Las Cortes de Castilla y León, con el voto a favor del Grupo Parlamentario Popular y la abstención del PSCL, han exigido al Gobierno de España que en la formalización de la transferencia de las competencias de gestión de las políticas activas de empleo a las comunidades autónomas garantice el respeto absoluto a los principios de igualdad y solidaridad entre territorios y personas, así como al principio de caja única de la Seguridad Social.
Este es el contenido de una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Popular desde la "prudencia" para exigir al Gobierno de la nación que actúe con lealtad a la Constitución y a la comunidad autónoma de Castilla y León en la transferencia de esas competencias que han negociado ya los grupos socialista y nacionalista vasco en el Congreso de los Diputados.
"Ojalá tengamos que reconocer aquí que por una vez el Gobierno de España ha sido leal y ha defendido por igual los intereses de todos los ciudadanos", ha manifestado el procurador 'popular' Raúl de la Hoz, quien no ha dudado al "sospechar" de las condiciones de una transferencia cuya letra pequeña se desconoce.
"Quien diga que lo conoce está mintiendo", ha aseverado De la Hoz, para quien esa negociación supone "una amenaza seria" para los castellanoleoneses teniendo en cuenta, además, los antecedentes del año pasado cuando PSOE y PNV cerraron el blindaje vasco en vísperas también de la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
El procurador del PP, que ha recordado que patriota en euskera significa 'abertzale', ha lamentado que el acuerdo para el traspaso al País Vasco de la gestión de las políticas activas de empleo y de las bonificaciones de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por un importe de 472 millones de euros no lo han pactado las instituciones que estaban legitimadas para ello, en referencia a los gobiernos central y vasco, sino dos grupos parlamentarios.
Según sus cálculos, esa transferencia superará en dos veces el coste de las transferencias a Castilla y León lo que supondrá, ha añadido, que los parados del País Vasco recibirán cuatro veces más que lo que perciben los desempleados castellanoleoneses, "a lo que se suman las bonificaciones".
A falta de que la Comisión Mixta "negocie de verdad" ese traspaso competencial, De la Hoz ha reiterado su exigencia para que los negociadores mantengan en todo momento "respeto absoluto" a los principios de igualdad y solidaridad y que garanticen que no se va a beneficiar a los parados del País Vasco en perjuicio de los de Castilla y León, por lo que, en la misma línea marcada ayer por el presidente Herrera, se ha mostrado partidario de acudir al Tribunal Constitucional si se comprueba que no se cumplen los principios básicos de unidad económica patrimonial y solidaridad financiera.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el procurador Francisco Ramos ha lamentado la intención del PP de poner en cuestión con esta PNL la presunción de legalidad en la actuación del Gobierno de España y ha recordado a los 'populares' que también ellos están pidiendo ese principio de presunción de inocencia en todo lo relacionado con la trama Gürtel.
Otro eslogan para atacar al Gobierno
Dicho esto, Ramos ha asegurado que el acuerdo alcanzado entre PSOE y PNV "no pone ni puede poner en riesgo" la unidad económico-patrimonial de la caja única de la Seguridad Social, a la que esa transferencia "no toca ni de lejos".
A su juicio, el único empeño del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León es buscar un nuevo eslogan para tratar de desgastar al Gobierno de España y para no hablar en el hemiciclo de Castilla y León y de las responsabilidades de la Junta. "Sólo les importa encontrar un nuevo raca-raca que funcione", ha cuestionado.
Francisco Ramos también ha aprovechado la ocasión para poner en valor el acuerdo alcanzado entre los socialistas en el Congreso de los Diputados y el PNV y ha añadido que los españoles deben reconocer a los grupos nacionalistas su "patriotismo" y "sentido de Estado" por su capacidad para llegar a acuerdos en momentos difíciles, "cuando otros grupos no han estado a la altura de sus responsabilidades".
Al debate de esta PNL ha seguido otra sobre el mismo tema presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para instar a la Junta a la ampliación de las competencias transferidas en materia de políticas de empleo y bonificaciones de cuotas empresariales, que ha sido rechazada por el PP por considerar que pedir lo mismo que el País Vasco sería "imprudente" ya que "no sabemos ni si quiera qué se va a pedir".
En este sentido, el 'popular' Raúl de la Hoz se ha referido a la carta remitida por el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, al secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, para que reúna la Comisión de Cooperación entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno central para recibir información sobre ese traspaso, analizar su constitucionalidad, si es respetuoso con el principio de caja única, si es beneficioso "y, en su caso, solicitar la posible negociación", lo que ha motivado una enmienda 'in voce' que no ha sido aceptada por la bancada socialista.
Por todo ello, De la Hoz ha reiterado la necesidad de mantener la "prudencia" y la "cautela" y no dar por supuesto lo que dice el Gobierno de España, como hacen, a su juicio, los socialistas de Castilla y León.
"No queremos en ningún caso una transferencia que suponga una quiebra de los principios de igualdad y de solidaridad interterritorial", ha explicado el procurador del PP, que ha advertido de que llegan tarde y mal aquellos que se lanzan a pedir una competencia que desconocen.
Francisco Ramos, sin embargo, ha defendido los argumentos de la PNL del Grupo Parlamentario Socialista por considerar que la ampliación de las competencias transferidas en materia de políticas activas de empleo son un hecho positivo porque permitirían mejorar el autogobierno de Castilla y León además de ser más eficientes.
Del mismo modo, ha recordado que la Comunidad de Valencia ya ha pedido esta transferencia, lo que le ha hecho suponer que hay regiones que tienen mejores equipos y que están mejor informadas que la castellanoleonesa.
"¿Ustedes dicen que no conocen la letra pequeña y están haciendo cálculos económicos sobre la cantidad de dinero que se dispondrá para un parado en el País Vasco o en Castilla y León?", se ha preguntado el procurador socialista, para quien los términos de la prudencia pasan fundamentalmente por el respeto a la presunción del principio de legalidad y a la buena fe en la relación entre administraciones, "fundamental en el estado de las autonomías".
Finalmente, ha dudado del sentido de la carta remitida por la Junta al secretario de Estado de Cooperación Territorial ya que, según ha lamentado, el Gobierno autonómico no ha dejado claro si quiere o no esa competencia.
"No sabemos si se han dirigido al Gobierno de España para que sí o para que no", ha precisado Ramos, que ha considerado que las descalificaciones de Herrera sobre que este tema es "una juerga" no son propias de un gobernante con responsabilidades en políticas activas de empleo.
Anticipo del nuevo sistema de financiación
Las Cortes de Castilla y León también han exigido, con el apoyo mayoritario del Grupo Parlamentario Popular, que el Gobierno de la nación transfiera en 2011 a la Comunidad Autónoma el anticipo correspondiente a la totalidad de los fondos y recursos adicionales previstos en el nuevo sistema de financiación autonómica, "indispensables para garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales a los ciudadanos de Castilla y León el próximo año".
Desde el PP, el procurador Jesús Encabo ha advertido de que la no concesión de esos anticipos, que sí llegaron en 2009 y 2010, implica una "grave lesión financiera" para la Comunidad Autónoma "que no podrá contar con unos recursos cifrados en más de 200 millones de euros para su presupuesto de 2011" en lo que ha calificado de "grave quebranto" para las arcas regionales.
"Con ello -ha continuado Encabo- los recursos derivados del sistema de financiación que el Estado va a transferir a Castilla y León resultarán inferiores a los recibidos en 2010 y se reducirán más aún con la devolución de la anualidad correspondiente por la liquidación del sistema de financiación de 2008", informa ep.
El procurador del PP ha asegurado que sin esos 200 millones de euros no se cubren gastos de sanidad y educación en lo que ha considerado una "arbitrariedad constante" del Gobierno de España hacia las comunidades autónomas que no le son propicias. Encabo ha lamentado también que el nuevo modelo de financiación autonómica no se adapta a las peculiaridades de Castilla y León y ha negado que cumpla las premisas de ser "solidario, equitativo, justo o transparente" porque no contribuye a los reequilibrios territoriales.
Desde las filas socialistas, el procurador Pascual Fernández ha defendido el nuevo modelo de financiación autonómica, que, según ha recordado, no fue votado en contra por las regiones del PP. "Si se ha aceptado es que es mejor que el anterior", ha considerado el socialista, para quien la PNL de los populares no tiene sentido tras la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, Encabo ha aclarado que si Castilla y León aceptó el nuevo modelo, al que ha definido como "enigmático", fue porque era un "chantaje de Salgado y de Zapatero" y su renuncia impediría a la Comunidad recibir recursos adicionales.
Fernández ha asegurado que el nuevo sistema de financiación autonómica da más fondos que el anterior y ha explicado que da más recursos a las comunidades, con un incremento, por ejemplo, de la recaudación del IVA. "Ya no hay fondos adicionales, lo que hay es sistema de financiación donde se integran", ha aclarado el procurador socialista, al que ha respondido Encabo al recordar que la propia ministra de Economía se comprometió a que habría anticipos en el año 2011.
"Nos están engañando permanentemente", ha lamentado Encabo, que ha cifrado en tan sólo 410 millones de euros la realidad del fondo de suficiencia.
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