Gobierno de México entrega en extradición a 12

Con base en el Tratado de Extradición entre México y los Estados Unidos de América, el gobierno de nuestro país extraditó a fugitivos de la justicia conforme hizo del conocimiento de la opinión pública, la Procuraduría General de la República.

Con base en el estricto cumplimiento de la ley y de los tratados vigentes que existen en la materia entre nuestro país y los Estados Unidos estos son los fugitivos que el gobierno de nuestro país a través de la PGR entregó en extradición.

Rigoberto Yáñez (a) “Primo” o “Primo Pedro”.Marco Antonio Luján. Sergio Humberto Luján. José Rodolfo Escajeda (a) “Riquin” o “Siete”. José Manuel Escobedo (a) “José Manuel Escobedo Ríos” o “Luis Jaramillo Torres”. Louis Damián Barrientos (a) “Louis Damián Barrientos Barba”. Cantalicia Garza (a) “Cantalicia Garza Azuara”
 
José María Cuevas (a) “José Huesos”. Timoteo Ríos (a) “Timo” o “Timoteo Ríos Macedo”.  Jacobo Rivera Peralta (a) “Jacobo”.  Ricardo Valdez Torres (a) “Ricardo Valdez-Torres” o “Cerebro” o “The Cooker”.  Alfredo Molina García (a) “Alfredo Molina-García” o “Güero”
 
Rigoberto Yáñez era buscado para ser procesado por delitos contra la salud, delincuencia organizada y lavado de dinero ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, ya que pertenecía la organización delictiva de los “Arellano Félix”, donde desempeñaba labores como receptor de la cocaína que llegaba a México, así como de las transferencias correspondientes del dinero generado por las ventas a Panamá, Colombia y países de Europa. Cabe destacar que también era sicario de la organización y sobornaba, secuestraba o ultimaba a personas que se negaban a cooperar o a pagar sus deudas.
 
Marco Antonio  y Sergio Humberto Luján eran buscados para ser procesados por delitos contra la salud y asociación delictuosa ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas, toda vez que en 2007 los fugitivos pertenecieron a una organización de tráfico de drogas dedicada a la distribución de cocaína a la Unión Americana. Ambos indiciados se declararon culpables por los delitos cometidos, por lo que les fue otorgada su libertad bajo caución, a condición de que comparecieran para escuchar su sentencia, sin embargo, en la primera oportunidad, huyeron de territorio estadounidense.
 
José Rodolfo Escajeda era buscado para ser procesado por delitos contra la salud y asociación delictuosa ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas, ya que de 2000 a 2006 el extraditable formó parte de una organización de tráfico drogas que manejaba la importación y distribución de marihuana y cocaína en territorio estadounidense, además de ser un miembro de alto rango al realizar funciones de recaudación y retorno de las ganancias derivadas de las ventas ilegales del estupefaciente.
 
José Manuel Escobedo era buscado para terminar de compurgar la sentencia que le fue impuesta por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Texas, por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, ya que entre abril y mayo de 2003, el indiciado se dedicó al abastecimiento de estupefacientes a otros narcotraficantes. Por tales delitos fue sentenciado a  cumplir diez años de prisión; sin embargo, el 8 de marzo de 2007 el reclamado logró escapar y huir a México cuando era transferido de la Correccional Federal de Oakdale, Louisiana a un Centro Penitenciario de mínima seguridad en Big Spring, Texas, faltándole aproximadamente 64 meses para terminar de cumplir su sentencia.
 
Por su parte, Louis Damián Barrientos era buscado para ser procesado por los delitos de lesiones calificadas y usar un vehículo para evitar su arresto ante la Corte de Distrito para el Condado de Webb, Texas, toda vez que el 21 de octubre de 2007 el fugitivo disparó contra una persona del sexo masculino con un rifle de alto poder provocándole serias lesiones.
 
Cantalicia Garza era buscada para ser procesada por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y contra la salud ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, ya que entre  2005 y 2006 perteneció a una organización de tráfico de drogas que importaba grandes cantidades de cocaína y marihuana a territorio estadounidense, y resguardaba y enviaba las ganancias obtenidas.
 
José María Cuevas era buscado para ser procesado por los delitos de homicidio, uso de un arma de fuego, posesión de un arma de fuego y tentativa de homicidio ante la Corte de Circuito del Condado de Clarke, Virginia, ya que el 9 de julio de 2008 el reclamado sin motivo alguno disparó contra dos personas del sexo masculino mientras aguardaba en su auto en el acceso de vehículos del lugar donde trabajaba en el Condado de Clarke, ocasionándole la muerte a uno de ellos y lesionando gravemente al otro.
 
Timoteo Ríos era buscado para ser enjuiciado por el delito de homicidio ante la Corte de Distrito en el Condado de Harris, Texas, ya que el 16 de abril de 2008, el inculpado trató de robar el auto de una persona del sexo femenino a quien apuñaló al poner resistencia.
 
Óscar Jacobo Rivera, Ricardo Valdez y Alfredo Molina eran buscados para ser sentenciados por delitos contra la salud y asociación delictuosa ante la Corte Federal  de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, toda vez que en 2001 las autoridades de Procuración de Justicia estadounidenses identificaron a una organización de tráfico de drogas dedicada a la importación de cocaína, heroína y fentanil a la Unión Americana para ser distribuidas a los estados Centro-Norte de ese país. Los extraditados establecieron una empresa fantasma llamada “Distribuidora Talios, S.A de C.V.” que les sirvió para obtener los químicos y equipo para producir fentanil, misma que se encontraba ubicada en la ciudad de Toluca, estado de México. Jacobo Rivera se encargaba de abastecer de los químicos y el equipo necesario para producir dichas sustancias químicas, mientras que Valdez era responsable de fabricar fentanil y heroína sintética y Molina tenía la tarea de la distribución final.
 
Con la destacada labor de la Policía Federal Ministerial de la Agencia Federal de Investigación (AFI), los procesados fueron localizados e internados en diversos centros penitenciarios, en tanto las etapas del procedimiento de extradición iniciado por la Procuraduría General de la República fueron agotadas y de que la Secretaría de Relaciones Exteriores dictara los acuerdos correspondientes por los cuales, en nombre del Gobierno mexicano, concedió la extradición de los reclamados a su contraparte estadounidense, al quedar éstos firmes y ejecutables tras agotarse los recursos legales a los que los reclamados tenían derecho.
 
El operativo de entrega se realizó en dos etapas: nueve de ellos fueron trasladados el pasado 11 de diciembre a las ciudades de Houston y Harligen, en Texas, mientras que de los demás, se hizo el cambio de custodia el 14 de diciembre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde la Policía Federal Ministerial entregó a los extraditados a los elementos de la oficina del US Marshals del Gobierno estadounidense.
 
Con acciones como ésta, una vez más la Procuraduría General de la República reitera sus esfuerzos por abatir los espacios de impunidad, haciendo manifiesta la estrecha colaboración entre México y el Gobierno de los Estados Unidos de América en el combate a la delincuencia, evitando que el territorio nacional sea refugio de prófugos de la justicia.