Según cifras del Ministerio Público recogidas en un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, las fiscalías penales y de familia de Lima presentaron 107 denuncias por violación sexual en 2007 y 586 casos similares en 2008, a pesar de que en la mayoría de las denuncias se trató de relaciones consentidas.
A raíz de esas denuncias, 300 adolescentes fueron internados en centros juveniles en 2008 por el delito de violación sexual, tras la vigencia de la ley 28704, promulgada hace cuatro años para ampliar la "indemnidad (prohibición) sexual" hasta los 18 años de edad.
El director del Instituto Peruano de Paternidad Responsable (INPPARES), Daniel Aspilcueta, denunció hoy, durante una presentación ante los periodistas, que con esa ley los adolescentes son "penalizados y reprimidos", pues son habituales las denuncias en los hospitales públicos cuando se acercan a acompañar a sus parejas, también menores de edad, a dar a luz.
En los centros públicos de salud, las adolescentes parturientas son obligadas a dar el nombre del padre del recién nacido, con la amenaza de que no podrán llevarse a su bebé si se niegan, relató Aspilcueta.
La referida ley se aprobó durante el pasado Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) con el objetivo de reducir la exposición de los adolescentes a la muerte materna, enfermedades de transmisión sexual y abusos, según se explicó en su momento.
Sin embargo, "cuatro años más tarde (de su promulgación), hay más desventajas que ventajas", opinó el abogado Fidel Rojas, asesor del congresista Víctor Sousa, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, que ha aprobado este mes un proyecto de ley para despenalizar las relaciones sexuales entre adolescentes.
Aunque la Corte Suprema de Justicia ha declarado que en estos casos no se debe presentar denuncia contra los implicados, su jurisprudencia no tiene fuerza de ley y, por lo tanto, la Fiscalía continúa persiguiendo estos casos como delitos, apuntó Rojas.
De acuerdo a la encuesta demográfica del año pasado, el 13,7% de las adolescentes peruanas declaró haber estado embarazada o gestando y el 41% en general no ha usado ningún método anticonceptivo.
Asimismo, la mortalidad materna adolescente subió a 77 casos en el 2008, doce más que en 2007, mientras que la mortalidad materna en general bajó a 509 en 2008, respecto a 513 del año previo.
En opinión de la legisladora oficialista Luciana León, la ley que penalizó las relaciones sexuales entre los adolescentes ha traído un problema de salud pública, porque los menores no acceden a los servicios de salud para evitar ser denunciados por violación sexual.
León, que respalda el nuevo proyecto de ley al igual que toda la bancada oficialista, explicó hoy que la norma vigente es contradictoria con la legislación que reconoce el derecho de los adolescentes a casarse y reconocer a sus hijos, pues en la práctica les prohíbe tener relaciones sexuales consentidas.
La congresista aclaró que el proyecto, promovido por el Ejecutivo, sólo despenaliza las relaciones sexuales en el caso de consentimiento, pues cuando se presenta, por ejemplo, la figura de la seducción, esta se penaliza con una sentencia de 4 a 6 años de prisión.
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