Según la memoria del Ministerio de Justicia, el esfuerzo económico del Departamento ha sido elevado, consciente de las especiales características de un macro-proceso como el que se ha celebrado y su repercusión en el contexto internacional y, naturalmente, del interés de la opinión pública española. El juicio del 11-M ha requerido, no sólo un notable refuerzo de medios personales, sino también importantes inversiones en medios materiales, que han permitido el desarrollo de un procedimiento con más de 100 imputados, garantizándose, de esta forma, la seguridad y la tutela judicial efectiva de todas las partes intervinientes, principalmente de las familias de los casi dos centenares de fallecidos y de los cerca de dos millares de heridos.
Abogados
El pasado 27 de octubre de 2006 el Ministerio de Justicia suscribió con el Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Madrid un Convenio de colaboración. En el mismo se establecía que se triplicaba, para los 21 letrados del turno de oficio, los módulos y bases de compensación económica previstos con carácter general en el Reglamento de Justicia Gratuita, con un límite máximo por letrado de 20.000 €.
De esta forma, el Ministerio de Justicia fijaba un reconocimiento retributivo especial complementario, al entender que la aplicación de los baremos económicos establecidos eran claramente insuficientes a la vista de la magnitud del proceso. Este juicio conllevaba una dedicación superior a la normal en otros procedimientos. Tanto por el número de personas afectadas como por el impacto de los hechos, como por el elevado número de actuaciones judiciales y su especial complejidad.
Así, no se retribuye con los habituales 315 €, sino con 945 € por la intervención en el proceso. Tampoco se pagan los 19 € por cada 1.000 folios, sino 57 €, y las comparecencias no se pagan a 19 €, que es lo habitual para todos los abogados del turno de oficio, sino a 57 € por cada 5 comparecencias.
También, se ha mejorado la retribución que cobran por los desplazamientos a los centros de prisión para visitar a sus clientes procesados por la Sala de lo Penal de la AN, por los días de vista, que han pasado de pagarse de los 57 € a los 171 €, así como la retribución por la interposición de recursos de apelación, casación y amparo. La cuantía total máxima que gastará el Ministerio de Justicia por este acuerdo de retribución especial asciende a 420.000 €.
Mediante este Convenio se ha prestado a los 21 abogados de oficio de los 29 procesados por el atentado del 11-M los medios técnicos, materiales, humanos y económicos necesarios para que puedan ejercer en óptimas condiciones el derecho a la defensa de sus patrocinados.
Acusación particular
Asimismo, el Ministerio de Justicia va a firmar con el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) un acuerdo para atender las reclamaciones planteadas por los abogados del turno de oficio que ejerciendo la acusación particular de algunas víctimas, que solicitaron sus servicios.
A través de este convenio se multiplicará por dos las tarifas establecidas, con carácter general, para la asistencia jurídica gratuita para los tres únicos abogados del turno de oficio de la acusación particular, al tener en cuenta los trabajos extraordinarios que el macro-proceso les ha supuesto respecto de las actuaciones en un proceso normal.
Al multiplicar por dos las cuantías establecidas, estos abogados percibirán 630 € por el procedimiento penal, 38 € por cada 1.000 folios (el sumario ha alcanzado los 100.000 folios aproximadamente), 114 € por cada día de vista y 520 € por el recurso de casación y otros tantos por el de amparo, si llegan a interponerse. El importe máximo que se abonará a cada letrado no podrá superar la cuantía de 12.082,00 € para cada uno de los abogados que han intervenido en todo el proceso.
Procuradores
El pasado 17 de mayo, el Ministerio de Justicia firmó un Convenio de colaboración con el Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid por el que preveía una retribución extraordinaria, por una sola vez, para los 25 procuradores que intervienen en representación de los procesados.
Este convenio establecía la aplicación a los módulos estándar del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita un coeficiente multiplicador de 16, que hace que cada uno de ellos vaya a percibir 1.000 €, en lugar de los 60,11 € que deberían recibir con el baremo actualmente aplicable.
Intérpretes
También, el Ministerio de Justicia se ha replanteado la retribución a abonar a los 23 intérpretes que han participado en el juicio. A estos, se les retribuirá con unas cuantías muy superiores a las ordinarias, con un límite por preceptor en todo el proceso de 12.020 €, abonándoseles también todos los traslados y gastos de viaje necesarios por las visitas a centros de prisión.
En el juicio del 11-M han intervenido 17 intérpretes de enlace y 6 de conferencia (de mayor cualificación profesional que los de enlace) que tuvieron que superar unos filtros de seguridad exhaustivos (incluyendo informes de varios servicios de seguridad, entre ellos, el Centro Nacional de Inteligencia y la división de la OTAN en el MAE), para garantizar el rigor de su labor de interpretación en un proceso de estas características. Estos profesionales son conocedores de distintas variantes de la lengua árabe (clásico antiguo, clásico moderno, árabe maghrebí, árabe egipcio, árabe del Golfo, árabe sirio libanés, tarifit, tachelhit souss, tachelhit atlas y kbailya).
Cuantía económica
Las cuantías económicas destinadas por el departamento a las necesarias inversiones que en medios materiales requería el juicio del 11-M ascienden a la cifra total de 1.799.642,60 €. No obstante, conviene destacar que, de dicho total, 1.133.907,77 euros se han destinado a la adaptación de las instalaciones del Pabellón de la Casa de Campo para la celebración de macro procesos similares al ahora celebrado.
Las medidas más relevantes a nivel operativo que se han adoptado son las siguientes: aplicaciones de gestión procesal, se ha instalado un nuevo servidor y se ha duplicado la aplicación Minerva en las dependencias de la Casa de Campo; instalación del sistema Lexnet, que permite realizar las notificaciones electrónicamente con firma digital; sala para las víctimas, con una infraestructura audiovisual de reproducción de vídeo y audio, de modo que pueden seguir en directo los acontecimientos de la propia sala de vistas; sala de prensa, que ha permitido a los periodistas seguir en directo las evoluciones del proceso que se sigue en la sala de vistas; infraestructura de traducción simultánea y de videograbación; sala técnica de audio y vídeo; dispensadores de material audiovisual; infraestructura de magafonía y sistema de videoconferencia.
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