La presión del gobierno obliga a la renuncia de un magistrado

González Osio, en carta enviada este lunes al presidente del Congreso, Alvaro García Linera, explica que su decisión se produjo “dado el reiterado cuestionamiento de las labores del Poder Judicial”.

El sábado, en la localidad de Betanzos, el Presidente Evo Morales denunció que el Poder Judicial habría robado 300 millones de dólares al país por su conducta corrupt.. Dos días antes, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, había calificado a ese poder como “una vergüenza para el país”.

Las acusaciones oficialistas se convirtieron en amenazas y luego en hechos. “Deberían renunciar, no deberían trabajar con un gobierno que es de los indios. No vamos a permitir que ningún sabio del Poder Judicial tenga que estar planificando la caída de nuestro Gobierno, vamos a mover a todas las organizaciones sociales, eso somos en el MAS y vamos a demostrar nuestro poder del pueblo”, anunció en Sucre el asambleísta Roberto Segovia.

“El Tribunal Constitucional y el Poder Judicial están desestabilizando al Poder Ejecutivo y al desestabilizar, es un deber de los bolivianos defender la democracia con las movilizaciones”, coincidió el vocero de la bancada masista, René Navarro.

En La Paz, un grupo de diez personas que se autodenominó representante de la Fundación de Ayuda a las Víctimas del Sistema Financiero, ofreció una conferencia de prensa encabezada por el diputado del MAS René Navarro, en la que pidió el cierre del Poder Judicial hasta que la Asamblea Constituyente concluya su trabajo.

“Pedimos que se suspendan todos los procesos y se cierre el Tribunal Constitucional hasta que se apruebe la nueva Constitución”, dijo Ramos. En Sucre, por segundo día consecutivo, se movilizaron las víctimas de los enfrentamientos de octubre con similar demanda: cerrar el Tribunal, donde cuatro de sus cinco miembros en ejercicio enfrentan una demanda de juicio de responsabilidades interpuesta por el presidente Evo Morales.

A diferencia de Osio, los restantes siete miembros de la Corte Suprema decidieron quedarse en sus cargos, resistiendo la que calificaron como una arremetida del Gobierno para desestabilizar el Poder Judicial. “Nosotros no vamos a renunciar”, enfatizó el presidente de la Suprema, Héctor Sandoval, luego de lamentar la decisión de su colega.

“Estamos afectados porque hay hostigamiento permanente del Ejecutivo al Judicial y eso nos afecta como miembros de un poder del Estado, sobretodo nos afecta en el sentido de que vemos peligrar la democracia en Bolivia y que el Estado de derecho está en riesgo. No voy a renunciar”, coincidió la magistrada Beatriz Sandoval.