La Procuraduría destituyó e inhabilitó la víspera por 18 años al secretario Bernardo Moreno y a otros tres de los funcionarios más cercanos a Uribe del servicio de inteligencia DAS, por el escándalo de las escuchas ilegales y espionaje a opositores, periodistas y magistrados.
“Ha sido mi costumbre asumir responsabilidades en la vida pública y en la actividad privada, y esta ocasión no puede ser la excepción“, subrayó el ex mandatario (2002-2010).
Uribe recordó que Moreno sólo averiguó ante el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) sobre las denuncias de algunos medios sobre la “posible penetración de presuntos narcotraficantes en asuntos de algunos magistrados”.
La decisión de la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) de ayer sancionó a Moreno a 18 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos y a los ex directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Jorge Noguera a 20 años, María del Pilar Hurtado a 18 años y Andrés Peñate a 8 meses.
El procurador Alejandro Ordóñez señaló que el entonces secretario general de Uribe se “extralimitó en sus funciones”, al realizar en abril de 2008 una reunión en la Casa de Nariño (sede de Gobierno) con funcionarios del DAS y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).
Esa cita tenía como fin que los funcionarios se enteraran de “información reservada” de un amigo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyo Tribunal sostuvo varias disputas con Uribe.
Por ese hecho también resultó involucrado el entonces director de la Uiaf, Mario Aranguren, quien fue destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos.
Asimismo, Ordóñez decidió cerrar los casos contra el ex asesor y actual viceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman, y el entonces secretario de prensa de Uribe, César Mauricio Velásquez.
En total, la Procuraduría “sancionó disciplinariamente a nueve servidores, ex servidores públicos del DAS, de la Uiaf y la Presidencia de la República por los hechos relacionados con la ilegalidad en procedimientos de interceptaciones y seguimientos realizados a diferentes personalidades”.
Ordóñez agregó que existe además un proceso pendiente en contra del actual director del DAS, Felipe Muñoz Gómez, “el cual se encuentra en indagación preliminar por posibles irregularidades en la eliminación de información en el servicio de inteligencia”, que comprometía a los detectives y jefes de ese despacho.