Oposición exige determinar responsabilidades por sucesos del 11 de abril

El abogado Alfredo Romero lamenta que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no haya dado respuesta a la solicitud que admitió el año 2006, por la muerte de siete personas por estos hechos. Sostiene que es necesario que el país conozca la verdad. El Foro Penal sostiene que nunca es tarde para exigirle a la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República que establezca responsabilidades por los hechos de 2002. "Queremos solicitar que para el 96 % de los casos que no han sido investigados se instale una comisión para la verdad (...) que se dedique a decirle al país con certeza si hay o no verdaderos culpables", dijo a periodistas el presidente del partido Copei, Roberto Enríquez, en el aniversario del golpe. El dirigente agregó que de 79 casos de crímenes que se cometieron ese día, sólo tres han sido procesados judicialmente bajo condiciones que describió como "manipuladas por intereses políticos". Entre los tres casos que el líder de Copei recuerda que fueron sometidos a procesos judiciales destaca el de los policías metropolitanos que fueron condenados a 30 años de cárcel y que la oposición califica de "presos políticos". Hace un año la Fiscalía de Venezuela ratificó las condenas de 30 años a los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, jefes entonces de la Policía Metropolitana (PM). La sentencia señala que los policías eran condenados "por su responsabilidad penal en las muertes de dos ciudadanos y las heridas y lesiones sufridas por otras personas". Las dos muertes por las que han sido condenados los policías ocurrieron el 11 de abril de 2002 cuando manifestantes que se dirigían a la sede del Gobierno para pedir la salida de Chávez fueron atacados por francotiradores. Esas muertes, más otras 17 ocurridas ese día, sirvieron de excusa al alto mando militar para desconocer la autoridad de Chávez en un vídeo que fue grabado antes de que los francotiradores comenzasen a disparar. El 12 de abril se instauró un breve gobierno de facto liderado por el entonces líder empresarial Pedro Carmona, prófugo de la justicia, que fue derrocado en pocas horas por fuerzas militares aliadas de Chávez y afectos que se lanzaron a las calles. "Estamos seguros de que nuestros policías, nuestros comisarios, van a salir libres, pero el mensaje que tenemos que dar con mucha claridad es que más nunca se use al sistema de justicia para quitarle la libertad a un compatriota", dijo Enríquez. La esposa de Ivan Simonovis, Bony de Simonovis, insistió en la creación de una comisión que investigue los sucesos de hace nueve años y dé una explicación que "vaya más allá de que nueve policías metropolitanos son responsables del rompimiento del hilo constitucional en nuestro país".