Este “despertar” ha generado una crisis institucional en la que la repartición de culpas no se ha hecho esperar, el primero fue el vicepresidente,
Angelino Garzón, quien aseguró que el florecimiento de las BACRIM y de la violencia en esta zona del país, se debía a la negligencia de los funcionarios públicos y de las autoridades de la región en su persecución de éstas.
"Lo digo públicamente, no pueden seguir los jefes de las bandas criminales, que son verdaderas expresiones narcoterroristas, movilizándose como 'Pedro por su casa'…ningún alto servidor público puede esconderse detrás del miedo para no actuar frontalmente contra la criminalidad organizada", expresó
Garzón.
Sin embargo, para el director de la Policía Nacional, el general
Óscar Naranjo, las palabras del vicepresidente resultan
“injustas”, pues
“no se puede tranferir la responsabilidad de los criminales a las autoridades”.
Naranjo señaló que en los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba han sido capturados en los últimos años, más de 5 mil personas señaladas de pertenecer a las bandas criminales.
Así mismo, el director de la Policía indicó que desde agosto pasado han sido detenidas 573 personas por el delito de minería ilegal, pero que la mayoría están en libertad condicional. Además, han sido cerradas 56 minas sin licencia para su explotación. El general indicó también que se elaboró un mapa de riesgo, en el que aparecen 7 departamentos.
De otro lado, el ministro de Defensa,
Rodrigo Rivera, es necesario que el sistema penal acusatorio sea
"rebalanceado", pues aunque los integrantes de estas bandas son capturados por delitos como porte ilegal de armas, porte de narcóticos o pertenencia a grupos ilegales, salen muy fácil de prisión.
"Es necesario que las penas sean incrementadas sustancialmente para los miembros de estas bandas…y los beneficios judiciales deben ser reducidos para garantizar que paguen en la cárcel sus culpas y no que salgan de prisión por una puerta rotatoria. Tenemos que controlar ese carrusel de personas que entran por una puerta a la cárcel y luego salen por los beneficios que la misma ley les otorga", enfatizó el ministro.
Rivera anunció que el Gobierno Nacional prepara un paquete especial de medidas con el fin de hacerle frente al recrudecimiento de la violencia en el país.
"Los colombianos vamos a ganar la batalla contra las bandas criminales. Están generando un desafío y así como otros que se creían intocables cayeron en el pasado también los actuales jefes de las BACRIM y sus estructuras también van a caer", aseguró el funcionario.
Además, el funcionario sostuvo que si los integrantes de las BACRIM se quieren entregar, será
“aceptando el sometimiento a la justicia pero no como parte de una negociación de paz”, pues agregó que
“la decisión del Gobierno es combatir esas organizaciones”.
El ministro anunció que el próximo miércoles se trasladará a Montería para revisar los resultados de los consejos regionales de seguridad.
Por último, la Fiscal General,
Viviane Morales, sostuvo que como parte de la lucha contra las bandas criminales se espera la aprobación de un proyecto en el Congreso para ampliar los términos de las investigaciones.
"Se busca ampliar el tiempo entre la formulación de la imputación y la acusación que es de 30 días y se ha demostrado que es muy corto para armar la investigación", indicó.
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