el presidente Felipe Calderón, las medidas van encaminadas a impactar en el volumen de transacciones nacionales e internacionales con recursos provenientes de actividades ilícitas, obstaculizando la operación de las organizaciones criminales e incrementando los riesgos reales para quienes colaboran en la realización de operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Otro aspecto es recuperar, en forma efectiva, los activos vinculados con actividades ilícitas; debilitar la capacidad de los grupos criminales para controlar espacios territoriales, así como para enfrentar y corromper a las instituciones, así como proteger a la economía formal y fomentar su desarrollo.

En concordancia con los planteamientos citados, la coordinación estratégica y operativa de las acciones del Gobierno Federal quedará enmarcada en el Grupo de Coordinación Ejecutiva del Gabinete de Seguridad Nacional.

Para un segundo nivel de coordinación, se reconoce el establecimiento de Grupos Interinstitucionales de Trabajo Estratégico y Operativo, que permitirán la interacción cotidiana de las áreas públicas involucradas con las instituciones de los gobiernos de las entidades federativas y de otros países y organismos internacionales especializados, mediante mecanismos sistematizados para la valoración de riesgos y vulnerabilidades sectoriales y los protocolos de actuación correspondientes.

De esta forma la estrategia contempla así las medidas más adecuadas para reforzar el sistema nacional para la prevención y el combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, que podrán ser objeto de escrutinio de la sociedad, así como de la revisión por parte de los organismos internacionales especializados en los que participa México.

Entre dichos organismos destaca el GAFI, el cual podrá corroborar las medidas apuntadas por la Estrategia a través de los informes de evaluación sobre el cumplimiento de México a los estándares emitidos por dicho organismo.

Los nuevos sujetos obligados a reportar operaciones de más de 100,000 pesos en efectivo son:

Centros de juegos y apuestas;

Oferentes de préstamos no financieros;

Emisores de tarjetas de pagos o servicios no bancarias;

Agencias inmobiliarias, automotrices y constructoras;

Joyeros profesionales

Empresas de blindaje;

Fedatarios públicos (notarios y corredores públicos), abogados y contadores;

Transportadoras de valores;

Galerías y subastas de arte;

Prestadores de servicios profesionales a personas morales;

Venta o arrendamiento de vehículos aéreos, marítimos y terrestres;

Transmisión de títulos accionarios;

Todas aquellas personas con alto riesgo de ser utilizadas en esquemas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, según determinación de la SHCP.

Las operaciones que se realicen en contra de esta disposición, serán sancionadas con prisión de 5 a 15 años y con multa de 1,000 a 5,000 días (57,460 a 287,300 pesos de acuerdo con el salario mínimo vigente en la ciudad de México de 57.64 pesos).