El Grupo de Trabajo para las Detenciones Arbitrarias emitió un pronunciamiento en el que fijó su opinión acerca de la privación de libertad de la jueza, la cual calificó como "arbitraria" al contrariar los artículos 3, 9, 10, 11, 12 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículos 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Cabe destacar que este pronunciamiento es el primero que hace la instancia de la ONU sobre un caso de este tipo.
En su declaración el Grupo de Trabajo pidió al Gobierno que Afiuni sea sometida a un juicio apegado al debido proceso y bajo el derecho de la libertad provisional.
Solicitaron también que al ser reubicada como juez 31 de Control de Caracas, le sean cancelados los salarios que ha dejado de percibir desde que se encuentra separada de forma "forzada" de su cargo.
Asimismo, piden para Afiuni "cualquier forma de reparación efectiva por los daños causados" a partir de la "detención arbitraria".
El Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias, creado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, no fue instalado sobre la base a un tratado legal internacional, por lo tanto, no tiene poderes que obliguen a un gobierno a emprender acciones o dejar de violar los derechos humanos. Su rol es ayudar a las víctimas y parientes que han sufrido detenciones arbitrarias a entablar procesos con los gobiernos involucrados.
Defensa espera liberación
Juan Garantón, abogado defensor de la jueza Afiuni, señaló además que el magistrado de la Sala Penal, Héctor Coronado, "tiene la obligación de pronunciarse y dejar en libertad" a su defendida, puesto que la sentencia de esa misma instancia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que acordó la medida cautelar de casa por cárcel para José Sánchez "Mazuco" sentó jurisprudencia al respecto.
Detalló que el pasado 8 de octubre, un día después que fuera dictada la sentencia que benefició a Mazuco, la defensa de Afiuni solicitó la misma medida cautelar para la jueza.
Niegan traslado a Tribunales
Por otra parte, hoy la jueza María Lourdes Afiuni no fue trasladada al Palacio de Justicia por decisión de la Dirección del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), que alegó "razones de seguridad".
Hoy, la jueza debía ser trasladada a los Tribunales para conocer la admisión de una apelación introducida por ella en la sala 4 de la Corte de Apelaciones de Caracas.
En dicha apelación se solicitaba que se dejara sin efecto el nombramiento del defensor público cuadragésimo séptimo del Área Metropolitana de Caracas, Jairo Hernández, afirmó José Amalio Graterol, abogado defensor de la jueza.
La Corte de Apelaciones había ordenado el traslado de Afiuni al Palacio de Justicia hoy a las 11:00 a.m. "y desde el Internado Judicial del INOF llamaron a la sala 4 de la Corte de apelaciones para informar que por supuestas razones de seguridad, debido a una marcha estudiantil, no se realizaría el traslado. La Corte decidió trasladarla el día de mañana viernes 15 con el objeto que sea restituida su situación jurídica infringida por el Juez José Alí Paredes", dijo Graterol.
Destacó el abogado defensor que mediante la actuación de la Corte de apelaciones "se enmienda la arbitraria y abusiva decisión del Juez 26 de juicio de revocar la defensa privada de la Doctora María Lourdes Afiuni. Creemos que la Corte de apelaciones está haciendo justicia".
"El pasado miércoles, quienes integramos el equipo de defensa de la doctora Afiuni denunciamos penalmente a ciudadano José Alí Fabricio Paredes, Juez 26 de juicio, por abuso de autoridad, un delito establecido en el artículo 67 de la Ley contra la corrupción, en el que incurre este juez al revocar la defensa de la Jueza Afiuni", señaló.
Anunció que solicitaron una revisión de medida además de una solicitud para que sea cambiada la medida privativa de libertad por una medida cautelar menos gravosa. "La Jueza Afiuni no debe seguir en el INOF. Su juicio se debe llevar a cabo en libertad".
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