AI denuncia que en Chile se maltrata a los indígenas

Según informa el diario electrónico El Mostrador.cl, el maltrato a los mapuches, el exceso del empleo de la fuerza policial contra los manifestantes en las protestas estudiantiles y las pésimas condiciones en las cárceles en Chile, fueron denunciadas por Amnistía Internacional (AI) en su último informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo referido a 2006.

El documento destaca también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió en septiembre pasado que era inadmisible la aplicación de la Ley de Amnistía de 1978 a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile.

La organización ilustra su documento con el caso de la huelga de hambre que varios presos mapuches protagonizaron en mayo último para protestar por la "aplicación injusta" de las leyes antiterroristas.

Amnistía Internacional relata que dos meses después, los carabineros allanaron una comunidad mapuche de Temucuicui, en la provincia de Malleco, para buscar animales robados, que esa comunidad negó en todo momento tener.

"La policía afirmó que buscaba animales robados, pero la comunidad negó que hubiera animales robados en sus tierras. Según los informes, la policía disparó gas lacrimógeno, balas de goma y fuego real contra miembros de la comunidad, que iban desarmados. Varias personas resultaron heridas y algunas casas, destruidas", agrega el informe.

"El gas lacrimógeno afectó a algunos menores, y varios huyeron a los montes colindantes. Mujeres y menores fueron víctimas de malos tratos. La comunidad ya había sido objeto de acciones policiales similares durante el año", denuncia AI. Al acabar 2006, no se había abierto ninguna investigación oficial sobre esa operación.

En otro hecho registrado a fines del año pasado, la policía disparó contra varios mapuche de Temucuicui que se encontraban cobrando sus salarios en Ercilla, en la IX Región. Al parecer resultaron heridos hasta seis civiles, incluidos algunos menores, añade el documento.

En mayo, junio y octubre de 2006, durante las protestas y huelgas en demanda de una reforma total del sistema educativo chileno y del fin de las diferencias entre escuela pública y privada, se registraron enfrentamientos con la policía en los que ésta, según AI, usó excesivamente la fuerza contra manifestantes y periodistas.

Asimismo, la organización recuerda que en diciembre falleció el ex dictador Augusto Pinochet, quien estaba procesado por delitos sobre el origen de su patrimonio (el caso Riggs) y cuatro casos por violaciones a los derechos humanos: el caso Prats, el caso de Villa Grimaldi, la Operación Colombo y la Caravana de la Muerte.

Al respecto, la organización recalcó que su muerte no es el final de la historia ni de las responsabilidades, al recordar que una veintena de oficiales de alta graduación están identificados como co-responsables y ejecutores de dicha política.

En ese sentido, insiste en la necesidad de que se activen dichos procesos, y que tanto el Gobierno como la justicia chilena, se comprometan activamente en asegurar la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas o sus familiares.

Sin embargo, lamentó la falta de definición por parte del Gobierno y del Congreso sobre la anulación de la Ley de Amnistía, que fue objeto de pronunciamiento de la CIDH, en relación con el caso de Luis Almonacid.

Al respecto, el informe recuerda que la Presidenta Michelle Bachelet no había decidido aún si la Ley de Amnistía debía anularse, revocarse o modificarse mediante una nueva legislación para limitar su aplicación.

El informe también lamenta que el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional y que Chile estuvo entre los primeros países en firmar, aún no sea ratificado, puesto que ha encontrado enormes trabas en el Congreso.

La organización también manifiesta su preocupación sobre la persistencia de la pena de muerte que ha sido abolida para los delitos comunes, pero no en el fuero militar.

El informe se pronuncia respecto de las condiciones penitenciarias, con alto grado de hacinamiento, además de malos tratos y corrupción, que pese a la reciente inauguración de complejos carcelarios nuevos aún constituye una problemática extendida en todo Chile, que afecta tanto a la población penitenciaria como a sus familias.

Al respecto, la organización pro derechos humanos denuncia que en las cárceles chilenas hay hacinamiento, falta de atención médica, malos tratos y corrupción entre guardias y presos.

AI relata que en junio pasado la Corte de Apelaciones de Santiago examinó el caso de 80 presos de la ex penitenciaria de Santiago que habían sido obligados a dormir a la intemperie. Agrega que abogados de la ONG Fundación Paternitas presentaron un recurso de protección a nombre de los afectados.