Planificación estratégica y gestión pública

El establecimiento de procesos de planificación con el fin de optimizar la gestión pública, contribuye decisivamente a una mejor definición de diferentes políticas, respondiendo, asimismo, a la necesidad de institucionalizar la administración estatal donde puedan transmitirse con orden y racionalidad las principales visiones, directrices y objetivos de gobierno dentro de un sistema verdaderamente integral.

Los problemas cardinales que el Estado sufre en Bolivia, y casi en toda América Latina, tienen que ver con la excesiva y anquilosada burocratización, desinstitucionalización, patrimonialismo y clientelismo, lo cual afecta cualquier esfuerzo por desarrollar y proteger una cultura de la eficiencia; sin embargo, un instrumento para poner las cosas en su lugar es la planificación estratégica cuyo propósito es reestructurar el funcionamiento de la administración pública, identificando un mapa de acciones, inversiones, decisiones, intervenciones oportunas y, sobre todo, compromisos con la entrega de resultados valiosos para el gobierno y la sociedad.

En Bolivia, dos fenómenos distorsionan las reformas estatales: primero, el reclutamiento de personal improvisado y con criterios estrictamente “clientelares” que deterioran la gestión pública, obstaculizándose el buen desempeño y logro de resultados consistentes; segundo, la corrupción que deslegitima el Estado ante la sociedad civil y fomenta mayores distorsiones porque la conducta corrupta utiliza la esfera pública como si fuera un ámbito privado para el enriquecimiento ilícito, erosionando la institucionalidad. Estos dos problemas se trasladan también a otros niveles en los ámbitos prefecturales y municipales.

La planificación estratégica es un mecanismo para materializar transformaciones al interior de la gestión gubernamental. El primer paso es diagnosticar la situación actual, cuáles son las causas principales que evitan alcanzar resultados y perjudican la toma de decisiones efectiva. El segundo paso, es mirar hacia el futuro porque planificar es ambicionar un conjunto de metas que deben ser plenamente alcanzables. El tercer paso es contratar un personal burocrático profesional que lleve adelante los cambios planificados. El cuarto paso es fijar los indicadores de desempeño y cumplimiento progresivo de objetivos pues no se puede avanzar sin evaluar y medir los éxitos o fracasos.

Durante algún tiempo, en Bolivia funcionó relativamente bien el Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) donde se identificaron normas de orden político, técnico y administrativo para racionalizar las decisiones y asignar recursos públicos en los ámbitos nacional, regional y municipal. El principal problema fue que no siempre pudo desarrollarse una orientación sostenida en el tiempo que diera prioridad a la planificación estratégica, ya que la gran parte de los ministerios prefieren la improvisación y las reacciones inmediatas del día a día.

La planificación estratégica nunca debería ser entendida ni practicada como una rutina para cumplir formalidades establecidas en leyes o reglamentos. La planificación es vital en la “racionalización de las prácticas de gobierno”; esto significa, resolver problemas estructurales, abordarlos con mayor responsabilidad y decidir con una administración útil del tiempo, lo cual exige superar obstáculos en forma efectiva, mirando el largo plazo en materia de transformación institucional.

La planificación tiene que fijar metas y objetivos por períodos de cinco años como mínimo. Las soluciones propuestas también deberán estar preparadas para cualquier reajuste según los desafíos de la realidad imprevisible, incorporando a su vez altas dosis de concertación para reducir conflictos. Sólo de esta manera se alcanzará estabilidad en el cumplimiento progresivo de objetivos en cuanto a calidad de la gestión pública.