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Ley de Reparación de Víctimas en conflicto armado

Colombia: de cómo crear víctimas para tratar de repararlas

Colombia: de cómo crear víctimas para tratar de repararlas

El pasado 10 de junio, el Presidente Juan Manuel Santos, elegido con un apoyo electoral histórico (más de nueve millones de votos), sancionaba la Ley de Reparación de Victimas del conflicto armado, recién aprobada en el Congreso, en presencia de un testigo destacado, el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
Esta Ley, que además de buscar la reparación de todo tipo de víctimas del conflicto, tiene un capítulo especial sobre restitución de las tierras despojadas a la población por cualquiera de los grupos armados ilegales (guerrilla, paramilitares, narcotráfico), ha sido recibida con elogios tanto a nivel nacional como internacional. Uno de los aspectos de la Ley que causa más admiración es su dimensión en términos reparadores: no se trata de compensar a algunos miles, como se hizo en otros países, sino que de hacerlo para más de cuatro millones de personas, la mayoría de ellos desplazados contra su voluntad por efectos de la guerra. Su objetivo es, como dice el Presidente Santos “tratar de cicatrizar las heridas del pasado”, desincentivar la venganza y avanzar hacia la reconciliación nacional. Y su valor agregado es que ahora será el conjunto de la sociedad colombiana el que deba hacerse cargo, a través del Estado, sin poder mirar hacia otra parte, como han hecho muchos sectores hasta el momento. Sin embargo, una ley tan ambiciosa encara dos problemas fundamentales: la dificultad de su implementación y el hecho de que no está concebida para obtener la paz. En cuanto al primero, la cantidad de recursos institucionales y presupuestarios es ingente. La estimación final del gobierno de Alvaro Uribe, realizada en 2010, es que la Ley cuesta aproximadamente cuatro billones de pesos anuales (un dólar equivale a 1.800 pesos) durante diez años; por lo que el exmandatario afirmó: “Quien pagará esa ley. No habrá manera. Será letra muerta”. Sin embargo, el Ministro de Hacienda entrante asegura que es imposible hacer esos cálculos porque no está claro cómo evolucionará la demanda efectiva de reparación (en 2011 se gastarán en torno a dos billones en atender la población desplazada) y que la Ley será a fin de cuentas financiable. Pero si hay dudas en cuanto a la implementación de la Ley, el otro problema principal refiere a que no es una normativa para alcanzar la paz. De hecho, al día siguiente de su sanción se producían nuevos asesinatos de mujeres y hombres líderes comunitarios. ¿Cómo encara el Gobierno de Santos este problema? La principal diferencia del actual proyecto gubernamental con el anterior, consiste en que busca actuar en la superación (militar) del conflicto, al mismo tiempo que en la reparación del postconflicto, para lograr apoyo político interno y externo. Sin embargo, el propio Presidente Santos acepta que es necesario acortar rápidamente la duración del conflicto, para evitar el círculo vicioso que supone el crear más víctimas para tener que repararlas. Teniendo en cuenta los exitosos Acuerdos de Paz alcanzados en varios países centroamericanos, cabe la pregunta: ¿Por qué no es posible en Colombia una salida negociada al conflicto? Existen varias razones de peso. La primera consiste en que esta solución no tiene mucho apoyo en la opinión pública interna, entre otras razones porque los ocho años del Gobierno Uribe llegaron a convencer a mucha gente de que la victoria militar era posible. La segunda, refiere al hecho de que el conflicto político, de vieja data, acabó entrelazándose con actividades criminales (narcotráfico, etc.) que contribuyeron a su acentuada judicialización. Y esta última hace muy difícil un proceso de negociación: los jefes guerrilleros (y de los otros grupos) no tienen mucho aliciente en lograr una paz que les hace pasar irremisiblemente por la cárcel. Por eso comienzan a alzarse voces que reclaman un nuevo marco jurídico que establezca las condiciones que permitan al Gobierno encarar algún tipo de negociación. Obviamente, ello requiere de un acuerdo político amplio. Pero sin avanzar en esa dirección, la Ley de Victimas acabará convirtiéndose en un nuevo placebo que inclinará a la sociedad colombiana a aceptar como natural la continuación del conflicto por otros cincuenta años… mientras sigue tratando interminablemente de reparar a sus víctimas. Visite nuestra edición en Colombia
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