La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, ha vuelto a afirmar este miércoles que aún se está a la espera de que se autorice, al igual que ha ocurrido con Cataluña, la refinanciación del vencimiento a corto y largo plazo.
Al respecto, García ha expresado su deseo de que "más pronto que tarde se nos autorice, por lo menos, la refinanciación del corto plazo, y que no se produzca ninguna discriminación".
En concreto, la cantidad que se pide es de 345 millones en el vencimiento a corto plazo, donde se incluye el préstamos puente que ya se ha firmado, y de 91,2 millones a largo para el último trimestre de este año.
"Quiero creer en las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero, que esta mañana decía en las Cortes que no habrá discriminación y se cumplirá la legislación", ha añadido.
No obstante, ha recordado que el sistema de financiación autonómica "no lo están cumpliendo de momento, ya que están los fondos de convergencia que no se incluyeron en los presupuestos de 2011, esos 211 millones que reclama Murcia, en Cataluña son 1.000, y en el conjunto de las CCAA ascienden a 5.500 millones de euros".
Por último, la consejera de Economía murciana ha reconocido que la situación en las que se encuentran las arcas públicas regionales "es complicada".
VALCARCEL DICE QUE EL GOBIERNO CENTRAL LE ABOCA A RECORTES
El presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, denunció públicamente este jueves en Cartagena, las "políticas injustas" aplicadas por el Gobierno de España, como las que han abocado al Ejecutivo autonómico a aprobar la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, que recortan salarios y aumentan horarios laborales a los funcionarios, entre otras medidas de austeridad administrativa e inversora.
Así, Valcárcel indicó, durante su respuesta a una pregunta del Grupo Popular en la Asamblea Regional, que la gestión del Ejecutivo estatal "es la que ha engordado el déficit de financiación de la Comunidad de Murcia hasta los 4.300 millones de euros", incluidos 1.700 millones por el impago del incremento de la población en 450.000 personas, y otros 1.300 por el desfase en los planes de infraestructuras.
"No es casualidad que a esta Región no se le reconozcan sus derechos, mientras a otras se les conceden ventajas referentes al agua, compensaciones por la merma de recaudación de impuestos, tratos favorables en la emisión de deuda y acuerdos para el pago de la deuda histórica", indicó Valcárcel, en referencia a Castilla La Mancha, Aragón, Cataluña y Andalucía, respectivamente.
Por eso, consideró necesaria la presentación del recurso de inconstitucionalidad del sistema de financiación autonómica, aprobada el pasado viernes en el Consejo de Gobierno.
El jefe del Ejecutivo regional incluyó en su discurso su rechazo a la acusación de despilfarro en el gasto que según el PSOE, ha llevado a la necesidad de recortes. "Nosotros hemos gestionado de manera ejemplar, como ha reconocido la UE en repetidas ocasiones", indicó, para negar también que la gestión de esos recortes se haya hecho sin contar con los sindicatos. "Llevamos 16 años de negociación con los sindicatos y en esta ocasión también hemos negociado", indicó.
Pero lo que a su juicio no se puede sostener es que "por el hecho de que se incremente 90 minutos a la semana el trabajo de los empleados públicos, se van a deteriorar irreparablemente los servicios públicos. Es una falacia", indicó.
En cuanto a la reducción salarial, Valcárcel se extrañó de que "haya tantas protestas por la rebaja media de 36 euros al mes, cuando la que introdujo Zapatero el año pasado era de cien euros de media".
Así, afirmó que "estamos haciendo lo que tenemos que hacer y lo hacemos en servicio a los demás", al tiempo que atribuyó las críticas de la oposición a la necesidad de ser sumisos con el Gobierno central, en el caso del PSOE, y al electoralismo, en el de IU.
El representante de esta formación de izquierdas compareció en su turno de preguntas al presidente con una camiseta contraria a los recortes con la proclama 'Recortes para todos', en apoyo a la concentración que convocó a unas 700 funcionarios en el exterior de la Cámara Autonómica, desde las 16.00 horas.
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