El letrado Juan Hoffman, acusado en el caso 'Malaya', ha declarado que "no tenía la intención ni el conocimiento de una influencia decisiva" del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, en la operación Crucero Banús y ha asegurado que en 2001 no tenía relación de amistad o negocio con éste, al que conocía "de hola y adiós". Además, ha apuntado que él no negoció el convenio urbanístico.
El juicio por la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga) se ha reanudado este lunes con la declaración de este abogado sobre la operación Crucero Banús, desarrollada en 2001, por la que también están acusados, entre otros, Roca, el ex comisario Florencio San Agapito y el que fuera primer teniente de alcalde Pedro Román.
En la operación Crucero Banús, según la Fiscalía Anticorrupción, Román "se concertó" con Roca, San Agapito y Hoffman "para adquirir una determinada parcela sobre la que se conseguiría, con un convenio, un incremento de edificabilidad, con objeto de revenderla, garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado". El perjuicio para las arcas municipales es de casi cinco millones de euros, mientras que los procesados lograron un beneficio de más de seis millones de euros.
Hoffman ha asegurado que el precio real de la operación urbanística fue de cuatro millones de dólares, que se correspondía con cuatro 4,3 millones de euros de la época, aunque se hizo constar un precio menor "por imposición del vendedor". Según la acusación, el convenio urbanístico con la corporación municipal permitió un incremento de edificabilidad de 532 a 11.406 metros cuadrados de techo, que el acusado ha reconocido.
Respecto a la negociación de este documento, ha señalado que supone que Román negociaría con Roca, aunque no lo sabe "a ciencia cierta", e incluso ha apuntado que cree que también se negociaron previamente estos parámetros por el vendedor con Jesús Gil. A preguntas del abogado del Ayuntamiento marbellí ha dicho que Román no le daba cuenta de las gestiones y no le comentaba con quién hacía negociaciones del inmueble.
Así, el letrado ha indicado que el convenio donde hubo ese aumento de edificabilidad "no sé como se llega ni con quién se negoció" y ha señalado que no sabía todos los parámetros cuando entró en el negocio con un siete por ciento de la sociedad que adquirió los terrenos. Tampoco sabe por qué se redujo el aprovechamiento urbanístico que le correspondía al Ayuntamiento, que según la acusación pasó de 5.442 a 2.400 metros cuadrados.
Asimismo, ha precisado que sabía que la edificación fue paralizada por los tribunales "porque probablemente no se ajustaba a la legislación urbanística que se consideraba vigente en aquel momento, pero el caos era total" y ha apuntado que no conocía que no se podía conceder licencia hasta que el planeamiento no estuviera aprobado, aunque ha incidido en que era práctica habitual "no sólo por gente en Marbella sino en toda España" el firmar convenios.
Según el fiscal, la operación se articuló a través de la constitución por estos cuatro procesados de una sociedad en Suiza, que es la que va a comprar las participaciones sociales de la entidad titular de los terrenos. Posteriormente, se transmite el 90 por ciento de esa sociedad a dos empresas representadas por el empresario José Ávila Rojas. Hoffman ha indicado que no sabía quién le sugirió a este constructor que se pusiera en contacto con él para llevar a cabo la operación urbanística.
Sobre la repartición de los beneficios, ha explicado que "se hace en Suiza, que es el domicilio de la sociedad", aunque ha indicado que no sabe si se llegó a hacer un reparto de dividendos formalmente, "creo que no". Ha señalado que no tuvo que ver en la constitución de las fundaciones donde los acusados supuestamente recibieron el dinero.
Sí ha dicho que tenía un poder en la fundación Melifero, vinculada con Roca. En este punto, ha manifestado que "tenía poder para disponer de los fondos, pero administrar, lo hacía el banquero". Ha declarado que para él la entrada de Roca en el negocio no tuvo nada que ver con la posición que tenía en Planeamiento 2000, ya que el porcentaje que tenía en la sociedad que compró los terrenos "no era una participación que le permitiera influir directamente en la sociedad".
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