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¿Avales públicos en conflictos privados?

martes 09 de noviembre de 2010, 00:31h

Todo el mundo sabe que avalar una operación mercantil entraña un riesgo, y en el caso que el avalado –obligado principal- no pueda hacer frente a sus obligaciones, el avalista ha de suplir las obligaciones pendientes de cumplimiento, normalmente traducidas en dinero. Por consiguiente, un aval es algo más que un simple documento, en un momento determinado es dinero.

Por este motivo, se entiende poco que una Institución Pública, en este caso el INFO, dependiente de la Comunidad Autónoma murciana, avalara hace poco más de un año, a MEDITERRA en la operación de adquisición de HALCON FOODS, por importe de más de treinta millones de euros. Siendo por demás, una operación especialmente arriesgada, que no asumió la banca, auténticos profesionales de las finanzas.

Transcurrido el tiempo, lejos de mejorar la situación económica empresarial, se mantiene el conflicto abierto con protestas de los trabajadores de Halcón, mediación del INFO, y manifestaciones de la empresa Mediterra –que adquirió Halcón Foods y Conservas Fernández- en el sentido de cumplir el plan de viabilidad pactado. Si bien, al mismo tiempo, los sindicatos mostraban su desconfianza hacia los rectores empresariales, aunque finalmente llegaron a un acuerdo de defender la viabilidad de la empresa, sin llegar a despedir trabajadores, y de mantener abierto el canal de consultas recíproco. En lo que parece, por el momento, unas declaraciones de buenas intenciones, con la finalidad de poder sacar adelante el proyecto empresarial.

Por su parte, el INFO además de mediar, ha indicado que desde que se emitió el aval hay un profesional independiente haciendo seguimiento a la evolución empresarial.

Pero seguimos preguntándonos ¿cuáles fueron las razones por las que la Comunidad Autónoma avaló una operación mercantil privada de alto riesgo?, ¿quizá con más derecho que a otras empresas que han sucumbido con la crisis?, que puede llegar a costar una importante cantidad de dinero al Erario Público regional, o sea, a todos los murcianos, precisamente en unos momentos de escasez económica.

Como en toda intervención de las Administraciones Públicas, en esta que supone un ámbito negocial privado, también cabría preguntarse ¿cual es el interés público, si lo hubo, que determinó la concesión de dicho aval público?.

Pues todo esto parece además contradictorio con las tesis liberales del PP, en razón de sus postulados de recorte de gasto público, reducción del ámbito de lo público, y la competencia libre empresarial en el mercado. No en vano, la misión fundamental de las Instituciones Públicas es atender los servicios públicos, que son los que primero se tienen que atender, de forma que con las actuales deudas de la sanidad regional, el recorte en educación y otros servicios, no parece ni lógico ni justo, que la Comunidad Autónoma esté avalando una operación mercantil por más de 30 millones de euros.

De hecho, si los responsables políticos de esa decisión se explicaran ante la ciudadanía, posiblemente no verían respaldada su arriesgada decisión que aún aparenta arrastrar consecuencias negativas. Puesto que el coste de oportunidad de esa decisión es políticamente elevado, ya que ¿Cuántos colegios o dotaciones escolares se podrían haber acometido?, o ¿por qué no rebajar la deuda de la sanidad murciana por ese elevado importe?, o ¿por qué no incorporarla a partidas de VPO?.

En fin, esta decisión política tiene "apariencia de fiasco".

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