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¿Está o no SORTU a las órdenes de ETA?

¿Está o no SORTU a las órdenes de ETA?

Como será difícil que alguien encuentre ni el más leve matiz de proximidad o debilidad de este modesto comentarista para con la organización terrorista ETA, me siento legitimado para expresar mi criterio coincidente con el voto particular de los siete magistrados del Tribunal Supremo que discrepan del fallo mayoritario contrario a la legalización de SORTU. Creo sinceramente que a los magistrados discrepantes les asiste toda la razón al hablar de conjeturas incompatibles y citas parciales, puesto que no parece haber prueba real alguna de que SORTU sea, como pretende el fallo mayoritario, una prolongación o sucesión de BATASUNA, y mucho menos de que esté a las órdenes de ETA. No legalizar SORTU es, en el criterio de estos magistrados, que comparto desde el simple sentido común, un juicio de intenciones que choca con la libertad de creación de partidos, que es un derecho constitucional fundamental. E incluso algo peor, choca contra la seguridad jurídica en el delicado terreno de los derechos fundamentales, porque la libertad de creación de partidos está constitucionalmente garantizada y sólo posteriormente pueden ser ilegalizados en función de actuaciones o conductas. Y todavía más grave es que el fallo cierra el camino político a los abertzales que quieren defender sus ideas por la vía constitucional, con lo que en cierto modo contribuye a fortalecer la posición radical y anticonstitucional de los abertzales afines o próximos a ETA. Como bien dicen los magistrados discrepantes, no cabe algo tan inseguro y antijurídico como es la ilegalización preventiva, ni mucho menos deducir, de algo tan evanescente como que personas que pertenecieron a Batasuna hayan asistido a la presentación de SORTU. ¿Acaso habría que ilegalizar los partidos en los que haya personas que ocuparon cargos políticos incluso relevantes en etapas menos que dudosamente democráticas de la difícil historia de nuestro país? Parece que los magistrados discrepantes se pronuncian, pues, en el deseable terreno del sentido común y de que los Tribunales juzguen hecho y no hagan procesos de intenciones. Es un hecho cierto, probado e incontrovertible que los estatutos de SORTU rechazan la violencia de ETA, por más que el fallo mayoritario haya omitido los pasajes que proclaman expresamente el rechazo a la violencia de ETA. El voto particular conjunto recoge que frente a las dudas de si dicha renuncia de la violencia es sincera o responde a una voluntad de fraude, se debe aplicar el principio de dar preferencia a la libertad ideológica y de creación de los partidos políticos en aras del pluralismo político, que es la esencia de toda democracia. Estos magistrados creen que está suficientemente probado que el rechazo es sincero y se hacen eco del intenso debate interno que ha tenido lugar en la izquierda abertzale en torno a la “lucha armada”, según han acreditado los documentos y análisis de inteligencia elaborados por la Policía y la Guardia Civil. "A los firmantes de este voto particular les resulta imposible aceptar la conclusión a que llega la resolución de la mayoría partiendo  de que la condena de la violencia tiene un mero valor instrumental en la que es ETA quien fija las instrucciones sobre la forma en que se debe denunciar la violencia que ella misma practica”. “Los magistrados del voto particular concluyen que no puede considerarse a SORTU como una continuación de Batasuna, “sino como un nuevo partido político creado por un importante sector de la Izquierda Abertzale con arreglo a las exigencias y parámetros constitucionales”, y recuerdan algo tan obvio como que, en el caso de que el nuevo partido prestara su connivencia  en cualquier momento al terrorismo, actual o futuro, “el Estado tiene poder político, policial y jurídico para reaccionar con eficacia” y proceder a su ilegalización. Y por el contrario –una última reflexión– está sobradamente probado por la experiencia, en todos los países, que cualquier barrera que se levante a la vía política fortalece a quienes así encuentran pretexto para presentarse como excluidos de la legalidad.  Lea también: Siete magistrados del Supremo no ven el vínculo de Sortu con ETA
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