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TSJ Murcia mantiene la imputación al ex alcalde de Totana por nueve delitos

miércoles 26 de enero de 2011, 00:39h

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha acordado mantener la imputación al ex alcalde de Totana y diputado regional, Juan Morales, por nueve delitos, entre los que figura el de cohecho, falsedad documental y malversación de caudales públicos, derivados de la gestión de numerosos convenios urbanísticos y otras operaciones en la localidad, en el marco de la operación Tótem, en la que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio.

   Asimismo, en el auto, dictado por el magistrado instructor de la Sala, Julián Pérez-Templado, se decide acordar el sobreseimiento provisional respecto a Juan Marín Bravo, Francisco Sánchez Martínez, Emiliano Ovide, Vicenta García, Enrique Moya, Antonio Cánovas y M.N., al no existir indicios concluyentes de actuaciones ilícitas.

   En cuanto a los delitos que se le imputan al ex regidor totanero, se desprenden, según el magistrado, de su gestión de convenios urbanísticos, en concreto el que promovió con la empresa gallega Inmonuar, propiedad de Manuel Núñez Arias, en el Raiguero.

   Para que dicha operación llegara a buen puerto, Morales se involucró en la compra de terrenos a través de personas interpuestas, entre ellas su ex mujer, María del Carmen Jordán, por las que obtendría, a cambio, una "sustanciosa" comisión que se documentó como reconocimiento de deuda de la empresa Inmonuar a Nubia Inversiones por un importe superior a tres millones de euros.

   Por otro lado, Morales también se interesó por la venta de unos terrenos de la sociedad municipal Proinvitosa a favor de Gabriel Martínez, de Huevos Maryper; una operación en la que también participó el presidente de la sociedad, José Miguel Martínez, facilitando la aprobación del negocio.

   Otras actividades acreditadas de Morales fue el envío de dinero a Brasil a través de su pareja, Vaneide Freita, además de llamadas telefónicas a ésta y otras amigas de Brasil con cargo al teléfono municipal, y la sustracción y apoderamiento de expedientes municipales.

   Por todo ello, el magistrado entiende que los hechos son constitutivos de diversos delitos. El primero de ellos, el de cohecho, debido a las comisiones que solicitó mediante personas interpuestas en contratos sobre arrendamientos de servicios para la compra de terrenos.

   La Sala entiende, igualmente, que Morales influyó en su condición de alcalde en la aprobación de actuaciones urbanísticas posteriores, por lo que procede a la imputación de los presuntos delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y prevaricación; y que redactó documentos a sabiendas de su falsedad, como la expedición de certificados municipales falsos para facilitar el acceso a España de dos ciudadanas brasileñas, incurriendo en una presunta falsedad documental.

   El ex alcalde totanero, durante su gestión al frente del Consistorio, también intervino en una operación que se realizó entre Huevos Maryper y Smufirt Kappa, según la cual la empresa Proinvitosa renunciaba al derecho preferente de adquisición de terrenos municipales al precio original enajenados a la segunda y adquiridos por la primera en detrimento del patrimonio de la empresa municipal de la que era, en su condición de alcalde, presidente de la Asamblea General de la misma.

   Por ello, la Sala considera que los hechos son constitutivos de presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a los funcionarios y prevaricación.

   Mientras que los delitos de presunta receptación por blanqueo de capitales y de infidelidad en la custodia de documentos se derivan por utilizar el móvil del Ayuntamiento para hacer llamadas particulares a Brasil, y el envío de una cantidad superior a los 150.000 euros a ese país de una procedencia desconocida y la sustracción y apoderamiento de expedientes oficiales del Consistorio que se encontraron en su domicilio y en la gestoría de la que era propietario, junto con su ex esposa.

   Igualmente, sostiene el magistrado que la pareja de Morales cooperó con éste al exportar dinero a Brasil para la adquisición de un inmueble, manteniendo, de este modo, su imputación por la receptación en la modalidad de blanqueo de capitales.

RESTO DE IMPUTADOS POR COHECHO Y OTROS DELITOS

   La Sala considera también que la ex mujer de Morales, así como el testaferro de éste, Juan Antonio Álvarez; Fulgencio Marín Bravo --de 'Agroproducciones Integradas S.L.--; Domingo Sánchez Martínez --de Visanfer S.S.--; el propietario de Inmonuar y Nuaria Inversiones y promotor del convenio urbanístico con el Consistorio totanero, Manuel Núñez Arias; el director general del Grupo Nuaria, José Antonio Carrocera; el gerente de Nubia Inversiones, Joaquín Carmona; y su socio, José Antonio Alcántara; y el empleado de Núñez, Pablo Maceiras, incurrieron en un presunto delito de cohecho por las operaciones realizadas de arrendamientos, convenios urbanísticos y comisiones, entre otras.

   El magistrado instructor expone que Gabriel Martínez, de Huevos Maryper, intervino en la solicitud de una comisión encubriendo al ex alcalde; hecho constitutivo de un delito de cohecho; y de haber participado también en una operación entre esta empresa y Smurfit Kappa para conseguir la renuncia de los derechos de miembros del Consejo de Administración de Proinvitosa del derecho de adquisición preferente que la empresa tenía sobre los terrenos, incurriendo en un presunto delito de fraude y malversación de caudales públicos.

   Finalmente, imputa al presidente del Consejo de Administración de Proinvitosa, José Miguel Martínez Soler, los presuntos delitos de fraude, malversación y negociaciones prohibidas a los funcionarios y prevaricación por participar, por indicación de Morales, en dar un tratamiento "subrepticio a la solicitud de Kappa y Maryper para adquirir un solar, con pérdida del derecho de adquisición preferente para la sociedad municipal".

   El Ministerio Fiscal y la acusación personada tiene de plazo diez días para formular el escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

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