El PP dirige su querella contra el exconsejero Fernández y 25 cargos más

El PP-A presentará el próximo lunes en los juzgados de Sevilla una querella dirigida contra un total de 26 personas, entre altos cargos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía, uno de ellos el exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, e intermediarios y beneficiarios de pólizas presuntamente irregulares relacionadas con expedientes de regulación de empleo (ERE).    En rueda de prensa, la portavoz del PP-A, Rosario Soto, ha detallado los pormenores de la querella por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude en las subvenciones y en la contratación administrativa y falsedades en documentos públicos y mercantiles.    El escrito solicita también la declaración en calidad de testigos del exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa y expresidente de la Agencia idea Francisco Vallejo, además del Interventor General de la Junta de Andalucía y el Interventor delegado de Control Financiero Permanente de las Empresas Públicas en el momento de los hechos, Manuel Gómez Martínez e Ignacio García Revilla.    Concretamente, está dirigida contra el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Manuel Jesús Regidor y el actual director general del Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera; y el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. También figuran como presuntos intermediarios Juan Lanzas, comercial de Estudio Jurídico Villasís en el momento de los hechos, Antonio José Albarracín, director general de Vitalia, Jesús María Bordallo, responsable en Sevilla de Vitalia, Francisco José González comercial de Vitalia y José González Mata, administrador de Uniter S.L. e Ingotor Seguros S.L.    Asimismo, incluyen a María del Carmen Fontela, José Acevedo López, José Antonio Márquez Sánchez, José Antonio García Prieto, Juan Manuel López Espadas, Ricardo Medina Barrios, Patrocinio Sierra García, María José Martínez Elvira, Nieves Ruiz Pérez, Rafael Rosendo Villavieja, Alejandro Millán Torres, Juan Antonio Rodríguez Cordobés, Victorina Madrid Pisabarro, Rafael Rodríguez fuentes y Antonio González Perez, al aparecer como beneficiarios en pólizas de seguros de rentas financiadas por la Junta y contratadas para los ex trabajadores de empresas en las que nunca han trabajado. No obstante, Soto ha insistido en que "la querella está abierta", por lo que garantiza que "se dirigirá también contra todos aquellos que pudieran resultar implicados en los hechos como resultado de la investigación que se está realizando en el Juzgado".    En cuanto a los hechos denunciados, el escrito del PP-A sitúa el origen en el convenio entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) --posterior Agencia IDEA-- suscrito el 17 de julio de 2001 por el entonces consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, y el que era presidente del IFA, Antonio Fernández. Al respecto, considera que "al objeto de solventar los problemas de legalidad de las subvenciones concedidas a empresas se ideó un sistema por el que seguir otorgando las subvenciones excepcionales a empresas en crisis o en proceso de reestructuración, evitando los procedimientos administrativos legalmente establecidos para el otorgamiento de las mismas y los controles de fiscalización previos que había de realizar la Intervención General de la Junta".    Además, la querella sostiene que para la financiación de este sistema los presupuestos de la Consejería de Empleo de 2001 a 2009 incluyen partidas presupuestarias con la denominación de transferencias de financiación de explotación al IFA-IDEA y que el volumen total de fondos transferidos desde 2000 hasta 2010 asciende a 647.869.157,45 euros.    Explica que "las transferencias de financiación son aquellas aportaciones dinerarias entre la administración de la Junta y otras administraciones o entes públicos que se destinen a financiar globalmente la actividad del ente receptor de la transferencia, sin contrapartida directa de éste y no resulten de una convocatoria pública", pese a lo cual asegura que "anualmente y en cumplimiento del convenio marco y de los convenios particulares se ejecutaban estas partidas presupuestarias para la concesión de subvenciones de todo tipo".    Así, apunta que "realizadas las transferencias de financiación al IFA-IDEA, este organismo de acuerdo con la Dirección General de Trabajo ha venido pagando subvenciones para el pago de primas de pólizas de seguros mediante las que se aseguraban las rentas de los trabajadores acogidos, o no, a ERE hasta su jubilación, subvenciones a ayuntamientos, empresas y entidades sin ánimo de lucros, sin que se haya seguido procedimiento administrativo alguno".    En esta línea, precisa que "el IFA-IDEA ha materializado pagos y la Junta ha concedido subvenciones públicas contraviniendo los procedimientos recogidos en la Ley General de Hacienda Pública y habilitados para dichos fines e incumpliendo los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación en el otorgamiento de subvenciones".    Por otro lado, la querella analiza el Presupuesto, su liquidación, los programas de actuación, inversión y financiación del IFA-IDEA y sus cuentas anuales en relación con el programa 3.1.L. y deduce que "las transferencias recibidas han sido tratadas por el IFA en los PAIF como si fueran propiamente transferencias corrientes y no como una intermediaria en virtud de los convenios suscritos".    Según plantea en su escrito el PP-A, "el IFA-IDEA falsea la aplicación de las transferencias en el documento y de esa manera oculta la verdadera aplicación y no pone de manifiesto la irregularidad del tratamiento". También se destaca que "se han detectado importantes diferencias entre las cuantías reflejadas en la liquidación del presupuesto de Empleo y las incluidas en los PAIF", hasta un total de "al menos a 170.087.451 euros".    Por otro lado, la querella alude a la imposibilidad de distribuir subvenciones excepcionales a través de entidades colaboradoras, según la Instrucción 5/1997 de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 106 de la Ley General de Hacienda Pública. "En todo caso, de utilizarse la entidad colaboradora sería necesaria una fiscalización previa que nunca se ha producido", argumenta el escrito, en el que se recoge igualmente "la inexistencia de informes del Gabinete Jurídico de la Junta como la evidencia de que no se ha producido la publicidad respecto de ninguna de las subvenciones concedidas por el director general de Trabajo y Seguridad Social con cargo al programa 3.1.L".    La querella manifiesta también la "nulidad" de la subvenciones otorgadas, puesto que "de acuerdo con el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y a teniendo en cuenta lo anterior los actos del director general de Trabajo mediante los que se han otorgado las subvenciones son nulos de pleno derecho, por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, por órgano administrativo manifiestamente incompetente y por ser constitutivos de delito".    La denuncia incluye, de igual forma, otras subvenciones con cargo al programa 3.1.L. de los Presupuestos, que el PP-A asegura que están otorgadas "de manera arbitraria y totalmente discrecional a empresas dirigidas por destacados militantes socialistas y ayuntamientos gobernados por el PSOE, sin que esos actos administrativos de concesión hayan sido resultado de un procedimiento administrativo para el otorgamiento de Subvenciones".