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La clave está en el traspaso de las bonificaciones empresariales

Euskadi manejará su INEM: ¿Se rompe la caja única?

Euskadi manejará su INEM: ¿Se rompe la caja única?

>>  El déficit del sistema vasco de pensiones ha superado los 500 millones de euros anuales en tiempos de bonanza
>> Los pensionistas vascos han sido receptores netos del reparto solidario del sistema

La negociación del Gobierno con el PNV se ha saldado con un acuerdo económico por 472 millones de euros que comprende las transferencias de las Políticas Activas de Empleo, lo que incluye las bonificaciones de las cuotas empresariales; la intermediación laboral (antiguo Inem); la Formación Profesional (tanto ocupacional como continua); el Instituto Social de la Marina y la Inspección Laboral. A pesar de que el PSOE se ha apresurado a asegurar que el acuerdo es absolutamente escrupuloso con la Constitución y no toca la Caja Única de la Seguridad Social, esta afirmación es discutible. ¿Por qué?

El quid de la cuestión es el traspaso de la competencia en bonificaciones de las cuotas empresariales. La Seguridad Social se nutre de las cuotas que le pagan mensualmente las empresas y los trabajadores. A su caja única van a parar estas aportaciones, con independencia de que el régimen de cotización sea el de un asalariado, un autónomo o un agricultor y al margen de en qué comunidad autónoma estén domiciliados tanto los trabajadores como las empresas.

De esa caja única sale el dinero que se utiliza para pagar las pensiones en virtud de un criterio de reparto común a todos los territorios y a todos los trabajadores. Ese criterio único garantiza, por un lado, la igualdad entre todos los ciudadanos (pagan sus cuotas y reciben las pensiones del mismo modo con independencia del lugar en el que viven o de la actividad que desarrollan) y, de otro, la aplicación del principio de solidaridad, porque algunos regímenes de cotización, como el agrario, y algunos territorios, como Galicia o Extremadura y la propia Euskadi no aportan lo suficiente para costear las pensiones que reciben. La gestión del dinero corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social, un servicio que depende del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

A través de la Seguridad Social se aplican algunas medidas que forman parte de las políticas de empleo,de momento con potestad estatal: el dinero que pueden ahorrarse las empresas dejando de pagar una parte de las cuotas si firman, por ejemplo, contratos indefinidos y la parte de las cotizaciones de los trabajadores que se dedica a pagar las políticas de formación. Lo que el PNV quiere es que el fomento y protección al empleo incluya las ayudas para la creación de puestos de trabajo (subvenciones gestionadas), y las bonificaciones de cuotas en las cotizaciones a la Seguridad Social", cuyo traspaso se materializaría "a través del Sistema de Concierto Económico". Los nacionalistas vascos sostienen que "el carácter unitario de la Seguridad Social en todo el Estado y su manifestación a través de la llamada caja única del sistema no son obstáculos insalvables para que las instituciones vascas puedan asumir su gestión territorial, incluida la garantía financiera de todas las prestaciones, tal y como contempla el Estatuto de Gernika".

En román paladino, lo que los nacionalistas vascos pretenden es controlar parte del dinero que va a esa caja de todos, y poder intervenir con instrumentos de mejora sus propios presupuestos. Así, esa caja única de la Seguridad Social garantiza entonces que los jubilados de toda España cobren su pensión. La división del sistema en 17 modelos públicos impediría pagar las pensiones actuales a nueve comunidades autónomas, entre ellas, al País Vasco, salvo que se bonifiquen, subvencionen y controlen los propios presupuestos y ayudas, lo que generaría agravios comparativos, como ya sucede con los sueldos de funcionarios, por ejemplo.

País Vasco tiene problemas de déficit con sus pensiones

Pero lo curioso, es que más de la mitad de las regiones registran déficit (más gastos que ingresos) en sus respectivas cuentas de la Seguridad Social, ya que tienen menos de dos cotizantes por pensionista, es decir, una tasa de dependencia inferior a 2 frente al 2,57 de media nacional (a fecha de agosto de 2010).Según los datos oficiales disponibles, nueve comunidades autónomas (CCAA) no podrían costear las pensiones actuales: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía.

Desde hace ya una década, las cotizaciones que la Seguridad Social recauda en esa región son muy inferiores a las prestaciones que abona: el déficit del sistema vasco de pensiones ha superado los 500 millones de euros anuales durante unos ejercicios en los que el resto de España ha encadenado, incluso durante la crisis actual, superávits superiores a los 7.000 millones.

No obstante, la caja única de la Seguridad Social se concibió para garantizar el principio de solidaridad interterritorial. La regionalización de la Seguridad Social en 17 modelos autónomos sería insostenible en la mitad de territorio nacional. Dichos gobiernos autonómicos no podrían costear estas prestaciones sin reducir el gasto público o bien aumentar los impuestos de forma sustancial.

Así, por ejemplo, el País Vasco apenas cuenta con 1,9 cotizantes por pensionista, aunque la situación más grave es la que presenta Asturias (1,3) y Galicia (1,4), según un informe sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones elaborado por la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa) con datos de 2008.

 Sin duda, el caso más llamativo es el de Asturias, ya que registra el peor perfil demográfico de España. Por cada dos asturianos que nacen mueren más de tres. Este déficit poblacional impediría al Gobierno del Principado pagar por sí sólo las pensiones a los jubilados asturianos si no existiera la caja única de la Seguridad Social y, por tanto, el sistema de redistribución territorial.

En datos absolutos, la comunidad gallega lidera el ránking, con unas pérdidas acumuladas de 10.594 millones de euros, seguida de Asturias (9.721 millones) y Castilla y León (8.470). Así pues, los datos de la Seguridad Social ponen de manifiesto que estas nueve CCAA carecen del suficiente número de cotizantes para mantener el nivel actual de pensiones que cobran sus respectivos jubilados.

Madrid, campeona

Por el contrario, Madrid, con un superávit per cápita de 4.642 euros, es la comunidad que más dinero aporta al sistema en términos relativos, seguida de Baleares (3.386), Canarias (2.706), Navarra (1.917), Cataluña (1.422), Comunidad Valenciana (964), Murcia (896) y La Rioja (206).

Madrid también es la que inyecta más dinero al sistema, con casi 30.000 millones de euros entre 2002 y 2008, seguida de Cataluña (10.632 millones) y Canarias (5.693). Es decir, los excedentes de Madrid y Cataluña permiten, en gran medida, pagar las pensiones de las regiones deficitarias.

Así, casi el 79% del superávit que registró la Seguridad Social en 2009 (8.501 millones) procede de ambas comunidades. En concreto, tan sólo Madrid aportó 5.069 millones de euros mientras que Cataluña inyectó 1.656 millones. Los otros 1.776 millones parten de cinco regiones: Baleares, Canarias, Navarra, Comunidad Valenciana y Murcia. Todas estas autonomías cuentan con una tasa de dependencia superior a 2. Sobre todo, destacan Madrid, Murcia y Canarias, con más de 2,5 cotizantes por pensionista.

¿Y por qué se está reprochando al Gobierno que el pacto es anticonstitucional? Porque la Carta Magna establece que el Estado “garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español” (art. 138). De acuerdo con esta exigencia, el sistema público de pensiones recauda las cotizaciones de todos los trabajadores de España y, gracias a esos fondos, sufraga unas prestaciones a nuestros jubilados que no dependen del punto geográfico en el que vivan, sino de su contribución durante su vida laboral al sostenimiento de las arcas de la Seguridad Social.

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