No es cuestión de gustos

El presidente de la República anunció, días atrás, que demandará a un ciudadano que lo llamó “fascista” porque, “nos guste o no”, cometió “desacato”, un “delito” que ya no existe en casi ningún país democrático del mundo y que implica que las supuestas injurias a una autoridad merecen una pena “especial”, como si los funcionarios públicos fuesen ciudadanos “especiales”. Hace cuatro años el presidente demandó a diario La Hora invocando esa misma figura jurídica.
 Dejemos de lado el hecho de que “fascista” sea una categoría política que cualquier ciudadano legítimamente puede usar para acusar a un gobierno. Lo que debemos destacar aquí es que no se trata de una cuestión de “gustos” sino de Derecho. La Constitución de Montecristi reconoce que los convenios internacionales de los cuales el Ecuador es signatario prevalecen sobre cualquier ley o código interno, y que a su vez la Convención Interamericana de Derechos Humanos (de la cual el Ecuador es signatario) considera al “desacato” como una barbaridad jurídica que debe ser derogada de inmediato, así que ese supuesto delito es inconstitucional y no cabe aplicarlo en nuestro país.