La crisis económica en España ha dado nuevo impulso al creciente sentimiento independentista en Cataluña. De ello es evidencia la emergencia de nuevos partidos pro-independencia así como el coro creciente de voces pidiendo la independencia, como se observó en la masiva demostración relacionada con la decisión del Tribunal Constitucional en contra del Estatut de Cataluña que tuvo lugar en Barcelona el 10 de julio del 2010. Hay que decir que la crisis económica no es el origen de ese movimiento independentista. Pero la crisis ha contribuido de manera importante al mismo, al acentuar los problemas económicos en España, haciéndolos más inmediatos y con efectos muy negativos sobre un gran número de personas y haciendo más visible el entramado económico entre los gobiernos autonómicos y el gobierno central.
El principal problema entre España y Cataluña es la distribución regional del presupuesto y del peso del sistema impositivo, las llamadas “balanzas fiscales” entre los diferente gobiernos regionales, es decir los que “pagan” (aquellos gobiernos autonómicos que reciben menos de lo que pagan en impuestos) y los que “reciben” inversiones y otros servicios mayores que lo que pagan en impuestos. Un segundo problema desde la perspectiva catalana ha sido el papel monopolístico y poco transparente de la administración central en España en la asignación de los recursos impositivos (de facto un sistema de redistribución del ingreso) sobre bases que reflejan cada vez más clientelismo político y no necesidades sociales o económicas y que no han conseguido obtener un aumento de productividad en el conjunto del país. España no ha tenido jamás ningún incentivo en hacer públicas esas balanzas fiscales, uno de los secretos mejor guardados de la Administración. La crisis actual ha dado visibilidad a esos “desequilibrios” entre las diferentes regiones. Las hay que “pagan” (en algunos casos montantes exorbitantes), como Cataluña, Valencia, las Baleares y Madrid, otras regiones que recaudan todos sus impuestos y pagan al gobierno central lo que corresponde a los servicios que les provee el pais (el Pais Vasco y Navarra) y el resto de las regiones que “reciben” flujos netos.
Según datos disponibles, Cataluña es, de lejos, el mayor contribuidor a las otras regiones de España ya que paga anualmente 22.000 millones de Euro más de los que recibe (equivalentes a un 70% del presupuesto anual de Cataluña y a un 10% del PIB catalán). Otros datos señalan el bajo nivel relativo de las inversiones en infrastructura y en gasto social en Cataluña lo que se traduce en una pérdida relativa de competitividad, en un descenso en la calidad de los servicios sociales, así como en la reducción en el ingreso de Cataluña y en su nivel de bienestar.
En el pasado, los problemas que podían conllevar las diferencias en las balanzas fiscales, habían sido siempre “gerenciados” entre el gobierno central y el gobierno catalán. En Cataluña, la coalición que gobierna en este momento, liderada por el Partit Socialista de Catalunya, un partido federalizado con el PSOE no ha estado dispuesta o no ha sido capaz de solucionar problemas económicos relacionados con Cataluña si la solución podía incordiar políticamente al PSOE (que también gobierna en España). El anterior gobierno catalán, liderado por CiU, un partido moderadamente conservador y económicamente liberal, creía en la teoría del “peix al cova” (pez a la cesta), es decir, aprovechar oportunidades para tomar lo que se pudiera o lo que quisiera dar el gobierno central a Cataluña en el ámbito económico, mientras daba énfasis en sus políticas a los aspectos diferenciales de la identidad catalana, como lengua y cultura, así como a políticas de liberalismo económico en relación a las empresas catalanas y españolas.
La crisis económica ha hecho más visibles las políticas de redistribución del ingreso de España, la falta de transparencia en la manera en que se aplican y el clientelismo político que se ha desarrollado. Todo ello en detrimento de Cataluña. Sin embargo, los problemas económicos en España son estructurales y muy profundos y no sólo coyunturales o de crisis pasajera. En los últimos 20 años, España se ha beneficiado de un crecimiento económico relativamente elevado que se ha reflejado en un alto nivel de consumo y gasto tanto privado como público. Este aumento del “pastel” permitió enmascarar los problemas estructurales. El crecimiento económico se basó mayormente en tres factores. Uno, la capacidad del país en araer inversión privada extranjera gracias a sus bajos costos de mano de obra, una buena situación geográfica y una infraestructura adecuada. Segundo, el país ha sido el mayor recipiente de ayuda de la Unión Europea (unos 120.000 millones de Euro en los últimos 15-20 años). Y tercero en una abundante oferta de crédito barato que alimentó el consumo. Estos flujos, junto a un nivel inicial de protección arancelaria que permitió a Cataluña el convertirse en el motor industrial y productivo de España, enmascaró la desigual asignación de los recursos impositivos entre las diferentes autonomías y el papel “redistribuidor” del gobierno central. Ahora que estos flujos externos se han moderado y, en algunos casos, han cesado o cesarán pronto completamente, la estructura económica que se ha desarrollado en España (bajos niveles de ahorro, balanzas comerciales negativas, altos déficits públicos y sobre todo, una baja productividad) simplemente no es sostenible.
Bajo presión de la comunidad financiera internacional y de la Unión Europea, España ha empezado el proceso de solucionar estos problemas estructurales, aunque con un alto costo político (huelga general del 29 de septiembre del 2010). Dado que España no puede solucionar estos problemas con los instrumentos tradicionales de la devaluación de la moneda y restricciones monetarias y que, al mismo tiempo, esos flujos externos tanto privados como de la Unión Europea que permitieron en gran parte el desarrollo de España, se están ralentizando (cuando no desapareciendo), la única salida para restablecer el crecimiento y aumentar la productividad consiste en “apretarse el cinturón”, reduciendo el presupuesto público y confiando en los recursos internos. Si el gobierno español vacila en adoptar las medidas necesarias, dado su alto costo político (y esta es la apuesta del autor de este artículo), el futuro económico del país podría ser uno de reducciones del nivel de consumo y un crecimiento mucho más lento.
Mucho más importante para las relaciones económicas entre España y Cataluña, tema de este artículo, es que para que España pueda mantener en lo posible el nivel de consumo (y subsidio) en aquellas autonomías receptoras de recursos netos y satisfacer el clientelismo político, el país deberá mantener (o incluso aumentar) la carga presupuestaria y redistributiva a través del presupuesto a aquellos gobiernos autonómicos que tradicionalmente han contribuido mucho más de lo que han recibido, entre ellos, Cataluña.
¿Debiera por tanto sorprender que el movimiento independentista gane terreno en Cataluña?
Si (
No(
