La paz boliviana

Creo que es preciso proteger a los débiles, como dice la prédica oficial, apoyamos todos y reconoce la multitud. Es encomiable que la Policía escude, contra viento y marea -aun arriesgando un paro nacional de transporte-, a ese taxista cuyo nombre todos sabemos, que, en medio de la protesta pacífica de hace pocas semanas, fue golpeado por sus colegas por decidir jugar a individuo, negando su adhesión al más reciente “paro movilizado”. Como no nos gustan ni los matones ni los abusivos, nuestra opinión pública ha condenado a los responsables, fuera de que las autoridades han aplicado la ley, que castiga con cárcel a los que perturban la regularidad del transporte público o a los que impiden trabajar. “La ley es para cumplirse”, es la última palabra del poder público. Estamos seguros de que no hay excepciones. Lo hemos oído, lo profesamos. Nos admiramos, igualmente, del temple comunitario de los dirigentes que, el periódico del pasado domingo cuenta, han asumido la tarea de realizar cobros espurios a quienes sufrieron la pérdida de sus casas. Coincide con uno de los buenos augurios de esta época, que es que el Estado no puede funcionar sin control social. Y que éste, representándonos a todos, pondrá coto a la corrupción, que es un vicio exclusivo de los políticos, en cuyas espaldas cargamos las causas de tanto infortunio patrio. Necesitamos dirigentes así, que se apiaden de la desdicha de sus vecinos, prometiéndoles más dolor e incertidumbre, que siempre han sido modos de reforzar el carácter y la reciedumbre. No ha sido titular principal de ningún periódico, pero sugiere lo que suele cuestionarse: quienes tienen que hacer justicia e imponer un modelo de moral pública que la ley vigila, son independientes. La mayoría trabajan para sí mismos. En Tarija, dos ex fiscales han sido recluidos por extorsionar a un procesado por corrupción. Gracias a este suceso, que obviamente es singular porque en el país la justicia no se compra, ni quien es incriminado es sujeto a chantajes, estamos en calma porque las manzanas podridas han sido retiradas o son del pasado. Este hecho garantiza que si alguien es sentenciado no es porque no posea el efectivo necesario para hacer el trato conveniente. La severidad de las leyes que se dictan no tiene por objeto sólo conformar al pueblo, frustrado: busca ampliar las sanciones a los malhechores. Falta saber cómo evitamos que imputado y condenado sean sinónimos, y si depende de si los órganos judiciales operan por cuenta propia o ajena. Cuando un recluta es vejado en un cuartel, es preciso seguir el procedimiento que está a vista de todos. Primero, habrá un jaleo general (nunca mejor dicho), seguido de las imágenes y entrevistas pertinentes. La indignación será general también, porque en el papel, todos abominamos la injusticia. Se abrirá una investigación, eso es inevitable. Incluso, si la rabia aflora, habrá detención preventiva para los acusados, que en ese momento son ya condenados por aquello de que tales términos son sinónimos. Pasará un tiempo, el sosiego volverá a nuestras almas, adormecidas por el escepticismo de no saber bien si todos somos inocentes o bellacos. Y después, la nada. Si Ud. es indígena y marginal, cuidado. Evite los pecados: si lo pillan robando, pueden quemarlo hasta sus hermanos, no por racistas. Ni los antropólogos píos lo ampararán. El poder mirará a un lado: nunca incitaría, pensándolo, la crítica de quienes le permiten reinar. Los torturados, a la cárcel. Sus verdugos, sueltos. Vivimos la paz boliviana, un soportable cuasi estado de naturaleza. La opción es la violencia extendida y la ausencia del poder, el hombre lobo del hombre. A esa religión de evitar el conflicto en serio, a cambio de entronizar al fuerte bajo el protocolo de la mentira, le cedemos nuestros diezmos. Pugne por la fuerza y no crea en las ñoñerías del interés general. El fuerte impone sus reglas: Calícles, Trasímaco y Nietzsche lo sostenían. No vivieron entre nosotros para venerarlo con ardor y resignación.   Gonzalo Mendieta Romero es abogado.