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Blanco intenta atraer inversión privada

Cómo va a renegociar Fomento el convenio de los controladores aéreos

Cómo va a renegociar Fomento el convenio de los controladores aéreos

>> La privatización es buen negocio si se soluciona el avispero laboral creado en 1999

Las dos claves del conflicto se centran en la privatización del servicio, que es el punto por el que los controladores han intentado un 'golpe de estado', y el convenio del colectivo, un nudo gordiano que ató en 1999 el ministro de Aznar, Francisco Álvarez Cascos a base de unos privilegios descomunales. El Gobierno va a tener que recurrir a fórmulas imaginativas si no quiere ser llevado al Constitucional al tratar de modificar un convenio laboral.

Durante el gobierno de José María Aznar, Álvarez Cascos firmó un acuerdo millonario con los controladores por los que éstos percibirían el 300% más por las horas extras que realizaran, debido a la escasez de plantilla y al aumento del tráfico aéreo en el conjunto de las estaciones aeroportuarias del país.

Lo más grave fue que traspasó a los controladores las atribuciones de ese servicio público, desde el reclutamiento del personal, la instrucción del mismo, la habilitación, la organización del trabajo, el régimen laboral, los turnos, las libranzas, los descansos y el cómputo de las horas extras. En ese momento, el Gobierno popular estaba más ocupado en gestionar los milmillonarios fondos comunatarios destinados a equiparar España en infraestructuras con el resto de países de la Unión europea.

Estos fondos, además de ampliar y modernizar la red ferroviaria, sirvieron para llenar el país de aeropuertos de dudosa rentabilidad: según datos de la empresa, los 15 aeropuertos con menor tráfico (el 30 por ciento de la red) registraron una media global de 226 pasajeros diarios en 2009. Pero la obsesión por controlar los incrementos de plantilla llevaron a Cascos a la opción de engrosar los horarios a golpe de talonario, algo a lo que por cierto los controladores no objetaron cansancio mental ni estrés laboral.

Decreto de febrero

Desde 1999, el conflicto y el poder creciente de los controladores ha tenido campo abonado estos años, y ha saltado cuando la crisis y la imposible deuda de Aena, un organismo público, ha llamado la atención de Bruselas. En 2004,la ministra socialista ya, Magdalena Álvarez, en su primera comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso en junio de ese año, anunció que la deuda de AENA se había duplicado durante el ejercicio 2003 hasta un total de 5.300 millones de euros, a pesar de que los gobiernos anteriores dijeron que el organismo no se había endeudado. Y eso, que se crearon más de diez aeropuertos gracias a los fondos de cohesión europeos. Hoy , la deuda es de 12.000 millones con las inversiones comprometidas.

La última revuelta de este año se saldó con un decreto del actual ministro de Fomento, José Blanco, con el que se aseguraba que no había un cambio en las condiciones de trabajo de los controladores, sino una "regulación" de su situación. Ellos denuncian que el déficit de AENA no se debe a ellos sino a los gastos de inversiones en aeropuertos a los que no vuela nadie, y que "si aumentar la jornada laboral de 1.200 a 1.750 horas, imponer una jubilación a los 57 años o disminuir los períodos de descanso —todas medidas contempladas en el RDL— no son cambios de las condiciones de trabajo", explican desde el sindicato.

El quid, la privatización

Pero sí los controladores sabían los pormenores del decreto, ¿por qué esperar al puente de diciembre para realizar una huelga salvaje no anunciada? Porque el golpe de gracia que el sindicato, (y el de los pilotos también, ya veremos su reacción), no esperaba era que el Gobierno se iba a atrever a privatizar infraestructura y servicio de las dos joyas del país, Madrid y Barcelona. Los dos portavoces del sindicato han comentado en privado que el Ejecutivo no iba a arriesgarse a privatizar un organismo sin contar con los sindicatos más poderosos del ramo, Sepla y controladores. Pero lo ha hecho.

Y no ha tenido más remedio, porque el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo que anunciar una serie de medidas de ajuste el pasado martes para convencer a Bruselas y los mercados de que España hace frente a la crisis, entre ellas la de obtener más ingresos para reducir deuda y déficit, que es lo que nos tiene en el punto de mira. Entre ellas la de privatizar Aena y Loterías del Estado, dos de las pocas joyas de la corona pública que aún quedan.

La privatización de parte de Aena incluye además la posibilidad de gestionar de forma privada Madrid y Barcelona, donde se concentra el grueso de los controladores. Y dar entrada al capital privado implica dar entrada a decisiones de empresa privada, como las de contratar plantillas externas para cubrir conflictos, organizar expedientes de regulación de empleo si las condiciones económicas de la empresa o la situación lo requieren, planes de prejubilación...

Con este panorama en ciernes que no van a poder controlar, la negociación a partir de ahora se presenta muy complicada para el Gobierno, máxime porque pocos inversores se van a atrever a entrar si el 'avispero' laboral aéreo está tan revuelto. Pero hay un jugoso pastel, 7.000 millones que se amplía a 14.000 millones su sumamos Loterías, por ganar para las arcas españolas si se lleva a cabo la operación. Y Bruselas sigue mirando.

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