Los empleados públicos exigen su derecho a manifestarse por la Gran Vía de Murcia

Los empleados públicos exigen su derecho a manifestarse por la Gran Vía de Murcia, tras conocer que el Gobierno regional ha solicitado a través de su "acompetente" consejero de Justicia, Manuel Campos, que modifique el itinerario de la manifestación del próximo día 25 de enero contra la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas.

　　 Y es que, subrayó Pedro Manuel Vicente Vicente, coordinador del Área Pública de CCOO, "no aceptaremos ningún cambio en el recorrido de dicha manifestación ya que hasta la fecha no se ha producido ninguna alteración del Orden Público, en las anteriores manifestaciones".

　　 "No se puede justificar la modificación del recorrido de una manifestación en la que más de 40.000 ciudadanos ejercen su legítimo derecho a manifestarse por la vía que acoge el grueso de las manifestaciones culturales, festivas, sociales y políticas de la ciudad de Murcia, ante organismos como la Delegación de Hacienda, el Banco de España y la Consejería de Hacienda", añadió a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda.

　　　　A juicio de las organizaciones sindicales, "la modificación del recorrido conllevaría el efecto contrario, ya que intensificará la indignación generalizada del colectivo, que tras el recorte de sus derechos laborales y el intento de enfrentarlo a la población, presentándolo como privilegiado e insolidario, observa como se quiere criminalizar su ejercicio del derecho constitucional a manifestarse libre y democráticamente".

　　 La actitud del Gobierno regional, subrayan los sindicatos, "una y otra vez, parece ser la de echar más leña al fuego y aumentar la tensión, queriendo desviar la mirada del problema principal: La Ley de Medidas Extraordinarias".

　　 Tras lo que critican que el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, mantenga al consejero de Justicia, sin competencias, "como comisario o intermediario político encargado de hablar y convencer a los altos cargos judiciales de esta Región, valiéndose no sólo de su cargo sino también de su condición de Fiscal".

APLICAR NORMATIVA

　　 Por lo que exigen a la Delegación del Gobierno que, "en aras de rebajar la tensión y garantizar el derecho de manifestación", no acceda a dicha petición, así como al Poder Judicial "que muestre su independencia y que no se deje intimidar ni manipular por los cargos políticos".

　　 En la misma línea se ha manifestado este miércoles el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, quien se ha mostrado en contra de la petición efectuada por el consejero de Justicia, ya que, señala, "hay una amplia jurisprudencia que permite a las organizaciones sindicales establecer el itinerario".

　　 Asimismo, ha indicado que este itinerario "sólo puede ser modificado por cuestiones de orden público, que en este caso no se dan", al tiempo que ha recordado que en otras concentraciones de sociales o culturales también se utiliza el mismo itinerario.

　　 "Espero que la Delegación del Gobierno no tenga ninguna dificultad para aplicar la normativa vigente que le permite a las organizaciones sociales proyectar las manifestaciones", ha apostillado.

　　 Por su parte, el secretario general de CCOO, Daniel Bueno, ha afirmado que "si se nos plantea formalmente esta petición, le diremos a González Tovar que refuerce la seguridad en torno al domicilio del presidente. Además, le hemos dicho a los manifestantes que no se produzcan más lanzamientos de huevos, aunque considero que esos lanzamientos no pueden ser considerados como una amenaza al orden público".

　　 Finalmente, ha señalado que ha llegado a escuchar que el Ayuntamiento de Murcia "quiere desplazar las manifestaciones al extrarradio de la ciudad, pero el derecho de manifestación o de reunión están consagrados constitucionalmente".

LAS MANIFESTACIONES EN LUGARES DE TRÁNSITO PÚBLICO NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN PREVIA

La Delegación del Gobierno ha explicado que las reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público "no necesitan de autorización previa", todo ello "según la legislación sobre la celebración de este tipo de eventos. De esta forma, añade que la Delegación "no autoriza ninguna reunión o manifestación".

　　 De esta forma, la Delegación ha respondido al consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana, Manuel Campos, que ha adelantado este martes que se va a pedir al delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, que se cambie el itinerario de la manifestación que los sindicatos protagonizarán el día 25 contra los recortes, para que no pase por el domicilio del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel.

　　 En este sentido, la Delegación ha señalado que los organizadores o promotores de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público, deberán "comunicar por escrito a la Autoridad Gubernativa su celebración con una antelación de diez días naturales".

　　 Así, ha precisado que, cuando la convocatoria sea urgente, por causas extraordinarias y graves, la comunicación "podrá hacerse con una antelación mínima de 24 horas".

　　 Asimismo, la Delegación ha reseñado que la Autoridad Gubernativa podrá prohibir las reuniones y manifestaciones comunicadas, o bien proponer a los promotores la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de éstas en el plazo máximo de las 72 horas de dicha comunicación, si existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes.

　　 La Delegación ha hecho estas precisiones "para aclarar el papel que la legislación asigna a esta institución se aporta la siguiente información", ya que "algunos políticos han realizado apreciaciones estos días sobre la autorización de las manifestaciones por parte de la Delegación del Gobierno".

　　 Al respecto, la Delegación ha citado el artículo 21 de la Constitución Española, que reconoce el "derecho de reunión pacífica y sin armas", y que el ejercicio de este derecho "no necesitará autorización previa". En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones "se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes."

　　 Respecto de las reuniones y manifestaciones no comunicadas, la Delegación del Gobierno dice que "no podrá ejercer el control señalado anteriormente", y añade que "no procede la imposición de sanción alguna en el caso de la no comunicación de las reuniones y manifestaciones, pues el ejercicio de dicho derecho no está sometido a autorización previa".

　　 La Delegación del Gobierno, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "debe garantizar el derecho de los ciudadanos a ejercer su derecho constitucional de reunión de forma pacífica y sin armas", mientras que su actuación "está sometida al control de Jueces y Tribunales de Justicia".

　　 La Delegación del Gobierno "solo podrá suspender y disolver las reuniones y manifestaciones cuando se consideren ilícitas de acuerdo con las Leyes penales, cuando se produzcan alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, y cuando se hiciere uso de uniformes paramilitares por los asistentes".

　　 Así, concluye que el Tribunal Constitucional "entiende que los trastornos y restricciones en la circulación de personas y vehículos que se producen en el ejercicio del derecho constitucional de reunión y manifestación, es una circunstancia ineludible del citado ejercicio del derecho, debiendo soportar el resto de ciudadanos tales trastornos o restricciones".