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El acta de ETA incrimina al Gobierno sobre el 'caso Faisán'

Los diarios “de papel” llegaron este lunes con algunas novedades “explosivas”, como las que contienen El Mundo y El País. En el primero de estos diarios, se proporciona el acta escrita por ETA de una reunión del 22 de junio de 2006 entre Gobierno y ETA, dentro de las negociaciones para la desaparición de la banda y en el momento en el que estaba vigente el alto el fuego de la banda, y que vendría a demostrar que la operación Faisán, el chivatazo favorable a ETA, y que intentó parar la redada contra el bar Faisán, fue una decisión política. Según la referida acta, que se habría incautada al dirigente etarra Thierry, el portavoz del gobierno explica que se intentó que la Policía nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza y la policía francesa no hicieran detenciones de etarras. Uno de los enviados del Gobierno explica, asimismo, que el Gobierno había hecho cambios para blindar el proceso: Cambios en el Gobierno y en la fiscalía jefe de la Audiencia. Los enviados del Gobierno, siempre según la misma acta, habrían comunicado a ETA que las detenciones de Elosua y sus cómplices, mes y medio después de que fueran abortadas por el chivatazo, fueron “un accidente grave, un asunto que viene del juez”. Y explica que “los jueces se han convertido en un instrumento del PP y hacen cosas que en otra situación no harían”. Dicen estos enviados del Gobierno que no contaban con rel nivel de ataque del PP, de la mayoría de la prensa y de la AVT, pero que el Gobierno “ha hecho lo imposible en el campo de la judicatura. Pero el PP ha encontrado su agarradero entre los jueces y las víctimas”. Los representantes de ETA, a su vez, expresan su queja en una carta dirigida a Zapatero “ante la gravedad de la situación”, preguntan: “Si las detenciones no son del Gobierno y sí de los jueces, entonces, ¿por qué firmasteis los acuerdos? Según se explica en el diario El Mundo, el texto ahora divulgado muestra a un Gobierno entregado, dispuesto a que haya acuerdo con la banda a cualquier precio, y a un Gobierno que pide disculpas por la detención de terroristas, que miente a la opinión pública y que no duda en poner al Estado de Derecho al servicio de su estrategia, aunque sea saltándose la ley. E insiste el periódico en señalar que el acta de ETAdemuestra que  el chivatazo habría tenido su origen en una decisión política destinada a cumplir la palabra dada por el Gobierno a la banda. Y aprovecha El Mundo para insistir en sus críticas sobre Rubalcaba: “Miente Rubalcaba cuando se jacta de que todos los implicados fueron detenidos: aún faltan por arrestar quienes les facilitaron la huida meros peones de una decisión del Gobierno”. Y sugiere el diario que la Justicia debería analizar la trascendencia del documento de ETA en el procedimiento abierto para el chivatazo... Ciertamente, la información procedente de ETA no favorece al Gobierno, y concretamente a Zapatero y Rubalcaba, los máximos responsables de la negociación con la banda en aquellos días de junio de 2006, medio año antes de que la negociación terminara abruptamente con la voladura de la T-4. En cuanto al diario El País proporciona ahora las declaraciones del exminero José Emilio Suárez Trashorras, condenado a 34.715 años de prisión por su relación con los atentados del 11-M. Trashorras ha reconocido ahora que él proporcionó la dinamita Goma 2 robada en Mina Conchita a Jamal Ahmidan, El Chino, con la que se fabricaron las bombas que estallaron en los trenes de cercanías de Madrid el 11 de marzo de 2004 y que causaron la muerte de 191 personas y graves lesiones a otras 1.856. Es la primera vez que Trashorras confiesa oficialmente haber proporcionado el explosivo -aunque asegura que no sabía para qué era-; y no lo ha hecho en una declaración periodística, sino en el recurso que ha presentado su abogado, Carlos Orbañanos, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Orbañanos recurre la condena a Trashorras al considerar que su defendido no es un terrorista. En el recurso, el exminero pide perdón a las víctimas no sólo por lo que él considera su involuntaria participación en los atentados, sino por no haber colaborado con la justicia en el esclarecimiento de los hechos. Trashorras ha dado, antes de ésta, según recuerda El País, hasta siete versiones distintas distintas de lo que ocurrió, aunque la única oficial es la que dio en el juicio, donde negó haber proporcionado la dinamita. En el motivo segundo del escrito presentado en Estrasburgo, Orbañanos escribe: "A fin de evitar debates innecesarios y superfluos al objeto del presente recurso, es deseo de mi defendido, apartándose de la estrategia de defensa mantenida hasta el presente, reconocer, como bien expresa la sentencia de la Audiencia Nacional (página 658) que todo o gran parte del explosivo utilizado en el terrible atentado del 11-M y [en el suicidio de Leganés que causó la muerte de un policía] el 3 de abril provino de Mina Conchita y que fue mi representado (pero no solo él) quien lo puso a disposición de Jamal Ahmidan". El texto añade inmediatamente: "Aunque exceda del objeto del presente recurso, el señor Suárez Trashorras con este reconocimiento desea pedir perdón a las víctimas y lamenta no haber prestado la colaboración necesaria a la Administración de Justicia para que se hubiera conseguido un mejor esclarecimiento de los hechos a fin de reconfortar en lo posible a las víctimas y sus familiares y para mejor información y tranquilidad de la sociedad española. Este reconocimiento, que afecta a la esfera moral y, por tanto, no a la jurídica, no se integra en estrategia alguna de defensa, aunque cada cual, sin duda, dicho sea con los debidos respetos, lo interpretará como mejor tenga por oportuno". Trashorras fue condenado como autor por cooperación necesaria en los atentados del 11-M, al considerar la Audiencia Nacional -y ratificar el Supremo- que proporcionó a la célula del islamista Jamal Ahmidan, El Chino, los explosivos que estallaron en los trenes y los que utilizaron para suicidarse en Leganés el 3 de abril de 2004. El exminero alentó en el pasado con algunas declaraciones periodísticas, varias teorías conspirativas sobre lo ocurrido el 11-M. En el recurso presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Trashorras alega que nunca creyó que El Chino y su grupo fueran islamistas radicales y que constituyeran un grupo terrorista, porque, entre otras circunstancias, iban a locales de alterne, consumían alcohol y drogas y traficaban con estas, lo que no es una conducta propia de integristas islámicos. Un poco tarde, pero ahí está la admisión de culpabilidad... - Lea también: ETA aprovecha un nuevo comunicado para atacar al Gobierno
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