Crecimiento, deuda y paro

Detrás de un sinfín de eufemismos en torno al euro anida la imposibilidad de devaluar a la antigua usanza, como tantas veces se hizo con la peseta, de modo que la 'devaluación' se hace ahora mediante un menor gasto público combinado con recortes sociales y salariales. Es decir, lo que antes se hacía en un día, ahora se hace a trompicones y en varios meses -casi años-, pero el resultado será el mismo: los países débiles del euro, entre ellos España, terminarán siendo más pobres en función de sus nuevas circunstancias económicas, con nulo o escaso crecimiento, y también de su grave problema de endeudamiento privado, por mucho que se intente hacer ver que es el Estado el que más despilfarra. Todo ello sucede por una razón bien sencilla: el euro es una moneda común y no puede devaluarse en un país sí y en otro no. ¿Es eso lo peor? Seguramente no. Lo peor es la falta de horizonte de este tipo de ‘devaluaciones’ mediante severos ajustes, ya que no llevan consigo medidas de acompañamiento. Una devaluación clásica solía reactivar las exportaciones y terminaba por revitalizar el empleo y el consumo interno; es decir, empobrecía de inicio el país pero estimulaba el crecimiento, máxime si a ello se sumaba, como pasó en España, la inyección de fondos estructurales europeos. Ahora no, ahora solo se ajusta, frenándose el crecimiento, de manera que así tampoco se pueden pagar las deudas. De hecho, se está viendo en los países periféricos de la zona euro, bajo presión de unos mercados que suben los tipos –la prima de riesgo española roza de nuevo los valores máximos- no solo por temor a la insolvencia, sino también a la falta de expectativas. ¿Cómo se pagarán las deudas o cómo se creará empleo sin crecimiento? A esa pregunta nadie quiere responder, ni en Bruselas ni en Madrid. Mientras, seguimos asistiendo a políticas de maquillaje, como la aprobación de techos de gasto público con optimistas previsiones de ingresos, y a otras más tangibles, como las reformas legales que reducirán la indexación salarial con el IPC y supondrán un aumento del peso de la productividad en la determinación de los sueldos. Menos velocidad lleva el proceso, no menos necesario, de reformar las políticas activas de empleo, abrir a la competencia sectores fuertemente protegidos y liberalizar el mercado de la energía. De todo eso, curiosamente, se habla bien poco.