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Intervención de Mariano Rajoy

Queridos amigos, muchas gracias. Quiero felicitar a todos los que habéis trabajado en este proyecto, a los que habéis facilitado este trabajo y también a todos los que hoy nos prestáis el inapreciable apoyo de vuestra compañía y de vuestra atención. Gracias de verdad.

 

Debemos felicitarnos todos porque trabajamos en la dirección adecuada. Estamos logrando que el Partido Popular se presente ante los españoles con las propuestas más serias sobre los problemas que más inquietan a la gente.

 

Hoy nos hemos ocupado del capítulo que considero más importante en la política española, puesto que afecta a la Constitución.

 

¿De qué se trata? Por resumirlo en pocas palabras, queremos salir al paso de aquellos aspectos de nuestro modelo territorial que, en el sentir de la mayoría de los españoles, reclaman una corrección inaplazable.

 

En 1978, al aprobar la Constitución, establecimos en España un nuevo modelo de Estado: el de las autonomías. De pocas cosas hemos estado tan orgullosos los españoles desde entonces; ninguna otra ha contribuido tanto a la transformación material de nuestro país; ninguna ha fomentado tanto la participación política de nuestra gente; ninguna en fin, puede contribuir tanto a la prosperidad de todos los españoles.

 

Bien podemos hablar nosotros, desde el Partido Popular, que hemos aportado más presidentes de comunidad que nadie, que hemos gobernado y gobernamos las comunidades más prósperas, las más dinámicas, las más habitables y que hemos contado entre nuestros gestores autonómicos a personalidades tan significativas como José María Aznar, que presidió Castilla León, don Manuel Fraga, que ha presidido Galicia y yo mismo, que, aún en otras dimensiones, tuve la fortuna de ser vicepresidente de Galicia. Algo sabemos de esto.

 

No creo que nadie pueda imaginar hoy una España sin sus autonomías. En mi opinión, si no existieran o desaparecieran, habría que crearlas, porque han sido un acierto.

 

Pese a sus defectos —que los tienen, y de eso vamos a hablar— pese a los abusos que hayan podido favorecer, el balance de esta experiencia es muy positivo. Se trata del modelo de administración más adecuado para España, pero tenemos que aprender a mejorarlo inteligentemente; esto es, a reducir sus problemas y a multiplicar sus ventajas.

 

Sin duda, es bueno delegar las responsabilidades para situarlas junto a quien mejor pueda ejercerlas. No cabe duda de que es el modelo de gestión que está más cerca de los innumerables matices que ofrece la realidad. Es cierto que, en invierno, todos pasamos frío y, en verano, todos calor; pero existe una enorme variedad de fríos y de calores en España. Es mejor que se ocupen de ello los propios interesados, porque cuando lo hace la administración central, con frecuencia acaba repartiendo abrigos o bañadores al buen tun-tún.

 

Sin duda es absurdo que, para satisfacer las necesidades cotidianas del vecindario, debamos estar pendientes de responsables remotos y peor informados. Es absurdo, pero igualmente lo es que arrebatemos al Estado aquellas competencias que nadie puede desempeñar en su lugar y que, en consecuencia, condenamos al abandono.

 

No estamos, pues, ante una cuestión ideológica. La delegación de funciones es un signo de nuestro tiempo y está detrás de cualquier éxito político, social o empresarial. No es una cuestión ideológica y, en consecuencia, no admite enfoques variables según las coordenadas de cada partido.

 

Se trata de una cuestión práctica tan sencilla como resolver quién atiende mejor cada problema.

 

No estamos hablando de implantar nada nuevo, sino de atender los deseos que expresaron los españoles al aprobar la Constitución de 1978, y responder a sus esperanzas.

 

Los españoles decidimos conformar un estado unitario, esto es un estado que no es ni federal, ni confederal ni plurinacional. Unitario. De eso es de lo que estamos hablando porque eso es lo que decidieron los ciudadanos.

 

Un estado unitario puede organizarse de muchas maneras, desde la más ineficaz que contempla el máximo control central de todas las actividades, hasta la más productiva que fomenta la máxima delegación de funciones delegables.

 

Los españoles hemos escogido la segunda, la más útil cuando se piensa en la eficacia o en la eficiencia. Nadie en este terreno ha ido tan lejos como nosotros.

 

Pero es preciso que hagamos las cosas bien, porque la eficacia podría irse al traste si nos descuidamos. Para eso nos hemos reunido: para repasar una situación que está creando problemas muy serios que amenazan nuestro desarrollo, nuestra prosperidad e incluso nuestra concordia. Problemas que tienen remedio si son atendidos pero que se agravarán si no se atajan.

Aquí no hemos venido ni a coleccionar ocurrencias ni a elaborar recetas doctrinarias. Estamos al servicio del interés general.

 

¿De qué estamos hablando? De lo que habla todo el mundo. No hay día en que no se alcen, en España y fuera de España, voces preocupadas por la marcha de los acontecimientos. Un día son las organizaciones empresariales, otro Comisiones Obreras, otro la Conferencia Episcopal, los funcionarios del Estado o las asociaciones de estudiantes. Los ciudadanos se quejan del desbarajuste de atribuciones. Cuesta averiguar dónde está la ventanilla adecuada, quién es el responsable de solucionar los problemas o por qué hay una minuciosidad tan exagerada en el ejercicio de las competencias entre las diferentes administraciones. Todo el mundo aprecia que el sistema sufre distorsiones innecesarias y que las cosas debieran funcionar mucho mejor.

 

Es evidente que el Estado Autonómico tenía y tiene defectos. Incluso el Gobierno actual lo entendió así al principio de su mandato. Por eso solicitó un informe al Consejo de Estado, quien, por cierto, elaboró un dictamen magistral. A nosotros nos pareció todo un monumento a la razón. Lamentablemente, el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero ha preferido no hacerle caso.

 

Existen problemas que son de pura funcionalidad. ¿A quién se le reclama un fraude? ¿Quién es el responsable de un vertido tóxico o de un incendio forestal? ¿Quién debe prestarnos asistencia en las grandes nevadas, las inundaciones o la peste aviar? ¿Acaso es consecuencia del progreso que no sepamos señalar responsables claros, que no dispongamos de mecanismos eficaces de coordinación, que mostremos de vez en cuando, tanto en las catástrofes como en los fraudes a los consumidores, una penosa falta de profesionalidad?

 

Otros problemas nacen de un enfermizo empeño por diferenciarse. Estamos erizando el país con barreras de toda especie: reglamentarias, laborales, comerciales, lingüísticas, ecologistas. Estamos quebrando nuestra propia unidad de mercado, la libertad de empresa y la libre circulación de trabajadores. Parecemos deliberadamente empeñados en perjudicarnos por la obsesión de imponer diferencias donde están fuera de lugar.

 

Esto se puede generalizar sin error, porque algunos están logrando que desaparezca de España cualquier atisbo de lo que pueda considerarse una política española. Los ciudadanos quieren políticas españolas, pero en su lugar se les está ofreciendo un repertorio de 17 iniciativas dispersas y a menudo contradictorias. ¿Necesitamos una educación que pueda llamarse española? ¿Y una ley del suelo? ¿Y una ley del agua? Se mire hacia donde se mire, el problema es siempre el mismo: falta de coordinación, carencia de políticas globales.

 

No me voy a extender en este apartado, pero problemas muy parecidos ofrece nuestra política internacional. España pierde presencia en el exterior, al margen de otras razones, porque pierde una voz única. Le cuesta mucho elaborar una política nacional. Esto significa que debilitamos nuestras posibilidades en lugar de fortalecerlas. Ni sabemos presentar una política unitaria ni mejoramos nuestra capacidad de competir ni ayudamos a que se nos contemple como una nación seria.

 

En resumen: estamos caminando absurdamente hacia un Estado ineficaz dentro de nuestras fronteras e irrelevante fuera de ellas. Un Estado difícilmente viable.

 

Las causas de todo esto son varias: tal vez un exceso de ingenuidad en la Transición, sumada a la imposibilidad de prever todos los problemas, sin olvidar la influencia de los partidos nacionalistas y, finalmente, la llegada al Gobierno del señor Rodríguez Zapatero y su obcecado empecinamiento por romper todo consenso constitucional.

 

Las repasaré con brevedad.

 

Es verdad que los españoles no fuimos capaces en 1978 de prever todos los problemas, como es natural. Nunca es posible adelantarse al futuro. La sociedad cambia mucho más rápidamente que nuestra capacidad de previsión y es inevitable que las leyes caminen siempre por detrás de los acontecimientos. Esto es cierto en general. En nuestro caso particular, ocurría, además, que ni habíamos ingresado en la Unión Europea ni era nadie capaz de imaginar las posiciones que llegaría a ocupar el PSOE de hoy.

 

Nadie pretende que las normas sean eternas. Las leyes se hacen para que vayan funcionando en la confianza de que podrán reformarse cuando los cambios de las circunstancias lo reclamen. Lo que ocurre hoy en España es que, si pretendemos corregir algunos desajustes de acuerdo con las nuevas necesidades, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Nos lo hemos prohibido: las competencias han cambiado de manos, están desperdigadas y en muchos casos se arrogan la prerrogativa de derechos irrenunciables. Es decir que nuestros errores se convierten en contumaces e incorregibles. Es como si los españoles hubiéramos empleado la ley para atarnos las manos los unos a los otros.

 

El segundo factor causal, sin duda, ha sido la indiscutible influencia ejercida por los partidos nacionalistas.

 

Aquel encomiable afán de concordia que presidió la Transición nos animó a facilitar la integración de los partidos nacionalistas en el proyecto común, a concederles generosas ventajas electorales y, sobre todo, a convivir sin crítica con unos presupuestos ideológicos, en muchos casos, en franca contradicción con los planteamientos de la Constitución.

 

El resultado ha sido que los nacionalistas se hicieron indispensables en el panorama político español y que han ejercido una influencia que está muy por encima de su implantación real entre el electorado.

 

Reconozco que, en muchas ocasiones, su postura política ha sido positiva y responsable, pero no podemos negar que su influencia ha servido, principalmente, para fomentar la difusión de un error, al que todos hemos contribuido. Consiste el error en confundir nacionalismo con deuda pendiente y nacionalidad histórica con privilegios. Porque lo malo no es que estas ideas las sostengan los partidos políticos nacionalistas. El error de los españoles ha consistido en permitir que tales ocurrencias se dispersaran fuera del campo nacionalista, hasta el extremo de que muchos españoles de hoy piensan ingenuamente que, para disfrutar de los derechos constitucionales, es más importante ser nacionalista que ser español.

 

En efecto, hay quien piensa que para poder igualarse con los más privilegiados en rentas o en cultura, para ser más, en una palabra, no les basta con ser españoles: necesitan disfrazarse de nación. Es como si dijeran: cuanto menos españoles parezcamos, mejor nos irá. La deformación mental no puede ser más absoluta.

 

El resultado a la vista está en esa carrera por exaltar prejuicios, atributos míticos, identidades artificiales y nacionalismos de oropel. Más o menos como si en España nos hubiéramos puesto a otear el futuro pero con el catalejo al revés.

 

No deja de ser paradójico que, disponiendo del mejor soporte imaginable para nuestros derechos y nuestra libertad, vayamos a buscarlo donde no está. Pero es así. No se busca la legitimidad en la ley, en la igualdad, en la razón. Se apela al privilegio, la diferencia y la desigualdad. ¿Qué ha ocurrido con nuestra cultura cívica? ¿Es que ahora la modernidad consiste en hacernos pre-constitucionales?

 

No existe en nuestra Constitución ni una línea, ni una disposición adicional, que diga que un español disfruta más derechos que otro o que la legitimidad de sus derechos tiene otro origen que la razón la justicia y la igualdad. Pese a ello, se extiende la moda de apelar al prejuicio, al privilegio y a la insolidaridad.

 

Parece como si en vez de integrar a los nacionalistas en el proyecto común, hubiéramos logrado lo contrario: trasmitir a los españoles su mal ejemplo.

 

Hemos de gastar toda la energía que sea necesaria para corregir este malentendido y explicar a los españoles que sus derechos no nacen de papeles rancios ni de prejuicios polvorientos; que sus derechos derivan de la Constitución y del hecho de ser españoles.

 

Todo esto no hubiera bastado para llevar las cosas demasiado lejos si se hubiese respetado el consenso. La Constitución podrá tener defectos, la Transición pudo pecar de ingenua y los sucesivos gobiernos han podido distraerse, pero conservábamos una válvula de seguridad —el acuerdo entre el PSOE y el PP— que era la mejor garantía de que, en la estructura de nuestro edificio constitucional, todos los riesgos estaban bajo control. Un consenso responsable nos aseguraba que las cosas jamás llegarían demasiado lejos.

 

En España somos hijos del consenso. Ni siquiera cabe imaginar nuestro diseño constitucional sin el consenso. Deseábamos con vehemencia disponer de una la Constitución que fuera de todos y para todos. Esto no significa que todo lo de la Constitución nos gustara a todos. La abrazamos porque aquella tenía que ser la casa de todos. Nació porque todos aceptamos los contenidos que nos agradaban a los unos pero, también, los contenidos que agradaban a los demás. Creció porque nos impusimos una voluntad de acuerdo, de entendimiento y de concordia que se prolongó a lo largo de todo el desarrollo constitucional y de sus reformas en los años 92 y 96.

 

Así hubieran seguido las cosas en España de no ser porque el señor Rodríguez Zapatero decidió quebrar cualquier posibilidad de entendimiento entre los españoles e imponernos a todos su propio gusto sin encomendarse a nadie.

 

No se qué hubiera ocurrido si el señor Rodríguez Zapatero hubiera estado al frente del PSOE en 1978. No sé si hubiéramos tenido Constitución. Lamento abrigar esta duda.

 

Me gustaría tener una explicación inteligente para esta conducta que impone la ruptura y la marginación, pero no la tengo, ni inteligente ni moral. Lo singular de la situación actual es que sea el PSOE quien encabeza el movimiento para desmantelar el Estado y convertirlo en residual; lo malo es que lo hace de tapadillo; y lo peor es que este afán por dejarnos un Estado en ruinas, un estado inviable, no se sabe a qué nobles motivos responde. Tal vez a ninguno.

 

Evidentemente, no se hace por nada que tenga que ver con la Constitución (le da igual ésta que cualquier otra), ni con el Estado (no tiene preferencias) ni con España (sobre la que carece de ideas). Al parecer, se hace única y exclusivamente porque se considera que conviene a sus intereses electorales. Tal vez piensa el señor Rodríguez Zapatero que, mientras se baile bien el rigodón con los nacionalistas, no hay que temer que el PP pueda desplazarlo del Gobierno.

 

Yo creo que en esto se equivoca dos veces: la primera, porque calcula mal sus hipotecas y la lealtad de los nacionalistas; la segunda, porque menosprecia la fuerza que los españoles pueden darle al PP. Olvida que, para la mayoría de nuestros compatriotas, España es más importante que cualquier consideración partidista.

 

Éste ha sido el principal error y la principal fuente de errores del señor Rodríguez Zapatero. Un error que ha alcanzado su clímax con el estatuto de Cataluña. No lo traigo a colación para reabrir esta polémica, sino a guisa de ejemplo de cómo, por este camino, hemos llegado a un punto en que se quiebra la arquitectura constitucional y se improvisa un nuevo modelo de Estado que ni siquiera está definido. Estamos recién instalados en la incertidumbre institucional, sometidos a una doble legislación. Ni siquiera sabemos si ahora en España rige el interés general o el interés particular, ni qué ocurrirá cuando colisionen. Antes vivíamos sometidos al imperio de la ley. Ahora, no se sabe. Añadamos que se ha creado un precedente gravísimo al que todas las comunidades querrán acogerse legítimamente. Insisto: legítimamente. Sí. Insolidariamente podríamos decir, también, pero ¿quién les dice que unas regiones tiene menos derechos que otras? Si esta rueda sigue rodando, arruinaremos sin duda todo el esfuerzo de los españoles desde 1978 hasta hoy.

 

Y, dicho sea de paso. ¿La negociación con ETA tiene algo que ver con esto? Es obvio que lo agrava todo, porque pretende lo más inadmisible, lo más suicida: preguntar a ETA cómo quieren los terroristas que sea España.

Consecuencia de todo esto es que en España se hayan insinuado dos ideas sobre el modelo de Estado que, si no se combaten y se corrigen, harán imposible cualquier intento de reforma. Hemos de comenzar por explicar a los españoles que las cosas no son como se están difundiendo.

 

El primer malentendido sostiene que la idea de una España unitaria está fuera de lugar. Según esto, la España de hoy no es ni debe ser más que la suma de las comunidades autónomas. Mientras estas sean fuertes, se dice, no tenemos nada que temer por el conjunto. El conjunto es la suma, y la suma será tanto más sólida cuanto más se emancipen los sumandos. Estamos una vez más ante conocida doctrina de a la unión por la dispersión.

 

La segunda idea es consecuencia de esta y se refiere al menosprecio del Estado. Según ella, cuanto menor sea el tamaño y el peso del Estado, mejor para todos. Lo deseable, dicen, es que cada comunidad autónoma alcance el máximo de competencias, que cuando se les agoten se suba el techo y que, mientras quede algo en el Estado para repartir, que se reparta. Cuanto más se reparta, mejor para todos.

 

En resumen: se intenta convencer a los españoles de que no necesitamos tanto Estado; que nos basta con uno residual que no se meta en nada, que se difumine, que no moleste.

 

Estamos ante una idea absolutamente cavernícola que no se sostiene ni siquiera en los estados federales, como está demostrando Alemania. Ningún país deseas arruinar su propia fortaleza. Este es un exclusivo capricho español del momento.

 

Algunos olvidan que las autonomías nacieron para formar parte del Estado, como un desarrollo del Estado, no para enfrentarse al Estado o pretender dejarlo inservible.

 

Parecen olvidar también que, por mucho que España descentralice su administración, no deja de ser un proyecto común, tal y como los españoles decidieron en 1978. No estamos construyendo particularismos. Estamos construyendo España.

 

España, señores, es mucho más que la suma de 17 comunidades autónomas. España es un proyecto de vida alentado por cuarenta millones de habitantes con una historia común, una experiencia compartida, una cultura comprensible, una mezcla milenaria de sangres y de familias. España es una voluntad de caminar juntos, un propósito de compartir alegrías y solidaridad.

 

Nuestras comunidades autónomas no son más que una de las muchas formas que podría adoptar España. Una de ellas. España es el todo de las partes, es la cabeza del conjunto, es el cemento de unión, es la depositaria del interés común. Sólo de mala fe puede afirmarse que una España débil es compatible con unas comunidades fuertes. Si España se debilita, sus comunidades autónomas no valdrán un céntimo. No se puede parcelar una nación sin perder eficacia. No se puede descabezar un organismo político sin reducirlo a la nada. No es posible elaborar un proyecto común en una selva de contradicciones paralizantes.

 

¿Acaso las comunidades autónomas podrían reemplazar al Estado? No. Nunca podrán hacerlo porque sus cometidos son diferentes. Podrían repartírselo como quien se reparte una merienda, pero se quedarían con las manos vacías.

 

Hay tareas en las que nada ni nadie puede reemplazar al Estado. Así ocurre con la tutela de los derechos, con la protección de la igualdad, con la garantía de la solidaridad, y, sobre todo con la defensa de la libertad. Todas estas tareas las hemos dejado en manos del Estado y si éste dejara de atenderlas, no las atendería nadie.

 

Porque la protección de los derechos ni se transfiere ni se delega. La única garantía sólida para nuestra igualdad es que no la hemos situado bajo el amparo de esta o de aquella parroquia, sino de toda la comunidad española, de toda la nación.

 

La única instancia que protege mis derechos, la única que defiende el interés general, es el Estado, porque es la única que cuenta con la fortaleza necesaria para hacerlo, la única que no defiende intereses particulares, la única que piensa en todos por igual, vistan como vistan, piensen como piensen, vivan donde vivan.

 

Y hablo de todos los derechos, hablo de la igualdad de trato y de la igualdad de oportunidades, hablo de la solidaridad y sobre todo hablo de la libertad, de todas las formas de libertad: de palabra, de prensa, de enseñanza, de comercio, de los jueces… libertad.

 

Nada ni nadie puede reemplazar al Estado en estas tareas y debemos sospechar siempre de quien nos aconseje mutilarlas, porque quiere robarnos la libertad.

 

No debo extenderme, pero conviene repetir que no es posible que un Estado frágil defienda adecuadamente los intereses de los españoles en el exterior: ni en Europa, ni en el mundo globalizado, ni en ninguna parte. Sólo a un suicida se le puede ocurrir que mientras el resto de las naciones procura fortalecer su posición internacional, a los españoles nos convenga que nuestra imagen sea débil, caprichosa o contradictoria.

 

No estamos, pues, hablando de una cuestión menor, sin importancia o sin consecuencias. No es algo que podamos dejar pasar sin prestarle atención, o que podamos resolver con la primera ocurrencia que nos pase por la cabeza.

 

Estamos ante un desafío difícil y espinoso que exige atención, ideas, una voluntad decidida, la colaboración de todos y la convicción honda de que no nos queda más remedio que actuar y acertar.

 

 

Este ha sido vuestro trabajo en esta Conferencia sobre el Modelo de Estado. ¿Qué debemos hacer para corregir esta situación? ¿Cómo hemos de hacerlo? ¿Con quién debemos contar?

 

Se trata de aprovechar lo bueno del Estado de las Autonomías y corregir lo que nos perjudica. Esto significa que hemos de introducir los cambios necesarios en la situación, de modo que dejemos de tirar piedras contra nuestro propio tejado.

 

No pretendo detallar ahora todas las conclusiones de esta Conferencia, pero creo que las puedo resumir diciendo que necesitamos tres cosas:

rectificar los desajustes, garantizar a los españoles un Estado viable y recuperar el consenso.

 

No proponemos cambios que lesionen el Estado de las Autonomías ni que perjudiquen los intereses de ninguna región. Las cosas no van por ahí. Más bien al contrario. Se pretende asegurar el éxito de todas las comunidades y del conjunto. Se trata de asegurar los elementos comunes del sistema desde un respeto escrupuloso al proceso de descentralización consolidado y al derecho a la autonomía de todas las regiones españolas.

 

Ni siquiera hemos considerado como norma que deban retirarse competencias transferidas. Si se hace será porque, todos de acuerdo, apreciemos que eso es lo que más nos conviene.

 

Reajuste significa poner las cosas en razón. No es algo que pueda entenderse en términos de dar o de quitar. El objetivo es que cada cual haga lo que mejor sabe. Hay muchas cosas que hace mejor la sociedad civil. Es mejor que estén en sus manos y no en las del Estado.

 

Lo importante es aportar eficacia y claridad al sistema. También seguridad: el Estado español no puede ser una perpetua incertidumbre que vacía sus contendidos entre la Unión Europea y las comunidades autónomas. No hay razón para que nuestro estado disponga de menos funciones y menos competencias que otros de naturaleza federal como la República Federal Alemana.

 

España necesita con urgencia un estado viable, esto es, una reforma que lo sitúe en su lugar, que asegure su funcionalidad, que concrete sus responsabilidades, que le asegure los medios necesarios y que perfile con carácter definitivo su relación con las comunidades autónomas. No creo que sea mucho pedir.

 

Hacemos numerosas propuestas en este sentido. No las voy a pormenorizar. Estoy seguro de tendremos ocasión de discutirlas una por una porque estamos abiertos a cualquier idea constructiva en este sentido. No queremos imponer nada, no vamos a olvidarnos de las recomendaciones del Consejo de Estado y tampoco vamos a menospreciar los buenos ejemplos que nos lleguen del exterior, como el que hoy nos ofrece Alemania. Estamos abiertos. Lo importante es que estemos de acuerdo en el punto de partida y en el de llegada, en la necesidad y en el objetivo.

 

¿Y esto cómo se hace? Con la ley.

 

Debemos adoptar una serie de medidas, algunas constitucionales, otras, meramente legislativas. Hay muchas cosas que se pueden arreglar con simples acuerdos parlamentarios. Para otras, en cambio, será necesario retocar el texto constitucional. Digo retocar porque no estamos proponiendo una reforma en profundidad de la Constitución, quiero decir, una de las que exigen un procedimiento agravado. Pienso en ajustes parciales que no deben afectar a los pilares fundamentales del sistema.

 

La última cuestión, señores, es que todo lo que aquí se propone ha de realizarse por consenso. No tenemos otro camino. Necesitamos recuperar el consenso.

 

En primer lugar, porque eso es lo legítimo. Nadie puede imponer la arquitectura de nuestro sistema democrático a los demás. Estamos construyendo un país que pueda albergarnos a todos y debe contar con el acuerdo de todos. Cualquier cosa que emprendamos los españoles debemos hacerla por consenso, es decir, por acuerdo que alcance, como mínimo, al 80 por cierto de la población.

 

Pero no se trata sólo de buscar el consenso por razones morales y de legitimidad democrática. Nos mueven también razones prácticas. Y no me refiero a que el consenso sea útil. Digo más: digo que es in-dis-pen-sa-ble. No tenemos escapatoria.

 

Estamos hablando de arreglos constitucionales que exigen, afortunadamente, mayorías muy amplias que no se pueden alcanzar sin acuerdos. No existe ninguna otra posibilidad. Que nadie se llame a engaño. Para esto no basta con que el PP gane las elecciones. Cuando las ganemos seguiremos necesitando el consenso aunque, a cualquiera se le alcanza, que en esas condiciones será mucho más fácil lograrlo.

Yo confío en que nuestras propuestas encuentren un eco positivo y, en consecuencia, que el PSOE modifique su posición. No sé si incurro en un exceso de confianza. Es evidente que si Rodríguez Zapatero no quiere pactar conmigo, no pactaremos, pero creo que mi propuesta es tan razonable que la fuerza del sentido común acabará imponiéndose.

 

Esto es algo que conviene explicar a los españoles con toda claridad: que para lograr que España sea como ellos quieren, necesitamos arreglos; que esos arreglos no se pueden hacer desde las minorías, que exigen grandes mayorías y, en concreto, la participación del partido socialista.

 

Conviene que lo vean así de claro porque, a la hora de la verdad, son los electores quienes determinan las actitudes de los partidos políticos y de sus dirigentes. Es preciso que los españoles conozcan la situación, adopten una postura y exijan a todos sus representantes que obren al servicio del interés general.

 

Nosotros, desde ahora mismo, comenzamos a convocar a cuantas voces que deseen colaborar en esta empresa. Aportaremos nuestras ideas y estaremos dispuestos a escuchar las ajenas con un espíritu abierto y constructivo. Seremos receptivos a cualquier entendimiento que lleve en la buena dirección, es decir, en la que se preste el mejor servicio a los españoles, que para eso, y no para otra cosa, queremos el Estado de las Autonomías.

 

En último término, si no encontramos otra salida, incorporaremos la propuesta a nuestro programa electoral para que los españoles decidan por dónde desean que vayan las cosas en el futuro.

 

En resumen señores, y termino. Estamos muy satisfechos de nuestro modelo de Estado. Nos parece que ha dado excelentes resultados y debemos asegurar que pueda seguir dándolos en el futuro.

 

Necesitamos corregir unas cuantas distorsiones que amenazan la eficacia del conjunto.

 

Debemos garantizar la existencia de un Estado viable, capaz de asegurar la tutela de nuestros derechos, de nuestra libertad y de nuestros vínculos de solidaridad. Ese Estado debe disponer de los medios necesarios para responder a las exigencias de los españoles, para defender con eficacia los intereses de España en el mundo y para, con el acuerdo de las autonomías españolas, elaborar proyectos políticos españoles.

 

Por último, señores, he reclamado y reclamaré el consenso como instrumento indispensable para llevar a cabo estas reformas.

 

Estamos dando un gran paso. Nos disponemos a ofrecer un gran servicio a la sociedad española.

 

Invitamos a todos, a los ciudadanos de a pie y a los políticos, a trabajadores y empresarios, a padres de familia y a estudiantes, a todos quienes tengan algo que aportar, para que se sumen a este esfuerzo de reflexión y de mejora.

 

Estoy seguro de que vamos a concitar un gran respaldo entre los españoles porque no estamos ante una tarea de partido sino ante un compromiso que responde a un problema real que intranquiliza a los ciudadanos No vamos a dejar a nadie indiferente porque estamos hablando de España y nada importa más a los españoles que esta: España.

 

Nada más y muchas gracias.

 

El caso es que solamente podrán corregirse los desajustes en el modelo de Estado si se ponen de acuerdo el PP y el PSOE.

 

 

Que ningún estatuto puede, diga lo que diga, ni mejorar ni empeorar una calidad ciudadana que tiene su origen en la voluntad de los españoles y su refrendo en la Constitución de 1978. Esta es nuestro único legajo, nuestra única legitimidad y nuestra mejor garantía.
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