Prisión a 4 presuntos en la desaparición de 40 migrantes

El agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo del Juzgado Segundo de Distrito en Querétaro el auto de formal prisión contra Bernardo González Jiménez, Esteban García Pérez, Arturo Mayorga Villeda y J. Abel Garay Martínez por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la Ley General de Población en su modalidad de tráfico de indocumentados y asociación delictuosa. De acuerdo con el expediente de la causa penal 39/2011-II con fecha del 17 de marzo y 5 de abril de 2010, 40 personas originarias de los estados de Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí-entre los que se encuentran seis menores de edad-, salieron en dos autobuses que viajaban con destino a la frontera con los Estados Unidos, mismos que fueron vistos por última vez en el estado último en referencia. Derivado de las investigaciones realizadas por el agente del Ministerio Público de la Federación y de acuerdo con las declaraciones de los familiares de los desaparecidos, se refiere que los inculpados les solicitaron la cantidad de 100 dólares americanos o aproximadamente mil 300 pesos mexicanos para una organización criminal con el objetivo de dejar pasar los autobuses hacia la frontera con los Estados Unidos y mil 800 dólares por el pago de sus servicios. Una vez presentados los elementos de probanza jurídica necesarios, el Representante Social de la Federación obtuvo las órdenes de aprehensión contra los acusados, siendo cumplimentadas por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en las comunidades de La Yerbabuena, La Lagunita, Aguazarca y Del Humo, todas ellas pertenecientes al municipio de Landa de Matamoros. Por lo anterior, González Jiménez, García Pérez, Mayorga Villeda y Garay Martínez enfrentan su proceso penal internos en el Centro de Readaptación Social Varonil de San José el Alto, a disposición de la autoridad judicial que los requiere. Hechos como éste, reafirman la indeclinable decisión del Gobierno Federal por continuar realizando acciones contra las organizaciones delictivas, atendiendo al justo reclamo de asegurar la tranquilidad de la sociedad.