Economía sumergida o cómo sacar a la luz un 8% del PIB español

El plan del Gobierno prevé que durante un plazo de dos meses, hasta el 30 de junio, los empresarios puedan regular de forma voluntaria a sus plantillas en negro.Esto les evitará ser sancionados, pero no les impedirá tener que pagar las cotizaciones aplazadas, para lo que el Ejecutivo ha previsto una serie de facilidades.

Una vez agotado ese período, los patronos deberán hacer frente a sanciones más duras que las actuales.

Desde Gestha aseguran que la implantación de las medidas adecuadas permitiría recaudar cada año más de 13.000 millones adicionales procedentes de la Seguridad Social. Los mercados laborales que esconden más empleo irregular, según sus datos, son Cataluña (28.937 millones de euros), Madrid (12.351 millones), Andalucía (11.549 millones), Comunidad Valenciana (8.347 millones), Galicia (4.702 millones) y Castilla y León (4.612 millones).

En rueda de prensa, Gómez recordó que hoy acaba el plazo para que empresarios y sindicatos presenten sus alegaciones al segundo borrador que les han entregado con el plan.Al respecto, destacó que si las propuestas de la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT son "razonables, serán bien recibidas". No obstante, subrayó que el plan del Gobierno no estaba previsto que fuera sometido a un "período de negociación" con los interlocutores sociales.Lo que se acordó entre todas las partes era que la iniciativa gubernamental se sometería a un "período de consultas", precisó el ministro de Trabajo e Inmigración.

Críticas a la amnistía

El plan ha recibido diversas críticas centradas en la amnistía fiscal que supone el modo en que se permite a los empresarios regularizar su situación. Valeriano Gómez descartó que con el plan del Gobierno se vaya a precarizar el mercado laboral, tal y como sostienen los sindicatos, que rechazan que los empleadores puedan regularizar a sus ilegales mediante contratos temporales de seis meses. El ministro también indicó que el segundo borrador que les han entregado a las partes puede sufrir variaciones hasta el viernes. Así, todavía no se ha determinado si el plazo que tendrán los empresarios para dar de alta a sus trabajadores "en negro" será de "dos o tres meses", explicó Gómez.

Tampoco, según el ministro, se ha concretado si serán 6 meses -como aparece en el segundo borrador- o un año -como en la primera propuesta- el tiempo que se reconocerá a los trabajadores que se les dé de alta en el proceso voluntario de regularización de cara a futuras prestaciones de desempleo o de pensiones.

En este punto, Valeriano Gómez quiso precisar que el objetivo del Gobierno no es "mirar al pasado, sino al futuro", lo que supone que haya más empleo irregular declarado, porque supondrá más ingresos para el Estado. El ministro eludió concretar cuánto empleo sumergido aflorará con el plan, porque hablar del "trabajo negro, oculto es difícil".

Por otro lado, los técnicos de Hacienda recuerdan que la aplicación de amnistías fiscales para hacer aflorar la economía sumergida no es la herramienta adecuada para hacer emerger las bolsas de dinero negro, como, en su opinión, demuestran los resultados de las regularizaciones emprendidas a lo largo de las pasadas décadas.

A juicio de Gestha, ninguna de las amnistías aprobadas anteriormente, como las de 1984 y 1991, fueron realmente eficaces a la hora de evitar el fraude debido a que no se corrigieron los defectos de gestión que, a la larga, permiten que esta práctica siga produciéndose. En su opinión, este tipo de actuaciones suponen un agravio comparativo hacia los asalariados y las rentas de trabajo que se encuentran bajo el control exhaustivo de la Agencia Tributaria, en lugar de concentrar sus investigaciones en los principales focos de economía sumergida.

Por otro lado, Gestha señala que otra muestra del alcance del empleo no declarado en el conjunto de la economía sumergida en España es el elevado número de irregularidades descubiertas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que en 1,2 millones de actuaciones realizadas en 2010 registraron casi 100.000 infracciones en acta. En total, las sanciones derivadas de estas actuaciones rondaron los 250 millones de euros anuales y afectaron a más de 570.000 trabajadores a nivel nacional. Un plan más ambicioso Ante esta situación, los técnicos de Hacienda proponen la aplicación de un plan "más ambicioso y de amplio" calado que incluya también medidas específicas contra el fraude tributario, "máxime si se tiene en cuenta que para poder mantener los empleos irregulares las empresas necesitan en primer lugar disponer de dinero negro con el que pagar al trabajador".

Así, recuerdan que la economía sumergida -aunque no hay cifras oficiales al respecto-alcanza actualmente el 23,3% del PIB en España, lo que supone cerca de 245.000 millones anuales, de los que 161.647 millones de euros, el 65,9%, proceden del fraude fiscal, por lo que insta a que el plan del Gobierno "no deje a un lado" otro tipo de actuaciones. Concretamente, desde Gestha se recalca la importancia de que el nuevo plan recoja medidas específicas para hacer frente a las principales bolsas de economía sumergida, como es el fraude en el autoempleo de autónomos y gerentes de empresas individuales o familiares, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y oficios auxiliares, la hostelería y servicios turísticos o el transporte.

Asimismo, los técnicos subrayan que el plan no debe limitarse a suavizar temporalmente las condiciones de afloramiento voluntario del empleo sumergido para posteriormente endurecer las sanciones, como está previsto, sino que "debe introducir estímulos adicionales lo suficientemente alentadores como para persuadir a los empresarios de regularizar los empleos ocultos". De este modo, aboga por que los trabajadores regularizados obtengan todos los derechos pasados y futuros que les correspondan en función de todo el periodo trabajado, y no sólo desde enero de 2011, promoviendo así que sean los propios trabajadores irregulares quienes animen a que se lleve a cabo la normalización de su actividad. En este sentido, Gestha reclama también la inclusión de medidas que prevean la repercusión tributaria de la regularización voluntaria, tanto para empresas como para trabajadores --retenciones de IRPF no practicadas o declaraciones de renta fuera de plazo--, ya que de lo contrario el miedo a las sanciones, recargos e intereses limitaría de forma muy significativa el alcance del plan.