Como comentan los informes, la Embajada de EEUU en Madrid ha desplegado en los últimos años importantes recursos para frenar o boicotear las causas judiciales abiertas en la Audiencia Nacional contra militares y políticos estadounidenses, de forma que utilizaron a fiscales y altos cargos del Gobierno para interferir en el 'caso
Couso', los vuelos de la CIA o las torturas en Guantánamo. De hecho, se pidió expresamente que no llegara estas causas difíciles en manos del juez
Baltasar Garzón, conocido por sus intentos por hacer justicia a nivel internacional, como con el chileno
Pinochet y otros casos muy mediáticos contra dictaduras militares.
De esta forma, destacados políticos y fiscales habrían cooperado con EEUU en la estrategia aportando a la embajada información precisa sobre la instrucción judicial o favoreciendo el archivo de los casos. Entre estos, figuran el fiscal general del Estado,
Cándido Conde-Pumpido, o el fiscal jefe de la Audiencia,
Javier Zaragoza. Sobre el fiscal
Eduardo Fungairiño, Los informes apuntan que su marcha de la Audiencia Nacional "dañará la cooperación judicial entre España y EEUU" y le tildan de "interlocutor de gran valor".
El diari
o 'El País', que posee esos informes, también desvela que, según los documentos, EEUU ofreció dinero a varios países para acoger a presos de Guantánamo. En concreto, a España le propuso 85.000 dólares por cada recluso acogido en nuestro país y para ello "aprovechó la necesidad del Gobierno de mejorar la relación".
EEUU presionó a la Audiencia Nacional para archivar casos
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Se quiso evitar que el juez Garzón llevara algunos casos complicados para no 'enfadar' a este país
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