Según nota de prensa, exhortó a la sociedad civil y a los gobiernos para que respondan a las "leyes preocupantes" que han sido aprobadas recientemente en el país, "de manera que se protegen y se acompañen a los defensores de derechos humanos, libertad de expresión y prácticas democráticas pluralistas del país".
Piden a la sociedad civil seguir trabajando con el gobierno de Venezuela, pero, al mismo tiempo, "dejar en claro que el alejamiento de los preceptos democráticos fundamentales tiene consecuencias para la posición del país en la comunidad de democracias del hemisferio".
Asimismo, advierte que la Ley Habilitante constituye una violación ilegítima hacia la autoridad de la nueva Asamblea Nacional, y que socava la voluntad del electorado. "Los problemas de fondo en torno a la ley persisten, aunque esté en vigor por 18 meses, cinco meses o un día", acotan.
De igual forma, aseguran que la Ley de la Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, aprobada también en diciembre y que prohíbe a las organizaciones para la defensa de los derechos políticos recibir financiamiento internacional, viola la Constitución y los compromisos internacionales de los derechos humanos.
"El pluralismo, la tolerancia, la libertad de expresión para todos, la separación de poderes y la independencia del poder judicial, así como una sociedad civil dinámica son componentes necesarios de una democracia sana y una justicia económica sustentable", reza el comunicado.
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