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Pacto por el Euro

sábado 12 de marzo de 2011, 15:21h
Ayer, 11 de marzo de 2011, los Jefes de Estado o de Gobierno de la zona euro -17 Estados- se han reunido en un importante, diríamos que decisivo encuentro, para articular la gobernanza económica de Europa de la que depende fundamentalemente la supervivencia del euro pero también, a estas alturas, la supervivencia de la propia Unión Europea. Esta reunión ha producido un documento llamado ya oficialmente “Pacto por el Euro”, que se presentará al Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo de 2011 y que por tanto articulará oficialmente los compromisos asumidos por este Pacto por el Euro y la manifestación de los Estados miembros que no pertenecen a la Eurozona de si se vinculan o no al Pacto. Nuestro interés en este momento es solamente el de contribuir a la difusión del documento, entendiendo que su lectura y análisis es mucho más importante que la recolección de comentarios que ofrecen las agencias de información o los propios expertos de la prensa europea. Queremos tan solo manifestar que el centro de este pacto es la competitividad y la convergencia económica y que para ello Europa exige a cada uno de los Estados de la Unión con la finalidad de conseguir unos objetivos. Los Estados habrán de asumir los compromisos concretos para estar en condiciones de cumplir el Pacto. No hay mucho tiempo por delante, o el 25 de marzo los Gobiernos asumen los compromisos o los Estados que estén en verdaderas dificultades no podrán ofrecer a los mercados financieros el apoyo que les brinda la Unión Europea.  Otros análisis más concretos serán el debate de estos difíciles días que restan para el Consejo Europeo de marzo de 2011 que será tanto o más histórico que el Consejo Europeo de marzo del año 2000 en el que se creó la Estrategia de Lisboa.   PACTO POR EL EURO REFUERZO DE LA COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA CONVERGENCIA Los Jefes de Estado o de Gobierno de la zona del euro han decidido adoptar un Pacto por el Euro para reforzar el pilar económico de la unión monetaria, lograr una nueva calidad de la coordinación de la política económica en la zona del euro y mejorar la competitividad, encaminándose así a un mayor grado de convergencia. Este Pacto se centra principalmente en las áreas incluidas en la competencia nacional y que son fundamentales para mejorar la competitividad y evitar desequilibrios perjudiciales. La competitividad es esencial para contribuir a un crecimiento más acelerado de la UE y a una mayor sostenibilidad a medio y largo plazo, a fin de producir niveles más elevados de ingresos para los ciudadanos y conservar nuestros modelos sociales. Se invita a los Estados que no pertenecen a la zona del euro a participar en este Pacto si así lo desean. Este esfuerzo renovado de fortalecimiento de la coordinación de la política económica en materia de competitividad y convergencia reposa en cuatro normas directrices: a.            Estará en consonancia con la gobernanza económica existente en la UE y la reforzará, a la vez que aporta valor añadido. Será coherente con los instrumentos existentes y se basará en ellos (UE 2020, Semestre Europeo, Orientaciones Integradas, Pacto de Estabilidad y Crecimiento y nuevo marco de supervisión macroeconómica). Implicará un esfuerzo especial que vaya más allá de lo existente e incluirá compromisos y actuaciones concretas que sean más ambiciosos que los ya acordados, e irá acompañado de un calendario para su aplicación. Estos nuevos compromisos se incluirán más adelante en los programas nacionales de reforma y de estabilidad y estarán sometidos al marco ordinario de supervisión, con una robusta función central de la Comisión en la vigilancia de la aplicación de los compromisos, y con la participación de todas las formaciones pertinentes del Consejo y del Eurogrupo. El Parlamento Europeo desempeñará plenamente su función en línea con sus competencias. Los interlocutores sociales participarán plenamente a escala de la UE a través de la Cumbre Social Tripartita. b.            Se centrará, orientará sus acciones y cubrirá áreas políticas prioritarias que son fundamentales para impulsar la competitividad y la convergencia. Se concentrará en acciones en que la competencia corresponda a los Estados miembros. En las áreas políticas elegidas se acordarán objetivos comunes en el nivel de Jefes de Estado o de Gobierno. Los Estados miembros participantes perseguirán estos objetivos con su propia combinación de políticas, teniendo en cuenta sus retos específicos. c.            Cada año, cada Jefe de Estado o de Gobierno acordará compromisos nacionales concretos. Al actuar así, los Estados miembros tendrán en cuenta las prácticas idóneas y se compararán con los que tengan mejores rendimientos, tanto en el marco europeo como en relación con otros socios estratégicos. El cumplimiento de los compromisos y el avance hacia objetivos políticos comunes será supervisado políticamente por los Jefes de Estado y Gobierno de la zona del euro y los países participantes anualmente, basándose en un informe de la Comisión. Además, los Estados miembros se comprometen a consultar a sus socios sobre cada reforma económica importante que tenga posibilidades de producir efectos expansivos a otros ámbitos antes de su adopción. d.            Los Estados miembros de la zona del euro se comprometen plenamente con la realización completa del mercado único, que es fundamental para reforzar la competitividad en la UE y en la zona del euro. Este proceso estará plenamente en consonancia con el Tratado. El Pacto respetará plenamente la integridad del mercado único.   Nuestros objetivos Los Estados miembros de la zona del euro se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para perseguir los siguientes objetivos: •             Impulsar la competitividad •             Impulsar el empleo •             Contribuir en mayor medida a la sostenibilidad de las finanzas públicas •             Reforzar la estabilidad financiera   Cada Estado miembro participante presentará las medidas específicas que adopte para lograr estos objetivos. Si un Estado miembro puede demostrar que la actuación en una u otra área no es necesaria, no la incluirá. La elección de las actuaciones políticas específicas para lograr los objetivos comunes sigue siendo responsabilidad de cada país, pero se prestará particular atención al conjunto de medidas posibles mencionadas a continuación.   Compromisos políticos concretos y supervisión Los Jefes de Estado o de Gobierno llevarán a cabo una supervisión política de los avances hacia los objetivos comunes mencionados, sobre la base de una serie de indicadores entre los que estarán la competitividad, el empleo, la sostenibilidad fiscal y la estabilidad financiera. Se indicarán los países con mayores retos en cualquiera de estos ámbitos y esos países deberán comprometerse a hacerles frente dentro de un plazo determinado. a.    Impulso de la competitividad Se evaluarán los avances sobre la base de la evolución de los salarios y la productividad y las necesidades de ajuste de la competitividad. Para evaluar si los salarios evolucionan de acuerdo con la productividad, se hará un seguimiento durante un periodo de los costes laborales unitarios, comparándolos con la evolución en otros países de la zona del euro y en los principales socios comerciales comparables. En cada país se evaluarán los costes laborales unitarios respecto a la economía en su conjunto y respecto a cada sector principal (industria, servicios, así como los sectores exportador y no exportador). Unos aumentos importantes y sostenidos podrían acarrear la erosión de la competitividad, especialmente si van unidos a un incremento del déficit por cuenta corriente y a un descenso de la parte del mercado de las exportaciones. Es preciso tomar medidas en todos los países para aumentar la competitividad, pero deberán hacerlo especialmente aquellos que se enfrenten a retos importantes en este contexto. Para garantizar que el crecimiento sea equilibrado y se extienda a todo el conjunto de la zona del euro, se contemplarán instrumentos específicos e iniciativas comunes para fomentar la productividad en las regiones que se queden retrasadas. Cada país será responsable de las medidas específicas que elija para impulsar la competitividad, pero se prestará particular atención a las medidas siguientes: i)             respeto de las tradiciones nacionales de diálogo social y relaciones laborales y medidas que garanticen la evolución de los costes de acuerdo con la productividad, tales como: •             revisión de los acuerdos de fijación de salarios y, cuando sea necesario, del nivel de centralización en el proceso de negociación y de los mecanismos de indexación, a la vez que se mantiene la autonomía de los interlocutores sociales en el proceso de negociación colectiva; •             garantía de que la fijación de salarios en el sector público contribuye a los esfuerzos de competitividad en el sector privado (sin olvidar el importante efecto de referencia de los salarios del sector público).   iii)           medidas de aumento de la productividad, tales como: •             mayor apertura de los sectores protegidos con medidas a escala nacional para suprimir restricciones injustificadas en los servicios profesionales y en el sector de la venta minorista, para fomentar así la competitividad y la eficiencia, dentro del pleno respeto del acervo comunitario; •             esfuerzos específicos para mejorar los sistemas educativos y fomentar el sector I+D, la innovación y las infraestructuras; •             medidas para mejorar el entorno empresarial, sobre todo para las PYME, en particular mediante la supresión de trámites burocráticos y la mejora del marco reglamentario (por ejemplo la legislación sobre quiebra o el código de comercio).   b.    Impulso del empleo Elemento clave en la zona del euro en favor de la competitividad será un mercado laboral que funcione bien. Se evaluarán los avances sobre la base de los indicadores siguientes: índices de desempleo de larga duración y juvenil y las tasas de actividad. Cada país será responsable de las medidas concretas que elija para impulsar el empleo, pero se prestará particular atención a las reformas siguientes: •             reformas del mercado laboral para fomentar la "flexiseguridad", la reducción del trabajo no declarado y el aumento de la tasa de actividad; •             educación permanente; •             reformas fiscales, tales como la reducción de la presión impositiva sobre las rentas del trabajo para lograr que trabajar resulte rentable, a la vez que se mantienen los ingresos fiscales globales, y adopción de medidas para facilitar la participación de una segunda persona empleada por hogar en la población activa.   c.            Incremento de la sostenibilidad de las finanzas públicas Para garantizar la plena aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, se prestará la máxima atención a:   Sostenibilidad de las pensiones, de la atención sanitaria y de las prestaciones sociales Todo ello se evaluará particularmente sobre la base de los indicadores de la brecha de sostenibilidad. Estos indicadores miden si los niveles de deuda son sostenibles sobre la base de las políticas en curso, en particular los regímenes de pensiones, la atención sanitaria y los sistemas de prestaciones sociales, a la vez que se tienen en cuenta los factores demográficos. Las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones y de las prestaciones sociales podrían incluir: •             ajustar el régimen de pensiones a la situación demográfica nacional, por ejemplo mediante el ajuste de la edad de jubilación efectiva a la esperanza de vida o mediante el incremento de la tasa de actividad; •             limitar los planes de jubilación anticipada y el uso de incentivos específicos para emplear a trabajadores de más edad (en especial en el tramo de edad de más de 55 años).   Normas presupuestarias nacionales Los Estados miembros de la zona del euro se comprometen a traducir las normas presupuestarias de la UE establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en legislación nacional. Los Estados miembros seleccionarán el vector jurídico nacional que se emplee, pero se asegurarán de que posee un carácter vinculante y duradero suficientemente sólido (por ejemplo, constitucional o de ley marco). La formulación exacta de la norma también será decidida por cada país (podría tener, por ejemplo, la forma de un "freno del endeudamiento", una norma relacionada con el equilibrio primario o una norma de gasto), si bien deberá asegurar la disciplina presupuestaria tanto en el nivel nacional como en el subnacional. La Comisión tendrá la oportunidad, dentro del pleno respeto de las prerrogativas de los parlamentos nacionales, de ser consultada sobre la norma presupuestaria precisa antes de su adopción, a fin de asegurarse de que es compatible con la normativa de la UE y la apoya.   d.   Refuerzo de la estabilidad financiera Para la estabilidad general de la zona del euro es clave un sector financiero fuerte. Se ha puesto en marcha una reforma completa del marco de la UE para la supervisión y la reglamentación del sector financiero. En este contexto, los Estados miembros se comprometen a establecer legislación nacional para la resolución bancaria, respetando plenamente el acervo comunitario. Se efectuarán periódicamente estrictas pruebas de resistencia bancaria, coordinadas a escala de la UE. Además, se invitará al Presidente de la JERS y al Presidente del Eurogrupo a informar con regularidad a los Jefes de Estado o de Gobierno sobre las cuestiones relativas a la estabilidad macrofinanciera y a la evolución macroeconómica dentro de la zona del euro que requieran medidas específicas. En particular, respecto de cada Estado miembro, se seguirá de cerca el nivel de la deuda privada de los bancos, las familias y las sociedades no financieras.   *** Además de a las cuestiones mencionadas, se prestará atención a la coordinación de la política tributaria. La imposición directa sigue siendo competencia nacional. La coordinación pragmática de las políticas tributarias es un elemento necesario de una coordinación más intensa de las políticas económicas de la zona del euro para apoyar la consolidación presupuestaria y el crecimiento económico. En este contexto, los Estados miembros se comprometen a entablar debates estructurados en torno a la política tributaria, en particular para asegurar el intercambio de prácticas idóneas, evitar las prácticas perjudiciales y sobre propuestas para luchar y combatir el fraude y la evasión fiscales. El desarrollo de una base común para el impuesto sobre sociedades podría ser una vía que, no incidiendo en los ingresos, asegure la coherencia entre los sistemas tributarios nacionales, respetando las estrategias tributarias nacionales, y contribuya a la sostenibilidad fiscal y la competitividad de las empresas europeas. La Comisión se propone presentar una propuesta legislativa relativa a una base común consolidada del impuesto sobre sociedades en las próximas semanas. Compromisos concretos anuales A fin de demostrar un compromiso real de cambio y de asegurar el impulso político necesario para alcanzar nuestros objetivos comunes, cada año los Estados miembros de la zona del euro acordarán en el más alto nivel un conjunto de acciones concretas que se realizarán en un plazo de doce meses. De la selección de las medidas específicas que se hayan de aplicar será responsable cada país, si bien la elección se orientará considerando en particular las cuestiones antes mencionadas. Estos compromisos se reflejarán también en los programas nacionales de reforma y en los programas de estabilidad que se presenten cada año, que serán evaluados por la Comisión, el Consejo y el Eurogrupo en el contexto del Semestre Europeo. Próximas acciones El Pacto será adoptado oficialmente en el CE del 24 de marzo por los Estados miembros de la zona del euro y los Estados miembros no participantes en el euro que lo deseen. Los Estados miembros que estén en condiciones de hacerlo deberán anunciar ya el 24 de marzo los compromisos concretos que deberán cumplir durantes los doce meses siguientes. En cualquier caso, los compromisos concretos deberán incluirse en los programas nacionales de reforma y de estabilidad que se someterán en abril y se presentarán al Consejo Europeo de junio.  Rogelio Pérez-Bustamante, Chaire Jean Monnet
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