En cualquier país democrático como se supone que es España los papeles de la prensa y la policía desarrollan sus funciones de maneras diferentes y a penas sin rozarse más allá de lo inevitable; o sea, que los medios de comunicación dan cuenta de las actuaciones de la policía como de toda noticia interesante que se produce en una institución del Estado y la policía utiliza como pistas en su tarea de perseguir a los delincuentes las noticias que por su cuenta investigan periódicos, radios y televisiones.
Esa es la teoría. En la práctica estamos asistiendo en los últimos meses a una serie de acontecimientos insólitos según los cuales la prensa, sobre todo la escrita, pone blanco sobre negro lo que la policía ha estado investigando y sin embargo callando. Y sólo cuando un periódico insiste una y otra vez en denunciar un delito los encargados de atajarlo reconocen que llevaban una temporada guardando sus pruebas en un cajón.
Ha pasado con la instrucción de los atentados del 11-M en la que el juez, que no cuenta con más medios de investigación que lo que quiere hacer la policía, ha ido a remolque de las informaciones publicadas en la prensa.. En especial ha sido llamativo el caso de la falsificación del documento de los peritos que establecía una conexión con ETA, una exclusiva de El Mundo negada de forma repetida por la policía... hasta que una juez ha procesado a los jefes de esos peritos. Y más sangrante aún el caso de la corrupción en Ciempozuelos, desvelada por ABC después de que, según hayamos sabido posteriormente, la policía había sido notificada de las graves irregularidades cometidas por los dos últimos alcaldes socialistas de esa localidad cuatro meses antes de que ABC lo diera a conocer. Y lo que ya riza el rizo es el nuevo caso de corrupción policial destapado por El Mundo los últimos días. Sólo tras la denuncia del periódico de que había agentes traficando con explosivos los responsables policiales han facilitado al juez las pistas necesarias para que pudiera ordenar la detención de los cuatro implicados.
Algo funciona mal en una democracia de un país cuando sus responsables policiales no son los más interesados en perseguir a los delincuentes. Afortunadamente nos queda la prensa, bastante libre en España, para hacer su propio papel, el de alertar de una irregularidad, y también en muchos casos el papel de la policía de rematar la investigación. Pero eso es pedir demasiado a los medios de comunicación y admitir la inoperancia de los responsables del ministerio de Interior.
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