El PP-A ve a “todo” el Gobierno andaluz “bajo sospecha” por los ERE y acusa a la Junta de entregar documentación “sesgada”

La portavoz regional del Partido Popular de Andalucía (PP-A), Rosario Soto, ha asegurado que en el caso de los ERE hay "todo un Gobierno andaluz bajo sospecha" y ha acusado a la Junta de Andalucía de entregar de forma "sesgada, parcial e incompleta" la documentación que le ha sido requerida por la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya.    En rueda de prensa en Sevilla, Soto ha asegurado que el "discurso permanente" de la Junta de Andalucía "del caiga quien caiga es incompatible con la entrega de una selección incompleta" de la documentación que ha solicitado el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.    Además, ha insistido en que "el Gobierno de la Junta es todo un Gobierno bajo sospecha" porque en estos últimos días "se ha puesto en evidencia que no es solo una consejería la que está involucrada en esta trama, sino diferentes consejerías". En concreto, y haciendo referencia a una información publicada este sábado por 'El Mundo' en la que se informaba de que la Consejería de Innovación también avaló la inclusión de una "intrusa" en un ERE, Soto ha recalcado que es por esto por lo que "la justicia ha solicitado el organigrama completo de más de cuatro consejerías" así como de "todas las viceconsejerías e, igualmente, de los órganos instrumentales involucrados en la trama".    Por todo ello, la portavoz 'popular' asegura que "hay motivos más que suficientes para que se hubiera presentado más de una dimisión". Sobre todo, ha dicho, porque la juez Alaya "ha indicado a la Policía Judicial que investigue y señale la posible relación de los falsos prejubilados con la propia Junta, con los partidos políticos o cargos públicos". "MÁS DE 10 MILLONES"    De otro lado, Soto ha criticado la "absoluta frivolidad" con la que, en su opinión, el presidente de la Junta de Andalucía está abordando el tema de los ERE y se ha preguntado "cómo puede decir que la cuantificación de los casos de prejubilados tan solo es de diez millones de euros". "En primer lugar, porque es absolutamente falso y, en segundo lugar, porque aunque fuera verdadero, es una absoluta frivolidad y denota la falta de valor que Griñán da al dinero público que pagamos todos los andaluces con nuestros impuestos", ha subrayado.    Según Soto, el dinero supuestamente defraudado es "mucho más" de diez millones porque la investigación interna de la Junta de Andalucía "hablaba el pasado miércoles de 72 intrusos" y, por tanto, los diez millones de euros estaban cuantificados en relación con estas 72 personas. "Pero es que al día siguiente, el jueves, eran ya 75 intrusos", ha dicho, y además, la Junta no ha incluido en este cálculo "las 111 irregularidades que reconocen en su propia investigación, por lo tanto, no son 75 intrusos y la cuantificación 10 millones, sino que son 186 irregularidades y una cantidad muy superior".    Al mismo tiempo, la portavoz del PP-A ha señalado que estas 186 irregularidades corresponden "solo a los 68 ERES vivos", por lo que habría que añadir las que se encuentren en los 176 ERE 'muertos' que la juez Alaya también ha ordenado investigar, según publica este sábado 'El País'. A todo ello habría que sumar, según ha añadido Soto, "el dinero que se han llevado los intermediarios y comisionistas" de los ERE y la "posible sobrevaloración de las pólizas".    Por todo ello, ha recalcado que "lamentablemente no son solo 10 millones", aunque ha evitado dar otra cifra sobre lo que el PP-A sospecha que se haya podido defraudar. "Si ni siquiera la juez tiene toda la documentación que le había requerido a la Junta, cómo vamos a tener nosotros cuantificado la cantidad de este fraude", ha argumentado.    Sobre la posible caducidad del 'Convenio marco de colaboración entre la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y el Instituto de Fomento de Andalucía para la materialización de ayudas en materia de trabajo y seguridad social', Soto ha dicho que el PP-A y "también la Policía Judicial" tienen "serias dudas de que tenga validez jurídica" a partir del 31 de diciembre de 2003 pero que, en todo caso, será la justicia quien determine este extremo.