El PP-A defenderá en el próximo Pleno la ampliación de la investigación interna de la Junta a los ERE 'muertos'

El PP andaluz defenderá en el próximo Pleno del Parlamento una proposición no de Ley, en la que pide que la Cámara inste a la Junta a que amplíe la investigación interna llevada a cabo por la consejería competente en materia de empleo a todas las ayudas concedidas para financiar expedientes de regulación de empleo (ERE) y a empresas en crisis desde el ejercicio 2001, sin establecer limitaciones sólo a expedientes 'vivos', sino también a aquellos que 'muertos', es decir, los que ya han sido abonados y no tienen pendientes ningún compromiso de pago.    En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, los 'populares' demandan que la Junta regule "con carácter" urgente mediante norma los programas y ayudas sociolaborales relacionados con procesos de reestructuración de empresas, sin que en ningún caso la concesión de las ayudas que se articulen bajo estos programas y ayudas sociolaborales, ni la materialización del pago de las mismas, pueda ser objeto de encomienda de gestión o encargo de ejecución a ningún ente instrumental del sector público de la Junta.    Asimismo, el PP-A solicitan que se elimine la figura del comisionista en relación con las ayudas sociolaborales a trabajadores y prejubilados procedentes de expedientes de regulación de empleo, al tiempo que se promueva la convocatoria de concurso público en aquellos casos que sea necesaria la participación de empresas aseguradoras para la suscripción de pólizas destinadas al pago de prejubilaciones y subvencionadas por la Junta, asegurando en todo caso la competencia efectiva y la transparencia en la adjudicación de contratos públicos.    Otra de las peticiones que se recogen en la iniciativa es la relativa a garantizar en todo caso el mantenimiento de los compromisos adquiridos por la Consejería de Empleo en relación con las ayudas a trabajadores y prejubilados procedentes de expedientes de regulación de empleo, así como el cumplimiento inmediato de los compromisos de pago, sin que se produzcan más demoras ni mermas en los derechos de ex trabajadores y prejubilados "de buena fe".    Por último, los 'populares' demandan que se dejen sin efecto las pólizas correspondientes a falsos prejubilados detectados en expedientes de regulación de empleo subvencionados, y que la Junta colabore activamente con la Justicia en aras a garantizar absoluta transparencia y un mejor esclarecimiento en relación con los fraudes, aportando cuanta documentación sea requerida por el Juzgado competente, incluyendo las actas de Consejos de Gobierno. PP-A ADVIERTE DE "MAQUILLAJE EN LAS CIFRAS"    En la exposición de motivos, el PP andaluz considera que, "a pesar de la importante y creciente magnitud del escándalo de falsas prejubilaciones y expedientes de regulación de empleo en Andalucía, el Gobierno andaluz mantiene una continua estrategia de ocultación y de minimización de la trama y el fraude de los ERE, mediante el maquillaje de las cifras".    "El Gobierno andaluz no incluye en sus estimaciones ni las millonarias cantidades desviadas a ayuntamientos y a un centenar de empresas sin publicidad, ni concurrencia, ni procedimiento legal; ni las comisiones a intermediarios y conseguidores, algunas de ellas dobles; ni tampoco otros posibles casos de falsos prejubilados, al limitar la investigación interna a las ayudas relativas a expedientes de regulación de empleo 'vivos'", ha añadido. RECHAZO AL COPAGO Por su parte el PSOE-A defenderá una proposición no de Ley en el Pleno del Parlamento de esta semana en la que insta al Consejo de Gobierno a mantener la gratuidad y el carácter público de la sanidad y la educación en Andalucía, rechazando "de plano fórmulas como el copago, que se plantean en otras comunidades autónomas como Murcia o Madrid".    El grupo socialista también insta al Ejecutivo andaluz en la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, a garantizar la sostenibilidad de nuestro actual sistema sanitario y educativo, potenciando una mejora constante de la calidad en los servicios.    Según señala el PSOE en la iniciativa, en la actualidad y como consecuencia de la crisis económica, algunos gobiernos quieren poner coto e incluso reducir los límites del Estado del Bienestar, un retroceso en derechos ciudadanos que tendría graves consecuencias. Apunta que no es el caso de Andalucía, cuyo Gobierno "viene desarrollando una apuesta firme y decidida por el desarrollo de las políticas sociales", un esfuerzo que "se ha visto materializado, año a año, en los presupuestos de la comunidad, en los que se ha ido aumentando el presupuesto destinado a garantizar el Estado de Bienestar de los andaluces".    A pesar de la difícil coyuntura económica y de los límites que nos marcan los objetivos de déficit, el PSOE-A indica que los presupuestos andaluces para 2011 reflejan nuevamente el compromiso del Gobierno autonómico con estas políticas priorizando el gasto social y la defensa del Estado del Bienestar.    "Andalucía ha cumplido escrupulosamente sus compromisos con el pacto de estabilidad acordado por el Estado con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sin dar ni un solo paso atrás en políticas sociales", sentencia el PSOE-A, para quien el esfuerzo, el rigor, la austeridad y la responsabilidad que ha desplegado el Gobierno andaluz para la contención del gasto y la reducción del déficit "ha permitido demostrar la viabilidad de nuestro modelo, que incluye como elemento fundamental el mantenimiento del carácter universal y gratuito de los servicios públicos esenciales".    Recuerda además que Andalucía ha ido desarrollando a lo largo de estos años un sistema sanitario público de salud que se ha consolidado como el garante del derecho de los andaluces a la protección de la salud, de forma universalizada y equitativa, sin que nadie se vea discriminado por razones económicas, sociales, raciales, geográficas o por cualquier otra circunstancia.    En el ámbito educativo, según el PSOE, han sido muchos los avances en Andalucía desde la aprobación de nuestro primer Estatuto de Autonomía. Tanto el Gobierno Central como el Ejecutivo andaluz, según apunta, han aumentado el número de becas, y se han puesto en marcha nuevos derechos, como la gratuidad de los libros de texto o el transporte escolar gratuito. "RETROCESO EN LOS DERECHOS SOCIALES"    Los socialistas lamentan que la crisis económica haya servido "de excusa a algunos gobiernos para plantear un retroceso en los derechos sociales alcanzados", al tiempo que presidentes de comunidades del PP, como el murciano Ramón Luis Valcárcel, han hablado de la "necesidad de establecer el copago en los servicios de la sanidad y educación".    El PSOE-A ha agregado que parecidas señales de alerta se han producido en la Comunidad de Madrid, donde el gobierno tiene "ya elaborados diferentes estudios y todo listo para implantar el copago sanitario".    A juicio de los socialistas, esta fórmula del copago vendría a sumarse al conjunto de medidas de "carácter restrictivo emprendidas en estas y otras comunidades, como la privatización de determinados servicios en educación y sanidad, que obligan a los ciudadanos a pagar por recibir asistencia sanitaria básica o llevar a sus hijos al colegio".