La preocupación se ha convertido en una constante en los productores nacionales, y no precisamente por la afectación de una cosecha, sino desde que el domingo se anunció la expropiación de la empresa Agroisleña. Consideran que no en vano la empresa de capital español ha brindado su experiencia por más de 50 años a la agricultura y ganadería del país, lo que debe ser "necesariamente" considerado por el Ejecutivo.
Para Juan Carlos Gómez, presidente de la Fundación Prodesarrollo de la Cebolla (Fundacebolla) en el Valle de Quíbor, estado Lara, la mayor incertidumbre es que desconocen qué va a ocurrir con el sector agrícola a partir de ahora. "Hay compromisos bancarios, y tenemos que pagarlos", apuntó en entervista a El Universal.
El clamor de los trabajadores del campo es mantener la producción agrícola y para ello exigen al Ejecutivo ser responsable de hacer las cosas bien, porque si no va a ser un "duro golpe a la economía agroalimentaria". Gómez advirtió que si no se maneja la situación con "cuidado" la repercusión será "efecto dominó". Agregó que la expropiación no es un problema solo de Agroisleña, sino de los productores nacionales y consumidores.
Explicó que Fundacebolla agrupa a productores de pimentón, tomate y cebolla, quienes cubren más de 50% de las necesidades del país.
Aseguró que la política de financiamiento y ayuda que ofrecía Agroisleña no la superaba el Gobierno, ni la banca pública ni privada. "Si tienen 60 ó 70% del mercado es porque lo han hecho bien, y no ha habido otra gente con otra capacidad para hacerlo y tampoco había estado el Gobierno", resaltó.
Precisó que no se está perdiendo cosecha en este momento, la incertidumbre son las próximas siembras, porque "hoy por hoy si quieres comprar algo en Agroisleña tienes un conjunto de funcionarios del Estado que tienen que chequearte, ver cuánto tienes sembrado, para poder venderte algo, y eso hace difícil la situación", dijo.
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