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Puntos para una urgente reforma democrática

Puntos para una urgente reforma democrática

domingo 17 de junio de 2007, 11:31h

Comprendo que las propuestas para profundizar en una democracia rara vez constituyen una de las prioridades de los ciudadanos, interesados por cuestiones más inmediatas, como el paro, la seguridad, el terrorismo, el estado de bienestar en general  o la llegada de inmigrantes ilegales. Pero entiendo que estamos viviendo momentos de convulsión y de cieta indignación moral que hacen que debamos replantearnos la necesidad de abordar lo que incluso podríamos llamar una segunda transición –ahora que hemos dado carpetazo definitivamente a la primera—que ponga en hora algunos aspectos legales y de convivencia que se nos están quedando atrasados.

No hay sino que ver lo que ocurre con los pactos poselectorales cada cuatro años. Partidos oportunistas y acuerdos que hacen extraños, muy extraños a veces, compañeros de cama arrebatan el poder a los más votados. Y esta misma semana hemos de asistir, nos tememos, a más de lo mismo, ahora en versión autonómica tras la edición municipal. Votar cada cuatro años no da derecho a decir que se vive en democracia si el poder que surge de las urnas no es verdaderamente representativo y si no cumple la voluntad de los electores. Y no estoy seguro de que estas premisas se estén cumpliendo siempre. Pienso que, de todos los pactos posibles y necesarios entre el Gobierno central, la oposición y, por qué no, algunos partidos nacionalistas e Izquierda Unida, el más importante es el del desbloqueo de la democracia española. Que no todo el debate político, a veces tan enconado, debe agotarse en torno a lo que haga o diga ETA, como si la banda fuese el árbitro supremo de la vida política española.

*Una reforma en profundidad de las normas electorales viene haciéndose ya imprescindible. Las candidaturas no pueden seguir siendo eternamente cerradas y bloqueadas, para que los ‘estados mayores’ de los partidos sean quienes imponen su voluntad, y no los ciudadanos que acuden a las urnas. De la misma manera, ha de consagrarse el principio de que sea el más votado quien gobierne, y no, como a veces llega a ocurrir, que asuma el poder,  importantes cuotas de poder, quien ha tenido menos votos que los dos ‘grandes’.

*Ha de abordarse seriamente, en la próxima Legislatura, una reforma constitucional a fondo, que preserve el espíritu de la que se aprobó en 1978, pero supere sus limitaciones y contradicciones. Y no basta con la propuesta de cuatro cambios tasados hecha por los socialistas, y que ha sido imposible de llevar a cabo por la oposición, no bien explicada, del Partido Popular. Que, a su vez, ha lanzado ideas de gran calado para una reforma de la Constitución incluso en el Título VIII (referido a las autonomías), que ya ha quedado completamente obsoleto, lo mismo que esa disposición transitoria cuarta que tan onerosa está siendo en el debate sobre Navarra. Pero tampoco las propuestas del PP han sido atendidas, y eso que redundarían en un funcionamiento más claro en las relaciones entre el Gobierno central y las autonomías, lo que es un punto verdaderamente clave en el andamiaje de la democracia española.

*La Justicia no puede seguir siendo piedra de escándalo y de controversia política. Los nombramientos en el Consejo del Poder Judicial (cuyo mandato habría de ser improrrogable, evitándose espectáculos como el actual, cuando el CGPJ hace meses que debió haber sido sustituído) han de sujetarse a cánones que nada tengan que ver con la representación política. Resulta poco edificante ver cómo los magistrados, en las más altas instancias judiciales, adoptan resoluciones afines a los partidos que los han nombrado. Y el fiscal general del Estado habría de nombrarse, como ya ocurre con el director de RTVE, con intervención del Parlamento, restando facultades al Ejecutivo.

*Tiene toda la razón el presidente del Congreso, Manuel Marín, cuando reclama una reforma del reglamento de la Cámara Baja (de la Cámara Alta, mejor ni hablar; su reforma ha quedado impedida por intereses partidarios nunca confesados), que agilice y actualice el debate parlamentario, no haciéndolo depender de la mera voluntad vde los portavoces de los grupos y dando juego a todos los diputados.

*Determinados altos cargos deberían someterse a control en una comisión parlamentaria antes de ser nombrados, como ocurre en países con democracias más añejas que la nuestra. Con ello, se evitarían nombramientos por amiguismo, por afinidades, de gentes que no están bien preparadas para ocupar algunos puestos clave en la Administración.

¿Es difícil emprender el debate sobre estos puntos, de manera que la próxima Legislatura podamos estar seguros de que, gane quien gane, habrá una voluntad tasada y comprometida de superar retrasos, cortapisas, vicios, anomalías y no pocos dislates que vienen a lastrar el funcionamiento de nuestra democracia? Yo creo que no es difícil, y que, tanto Zapatero como Rajoy y los restantes líderes políticos, prestarían un muy destacado servicio a su país, a nuestro país, poniendo todas estas –y otras—cuestiones sobre la mesa. Yo, simplemente, dudo de que ninguno de ellos tenga la suficiente voluntad, el valor bastante, para hacerlo. Ojalá me equivoque.

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