La Consejería de Gobernación y Justicia ha recibido un total de 206 solicitudes, de las que ya han sido aprobadas 94, a raíz del decreto que fue aprobado por el Consejo de Gobierno sobre una indemnización de 1.800 euros a las mujeres andaluzas que padecieron formas de represión sobre el honor, la intimidad y la propia imagen durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista.
El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ha dado a conocer estos datos en rueda de prensa, a raíz de que este jueves culmine el plazo para la presentación de la solicitudes, apuntando que se va a estudiar la posibilidad de una ampliación del mismo.
De las 94 solicitudes que ya han sido aprobadas, según el consejero, cinco son de la provincia de Almería; seis, de Cádiz; 34, de Córdoba; seis, de Granada; siete de Huelva; siete, de Jaén; 14, de Málaga, y 15, de la provincia de Sevilla.
Por otro lado, se han denegado 25 de las 206 solicitudes porque se referían a personas que no están censadas en la comunidad, y otras 37 por no cumplir los objetivos que se refieren a padres y familiares directos. Asimismo, hay 50 solicitudes a las que se han demandado ampliación de documentación.
El consejero ha indicado además que su departamento ya está trabajando en una orden que tiene que ver con una proposición no de Ley aprobada en el Parlamento sobre reconocimiento a familiares de personas víctimas de la dictadura.
La Junta concibe en su decreto la indemnización de 1.800 euros como un modo de reparación moral y reconocimiento al papel de esas mujeres en la construcción de la actual sociedad democrática. La indemnización, que se suma a las que desde 2001 viene concediendo el Gobierno andaluz a las víctimas de encarcelamientos y confinamientos en campos de concentración, hace referencia a hechos que no supusieron privación de libertad pero sí acciones vejatorias dirigidas especialmente contra la población femenina, como el rapado, la ingesta de aceite de ricino y la exposición al escarnio público.
El periodo considerado abarca los años de mayor incidencia de este tipo de represión, entre 1936 y 1950, según ha explicado el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha aclarado que en este momento no se tiene una estimación de las mujeres que podrían acceder a la indemnización.
En este sentido, el decreto contempla que ante la inexistencia de documentos que acrediten lo ocurrido en la mayoría de estos casos, las mujeres represaliadas podrán presentar cualquier prueba admitida en Derecho, incluidos testimonios de terceros y declaraciones juradas. Las pruebas serán revisadas por una comisión de estudio y valoración de la que formarán parte el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, Juan Gallo, un miembro de su equipo y tres técnicos de la Administración autonómica.
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